Hablamos en la anterior entrada de cómo la nueva legislación ha debilitado la gestión colectiva y con ello a los autores. Hoy analizaremos el detalle de este proceso y de que manera nos ha afectado, desvelando esa "letra pequeña" que a menudo nos pasa desapercibida y que revela cómo y por qué el nuevo TRLPI convierte el derecho de autor en un objeto abierto a la especulación, dando carpetazo, en nombre de una pretendida modernidad, a la conquista más importante de los autores a lo largo de su historia, que no es otra que la capacidad de autogestionarse y de determinar el valor de sus creaciones.
En ese contexto, los más avezados no tardaron en comprender que los derechos de autor constituían un activo demasiado importante (y valioso) para dejarlo en manos de los autores y que la gestión colectiva solo tenía dos opciones de futuro aceptables: o se conseguía su control por parte de las grandes multinacionales, o se liquidaba en favor de un modelo más acorde con el escenario especulativo que se abría, eliminando elementos superfluos, propios de una decadente concepción colectivista y solidaria y muy poco compatibles con las expectativas de negocio que traían las nuevas tecnologías y que pasaban por una homogeneización cultural basada en la implantación de un repertorio multinacional estandarizado y esencialmente de origen anglosajón (o asimilado).
¿Y cómo se podía conseguir eso?
Pues muy fácil. Bastaba con estimular la legislación adecuada, para lo que sólo haría falta crear el ambiente propicio y la sensibilidad y el oportunismo políticos harían el resto.
Lo que es más sorprendente es que nos hayan vencido con nuestras propias armas, elaborando un guión que se ha cumplido al pie de la letra, en el que nosotros hemos sido meros figurantes, capítulo a capítulo, de una farsa perfectamente diseñada.
I- Creando el ambiente
La ya entonces centenaria Sgae inició su andadura por este siglo XXI con paso firme y con una gran solidez. Era en ese momento una de las más prestigiosas entidades de gestión de Europa, con un peso en el sector muy por encima del que nos correspondería como economía dentro de un mundo que iniciaba una carrera hacia la globalización de sus mercados.
La Sgae estaba recaudando una cifra cercana a los cuatrocientos millones de euros y su influencia en el entorno cultural, social y político era muy considerable, lo que le había permitido históricamente jugar un destacado papel en el diseño de las políticas culturales de nuestro país. Sin ir más lejos, el que fuera director de los Servicios Jurídicos de la entidad y uno de los más importantes ideólogos del derecho de autor, tanto a nivel nacional como internacional, Antonio Delgado, fue el inspirador de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 y uno de los principales responsables de la consolidación del derecho de autor y de la modernización y expansión de la gestión colectiva en España, y muy concretamente de la Sgae.
También eran importantes el prestigio y la influencia de Sgae en el entorno iberoamericano, nuestro ámbito natural, contribuyendo al fortalecimiento de un mercado de los contenidos en español (y portugués) que permitía un cierto optimismo frente al arrollador avance del "colonialismo cultural" de raíz anglosajona.
Pero he aquí que empezaba una nueva partida, con nuevos jugadores dispuestos a cambiar las reglas del juego, empezando por ese molesto empeño de los autores en cobrar por la utilización de sus repertorios, obstaculizando, decían, el despegue fulgurante de un nuevo modelo de negocio que anunciaba grandes beneficios, basado en las nuevas tecnologías y en la globalización de los mercados.
Y así, de repente, el derecho de autor se convertía en el enemigo número uno de la modernidad y del libre acceso de los ciudadanos a la cultura, y Sgae en ese monopolio del capitalismo cultural que abusaba de su posición dominante y su prepotente poderío frente a la "pobrecita" industria tecnológica multinacional.
