Vecinos del Palacio de Longoria, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar...
Si el comunicado que desde Sgae nos envían a los socios (trasladado, además, con temeraria diligencia a los medios de comunicación) hubiese empezado con esta frase, al menos sabríamos que se trataba de una comedia y lo hubiéramos leído con otro espíritu.
Pero desgraciadamente no era el caso y desde el Palacio de Longoria pretendían que tomásemos muy en serio ese "bando" emanado de alguna mente confundida y enviado tras la reunión de la Junta Directiva del pasado lunes. Y digo confundida porque quiero pensar que es producto de la confusión y no de la deliberada intención de insultar la inteligencia de los socios, y de alguno más, aunque me cuesta, no crean.
El comunicado no tiene desperdicio prácticamente desde su inicio. Sobrecoge pensar que, como dice, en el orden del día de la Junta aludida "figuraban todos y cada uno de los temas trascendentales para el futuro de la entidad".
¡Todos y cada uno de ellos, ya lo ven!
Deben ser muchos los temas trascendentales para el futuro de la entidad. Afrontarlos todos de una vez en una reunión es digno de admiración y de encomio, aunque la amplitud del desafío invita a pensar en una cierta superficialidad en el tratamiento de los asuntos, aunque solo sea por una cuestión de tiempo.
En realidad, la cosa no fue para tanto, al menos por lo que nos cuentan en el comunicado, y la totalidad de los temas trascendentales se tradujo en cuatro decisiones, que nos trasladan con diligente entusiasmo:
1- "Se aprobó el voto electrónico con cualquiera de sus múltiples opciones (DNI electrónico, certificado digital y claves notificadas), que faciliten a todos los socios su participación".
2- "También se aprobó la elaboración del reglamento del órgano de supervisión (tal y como obliga la nueva Ley de Propiedad Intelectual a las entidades que recaudan más de 100 millones de euros), para poder convocar las elecciones a este órgano lo antes posible".
3- "Se acordó la creación de un grupo