Quienes hemos seguido con cierto interés la génesis y el desarrollo de este guión hemos visto como el despegue de la banda ancha se basó en las descargas gratuitas de contenidos, una política comercial financiada por los autores (ni pagados, ni agradecidos). Los operadores te cobraban por proporcionarte una linea de datos por la que podías descargarte ilegalmente contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual. Cuantos más contenidos (musicales y audiovisuales) te descargases, más ancha era la banda que necesitabas y más tenías que pagar a la compañía telefónica de turno, que se frotaba las manos sacándote el dinero mientras defendía tu derecho inalienable a una cultura gratis y a entrar en la modernidad, siempre que pagases puntualmente su factura (pues de no hacerlo te cortaban la linea, sin necesidad de procedimiento judicial alguno, por cierto, y ahí se terminaba tu derecho al libre acceso a la cultura y a cualquier otra cosa).
Vimos nacer asociaciones de internautas, estratégicamente financiadas, que, en lugar de reivindicar unas conexiones más fiables, un mejor servicio, o unos precios más económicos a los operadores, se centraban en deslegitimar el derecho de autor y cargar contra la Sgae como enemigo público número uno del desarrollo tecnológico, la libertad de expresión y el acceso a una cultura libre y globalizada.
Y los ciudadanos vivían felices con el cuento de los contenidos gratuitos, algo que nunca ha sido una realidad. Simplemente pagaban por ellos, en forma de contrato de servicios, a un operador que le proporcionaba la herramienta para expoliar a los titulares de derechos, sin responsabilizarse por ello, e incluso fomentándolo como reclamo para el crecimiento de su demanda, sin contraprestación alguna a quienes financiaban así su negocio.
Evidentemente, la existencia de la gestión colectiva y de una Sgae fuerte y con capacidad (y voluntad, al menos entonces) de enfrentarse a estos abusos suponía un contratiempo molesto y un elemento perturbador.
Y así, como quien no quiere la cosa, empezaron las campañas mediáticas, las fotos de los niños en los CDs gravados por el perverso canon digital, los sufridos contrayentes perseguidos por la voraz Sgae el día de su boda, la ruina de las peluquerías, bares y pequeños comercios.
Muchos se apuntaron a la fiesta con entusiasmo. Uno de los más activos pescadores en ese río revuelto fue el abogado David Bravo, quien acusó a la Sgae de "perseguir a ciudadanos honestos" y nos obsequió con textos muy a la medida de los tiempos, como aquel en que nos revelaba "10 razones por las que la SGAE tiene mala imagen entre los ciudadanos" .
Como abogado que es, entiendo que el señor Bravo era perfectamente consciente de la inconsistencia de sus argumentos y de la deliberada manipulación de la información que aportaba, llena de juicios de valor y de contaminación ideológica, a la busca de una animosidad contraria al sujeto que resulta acusado y debe juzgarse (la Sgae, en este caso) y propicia a los intereses que defendía. Su explicación sobre los conciertos benéficos rozaba lo patético y su manejo del censo social era obviamente mal intencionado.
También proliferaron artículos como el que nos ofrecía la asociación de internautas: "La SGAE, a punto de conseguir que el Gobierno imponga a Telefónica un impuesto sobre cada línea ADSL" en el que se decía que "Con el Gobierno Zapatero, los derechos de autor se han convertido en un chollo para los intermediarios. Las operadoras afirman que estos nuevos impuestos dificultan la implantación de la sociedad de la información. Industria se opone a los planes de Cultura. Los cánones por soportes informáticos o por banda ancha constituyen una subvención encubierta para los creadores más famosos".
Ya ven cómo ha cambiado el cuento: hoy se buscan complicidades distintas y esos "creadores más famosos" a los que se criminalizaba en el pasado son hoy utilizados como víctimas visibles de la "rueda" de la Sgae, una "mafia encubierta" que se gesta en las entrañas de la entidad. Pero el guión es el mismo, la culpa es de la Sgae y hay que acabar con ese antro de corrupción y perversión, dividiendo, de paso, a los autores. Y repito, una vez más, que con esto, ni minimizo, ni justifico cualquier abuso real que pueda haberse producido, ayer, hoy y siempre. Simplemente denuncio su instrumentalización por parte de intereses contrarios al derecho de autor y a la gestión colectiva, así como advierto del peligro de delegar la solución de nuestros conflictos en quienes están lejos de desear solución alguna y más bien interesados en dividirnos y así enterrarnos con ellos.
Las operadoras, naturalmente, no querían ni oír hablar de pagar un canon por sus autopistas del conocimiento. Lo que pasa es que más tarde vieron que, al final, lo suyo eran "peanuts", como se dice en el argot financiero, y el caldo gordo se lo llevaban las plataformas tecnológicas (Google y compañía) y, claro, el discurso cambió un poco (https://www.xatakamovil.com/movistar/alierta-pide-una-misma-regulacion-para-operadores-y-todas-las-empresas-del-sector-teleco). Empezaban a exigir que las plataformas pagasen por los beneficios que obtenían gracias a los operadores, argumento que, por supuesto, nunca aplicaron respecto de los beneficios que ellos obtenían gracias a nuestros contenidos.
La pretensión del entonces presidente Alierta fue rápidamente respondida en los medios, y con su misma moneda, calificando su mensaje como "Un discurso lleno de ataques directos contra Google y otros OTT, no será la primera vez que lo pronuncie, para acabar con la misma pretensión de siempre: querer hacer pagar a estas empresas por algo por lo que los usuarios ya pagamos. No se da cuenta el señor Alierta de que dichas empresas son las que hacen que el pueda vender más conexiones".
Toda una una demostración de quién mandaba ya en la partida.
En todo caso, la veda estaba abierta y la pieza a cazar era la gestión colectiva, identificada con la Sgae y personalizada en quien la dirigía entonces, Eduardo (Teddy) Bautista.
Ya estaba creado el ambiente, un rechazo social unánime hacia la Sgae, al que algunos medios se apuntaron con diligencia y hasta entusiasmo (lo de no pagar siempre es un modelo atractivo y no es un secreto que la mayoría de esos medios pertenecen a grupos usuarios del repertorio Sgae y, por lo tanto, son a fin de cuentas "juez y parte" en esta polémica).
A nadie le amarga un dulce...
II- Estableciendo principios
Ya vimos como la CNMC acudió solícita a la llamada de los mercados y con su informe de 2010 sobre la gestión colectiva estableció los principios que debían marcar la nueva era de prosperidad...
Como leímos en algún titular, se trataba de acelerar "el final del modelo de gestión de los derechos de autor, monopolizado por la SGAE durante décadas" (en favor, naturalmente, de otro modelo más flexible y adaptable a los intereses empresariales de los nuevos amos).
La CNMC lo dejó bien claro al legislador (que no tardaría en recoger el testigo).
La supresión de la obligatoriedad de la gestión colectiva, la introducción del ánimo de lucro, la flexibilidad de los contratos de adhesión de los asociados (en términos de temporalidad, de territorialidad, y de modalidad), la eliminación de la exclusividad y la apertura del mercado a la especulación y a intereses foráneos fueron las lineas guía para un nuevo modelo en el que la gestión colectiva pasaría a la historía como una decadente rémora de la excentricidad autoral y la obsolescencia funcional.
Ya solo faltaba ponerlo negro sobre blanco y en el B.O.E
Y para ello contaban prácticamente con todo el arco parlamentario, de derecha a izquierda, unidos, sobre esta cuestión y en lo que a Sgae y la gestión colectiva se refiere, en un unánime clamor pasional por esa “mano invisible de la competencia” tan "smithsoniana".
III- Hecha la trampa, hecha la ley
Y llegamos al desenlace de nuestro guión. O del suyo, mejor dicho.
Según leíamos entonces en la web de Fundación Telefónica (https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero056/hacia-una-reforma-de-la-ley-de-propiedad-intelectual-espanola-la-batalla-por-los-derechos-de-autor/), "El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España se ha propuesto cambiar la Ley de Propiedad Intelectual, vigente desde 1996, para adaptarla al actual entorno social y económico en el que se mueve la creación. La revolución tecnológica ha favorecido la aparición de nuevos medios de distribución, como Internet o los teléfonos móviles, que conviven con los tradicionales, como los televisores que tienen las habitaciones de los hoteles, por ejemplo.
Lo que el Gobierno propone es una nueva norma que, en principio, debía incorporar los preceptos contenidos en la nueva directiva de la Unión Europea sobre Derechos de Autor y afines en la Sociedad de la Información, pero que en la práctica va más allá. Desde el Ministerio reconocen que su propuesta introduce otros cambios para «mejorar el actual sistema de gestión de los derechos, de forma que se reduzcan los elevados índices de conflictividad de los últimos años»".
Cuando se habla de reducir «los elevados índices de conflictividad de los últimos años», se refieren, naturalmente, a la conflictividad entre Sgae y los usuarios de su repertorio, es decir, aquellos que deben pagar una tarifa negociada. Visto lo visto, parece que la idea era desde el principio traducir esa "reducción de la conflictividad" como una reducción tarifaria en beneficio de los usuarios, de la misma forma que la llamada a «mejorar el actual sistema de gestión de los derechos» no encerraba sino la intención de mejorar las cuentas de resultados de aquellos a costa de nuestros derechos.
El primer movimiento se produce en 2014, con una modificación de la LPI, precipitada e inoportuna, nacida con espíritu de provisionalidad, ya que no esperó a la publicación de la directiva europea inminente a la que debería ajustarse.
Según su "exposición de motivos" se trataba de abordar "problemas cuya solución no puede esperar a la aprobación de una nueva Ley integral de Propiedad Intelectual y que requieren la adopción, en el corto plazo, de decisiones dirigidas a reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual".
Y una de las primeras decisiones, ya ven, fue una "profunda revisión del sistema de copia privada", liberando a la industria de su pago, que pasaría a abonarse con cargo a los presupuestos generales del Estado, eso sí, con una importante rebaja del 95% (quedando en apenas cinco millones de euros para todos los titulares de derechos y todas las entidades de gestión de España). Un sistema que era, por cierto y así se demostró, contrario al derecho comunitario. Y una manera, en todo caso, bastante particular de "reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual".
Con ello, el gobierno cumplió con su primer compromiso con los "mercados".
De momento la industria tecnológica se ahorraba 100 millones, cortesía del gobierno de España, con cargo a los ciudadanos, hicieran o no fotos de sus niños, comprasen o no CDs o cualquier otro dispositivo de almacenamiento. Y no sólo eso. Los precios no bajaron, por lo que supuso un regalo adicional. Hablando en plata: no es que se ahorrasen cien millones, sino que ganaron cien millones anuales, manteniendo la misma facturación, con el importe del canon incluido, que antes detallaban al indignado consumidor y que ahora le seguían cobrando, pero sin hacer ya alarde de ello.
Milagrosamente, sin embargo, pese a pagar lo mismo que pagaban y asumir, además, el canon (que debiera pagar la industria) con cargo a sus impuestos, los artículos diarios sobre la indignación ciudadana contra el canon digital desaparecieron. Al menos hasta que en 2017 tuvo que volverse al modelo anterior, por imperativo del TJUE, y la industria tuvo que asumir de nuevo el coste (consternados por la "obligada" subida consiguiente de los precios que no habían bajado), aunque sin reparación alguna por el perjuicio causado a los autores en ese tiempo por parte de la administración.
"Que les quiten lo bailao".
No se olvidaron tampoco de los medios de comunicación, cuya dedicación a la causa premiaron con la llamada 'tasa Google', una compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet (https://www.lainformacion.com/espana/que-es-la-tasa-google-y-como-afecta-a-los-medios-de-comunicacion-espanoles/6342340/).
Ya de paso, y cumplidas estas primeras prioridades, que resultarían obvias a cualquier observador neutral, pero que los autores asumieron con mansedumbre y hasta algún aplauso desde la tribuna, añadieron algunas "modificaciones en el régimen de supervisión del funcionamiento de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y anunciaron el aumento en las exigencias de transparencia de las entidades de gestión colectiva, en particular en lo referente al reparto de los derechos recaudados, estableciendo un régimen de sanciones y la posibilidad de incorporar a un gestor interino", así como la "creación de una ventanilla única para la gestión, que debería llevarse a cabo por una persona jurídica privada" (http://hemeroteca.institutoautor.org/story/.php?id=4128)
Por lo visto, dentro de estas urgencias que manifestaban en la exposición de motivos, estaba también el ampliar las atribuciones de la administración pública en materia tarifaria, "incluyendo entre éstas la función de determinación de tarifas y reforzar su función de control para velar por que las tarifas generales establecidas por éstas sean equitativas y no discriminatorias" . Lo que no queda claro es desde que criterios, aunque parece evidente la prioridad de la opinión e intereses de los usuarios sobre cualquier ejercicio comparativo con las tarifas vigentes en países de nuestro entorno, claramente por encima de las nuestras.
En este sentido, también atendió el gobierno, debemos suponer que dentro de ese peculiar espíritu de "reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual", a los compromisos con el "mercado" local, mediante una "orden ministerial, aprobada en 2015, que regula la metodología para determinar las tarifas generales de las entidades de gestión de derechos por la utilización de su repertorio", que introdujo con "alevosía" en pleno mes de agosto y que era insólita (en realidad, un reglamento camuflado).
Con ella favorecía la posición de los usuarios en plena etapa negociadora para la renovación de tarifas y fue también desautorizada por el Tribunal Supremo, no sin antes producir un gran perjuicio a la Sgae y a la gestión colectiva en general, permitiendo moratorias y pagos parciales a cuenta que favorecían los intereses financieros de los usuarios en contra de los legítimos intereses de autores y editores, víctimas de una morosidad, no ya consentida, sino hasta estimulada y protegida institucionalmente.
Había sido la reforma de 2014 un pequeño avance sobre lo que sería el golpe final, con la inspiración de una directiva europea (DIRECTIVA 2014/26/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014) poco proclive a nuestros intereses y mucho más en la linea de los de los "mercados" internacionales (especialmente en lo relativo a la gestión colectiva y al "aperturismo" de nuestro sector cultural a una globalización pasiva, es decir, de puertas para adentro) y que vendría con el nuevo TRLPI de 2018 y su definitiva versión de 2019, recientemente aprobada.
En dicho texto legal vemos con total claridad cómo se han impuesto las exigencias de los "mercados" y sus "lobbies", exquisitamente transformadas en directrices por el informe de la CNMC de 2010, decididamente estimuladas por la presión mediática y social y solícitamente asumidas por nuestros estamentos políticos, hasta convertirlas en Ley.
Veamos algunos ejemplos prácticos de las consecuencias de esta "liberación" de la gestión colectiva con que nos obsequia el nuevo TRLPI:
- La negociación de las tarifas de radiodifusión que vencieron en 2015 fue seguramente una de las gestiones más importantes por parte de la Sgae, allá por 2001 si no me bailan las fechas, que propició un periodo de 15 años de estabilidad tarifaria basado en un sistema de incremento anual escalonado.
Ello fue posible, además de por la eficiencia de los negociadores, por una circunstancia muy concreta: La Sgae representaba con carácter exclusivo los repertorios emitidos (el 100% en música y más del 95% en audiovisual) y podía, además, garantizar esa representación por un plazo de tiempo suficiente como para asumir ese compromiso contractual a largo plazo. Esa era su fortaleza, y por ende la de los socios, a la hora de negociar con los usuarios, lo que constituía una de las ventajas esenciales de la gestión colectiva.
¿Qué ocurre a partir del nuevo TRLPI?
Pues, para empezar, que Sgae, no sólo ha perdido esa exclusividad, sino que ni siquiera puede garantizar la representación del repertorio de sus socios por un tiempo mayor del que le permite la flexibilidad impuesta por el nuevo TRLPI, lo que hace imposible pensar en acuerdos como el de 2001, ya que, según el artículo 158, apartado 2 "El titular tendrá derecho, con un preaviso razonable no superior a seis meses que se concretará en los estatutos de la entidad de gestión, a revocar total o parcialmente su contrato de gestión, con una retirada de los derechos, categorías de derechos o tipos de obras o prestaciones de su elección en los territorios de su elección".
¿De verdad piensan que con ello se favorece la posición negociadora de los autores frente a los usuarios?
Cualquiera que sepa lo que es una negociación lo tendrá claro.
¡Todo lo contrario!
- El texto de 2018 incluía una limitación a esta "liberación" autoral. Era el caso de que el autor tuviese alguna deuda pendiente con la entidad (y por lo tanto, con todos los socios), algo habitual merced al sistema de préstamos y anticipos con que el colectivo mitiga la precariedad financiera propia de la profesión y de la condición de "autónomos" que nos hace poco visibles para la banca.
La clave estaba en el apartado 5. del propio artículo 158 que establecía que "En caso de que el titular adeude importes a la entidad de gestión en virtud de anticipos a cuenta de futuros repartos de derechos, previstos en el artículo 177, apartado 9, la entidad de gestión conservará la gestión de los derechos, categorías de derechos, tipos de obras o prestaciones y territorios objeto de la revocación total o parcial hasta que la deuda haya quedado cancelada. Los efectos de la revocación se producirán únicamente a partir de ese momento".
¿Qué supone esto?
Pues, como es lógico, que si el socio tuviese una cantidad pendiente de amortizar, la Sgae seguiría gestionando su repertorio hasta su completa amortización. Parece lógico que fuera así, además, ya que esa deuda afectaría a todos los socios y su amortización se garantizaba con el aval de un repertorio gestionado por la entidad.
¿Supone esta limitación una merma de esa flexibilidad del contrato de gestión?
En realidad no, ya que nada impide al socio (o a la gestora que aspire a administrarlo) amortizar esa deuda de forma inmediata. Lo normal en estos casos sería que la gestora en cuestión le concediese un anticipo que le permitiese liberar su vínculo con Sgae.
Pero esto no pareció suficiente a alguna de las partes interesadas y la versión del TRLPI de 2019 (aprobada con tanto entusiasmo y unanimidad por nuestros legisladores) introdujo una pequeña modificación a este 158, apartado 5, que quedó como sigue:
"En caso de que el titular adeude importes a la entidad de gestión en virtud de anticipos a cuenta de futuros repartos de derechos, previstos en el artículo 177, apartado 9, la entidad de gestión no conservará la gestión de los derechos, categorías de derechos, tipos de obras o prestaciones y territorios objeto de la revocación total o parcial aunque la deuda no haya quedado cancelada".
¿Qué supone este cambio?
Pues, sencillamente, que aunque exista una deuda pendiente con la entidad (y sus socios, insisto), esta no mantendrá la gestión del repertorio del socio saliente de cara a garantizar su amortización, que dependerá ya de la capacidad de un nuevo gestor. El mismo artículo, en su continuación, promueve para el caso un acuerdo de las partes y establece que, de no alcanzarse, "los frutos de la explotación de los derechos objeto de la revocación total o parcial tendrán la consideración de garantía del pago de los saldos pendientes de anticipos documentalmente acreditados".
¿Qué quiere decir esto en realidad?
Pues, simplemente, que ya no hay obligación de una amortización previa de la deuda, ni de una garantía ejecutiva sobre los derechos del socio saliente, sino sólo una supuesta prioridad sobre lo que estos puedan generar en el futuro, que dependerá, en todo caso, de la disposición y eficacia gestora de quien vaya a administrarlos. Se levanta, sin más, el aval que el socio prestó para la obtención de su préstamo, convirtiéndolo en una hipoteca que depende de terceros.
Pero la verdadera consecuencia de este cambio es que la nueva gestora no tendrá ya ni siquiera que financiar al socio que pretende gestionar, ni hacerse cargo de una amortización anticipada de su deuda. Se lleva el activo y deja el pasivo a la Sgae. Se ve que algunos tenían prisa y pocas ganas de invertir más de lo necesario.
Está claro, además, que con la nueva legislación los autores modestos y los pequeños editores independientes van a tener difícil el acceso a anticipos en el futuro, lo que permitirá a las grandes multinacionales recuperar su papel hegemónico en este terreno.
Se puede decir más alto, pero no más claro a quién se está beneficiando en realidad con esta reforma.
- Tenemos también algún ejemplo de "lapsus freudiano" del legislador que resulta muy revelador de la realidad que mueve su voluntad a día de hoy.
Véase, sin ir más lejos, el segundo párrafo del artículo 147 del TRLPI, versión 2018, que dice (refiriéndose a las entidades de gestión colectiva, como Sgae):
"Estas entidades, a fin de garantizar la protección de la propiedad intelectual, no podrán tener ánimo de lucro y, en virtud de la autorización, podrán ejercer los derechos de propiedad intelectual confiados a su gestión por sus titulares mediante contrato de gestión y tendrán los derechos y obligaciones que en este título se establecen y, en particular, hacer efectivos los derechos a una remuneración y compensación equitativas en los distintos supuestos previstos en esta ley y a ejercitar el derecho de autorizar la distribución por cable".
Fíjense en el dato: No podrán tener ánimo de lucro "a fin de garantizar la protección de la propiedad intelectual".
Ello supone, necesariamente, la convicción del legislador sobre el hecho de que el "ánimo de lucro" no garantizaría tal protección, o al menos la obstaculizaría en alguna medida.
Claro que eso hace difícil de vender el posterior artículo 153 (REQUISITOS DE LOS OPERADORES DE GESTIÓN INDEPENDIENTES), que establece para esas nuevas gestoras independientes con que nos obsequian como fórmula alternativa para la gestión, y entendemos que también la protección, de nuestros derechos, entre otras condiciones, que... "Tenga ánimo de lucro".
Seguramente por ello, el mismo artículo 147 del TRLPI, en la nueva versión de 2019, rectifica y cambia su redacción a:
"Las entidades de gestión colectiva son propiedad de sus socios y estarán sometidas al control de los mismos, no podrán tener ánimo de lucro y, en virtud de la autorización, podrán ejercer los derechos de propiedad intelectual confiados a su gestión por sus titulares mediante contrato de gestión y tendrán los derechos y obligaciones que en este título se establecen y, en particular, hacer efectivos los derechos a una remuneración y compensación equitativas en los distintos supuestos previstos en esta ley y a ejercitar el derecho de autorizar la distribución por cable".
Aquí ya prescinden de cualquier alusión a las carencias en materia de "protección de la propiedad intelectual" que atribuían al carácter lucrativo, sin dar explicación alguna al hecho de que las EEGG tradicionales no puedan tenerlo y las nuevas "boutiques" de sus amigos, sí.
La duda que se nos presenta es:
¿Han cambiado de opinión respecto de su anterior recelo acerca de la incompatibilidad del ánimo de lucro con la protección de derechos de propiedad intelectual, o se limitan a ocultarla para complacer las exigencias de esos mercados que lo requieren?
A estas dudosas novedades legislativas que parecen dictadas por intereses muy distintos a los nuestros se unen otras que, desde el mismo espíritu conciliador, se deben, además, al desconocimiento más profundo de la materia a legislar, marcadas por la improvisación, el oportunismo y afán de complacer a los nuevos amos, que son, en realidad, los de siempre.
Y todo ello ante la mirada de un colectivo autoral dividido, descabezado, desconcertado, desorientado, cercano al "síndrome de Estocolmo" en algún caso, y pronto desahuciado de toda capacidad de decisión sobre la gestión de sus derechos y su valor en un escenario que mira con avariciosa nostalgia al siglo XIX, al que pretenden devolvernos a lomos de un "blockchain" del que sólo ellos tendrán la llave.
José Miguel Fernández Sastrón
(27 de abril de 2019)
Commentaires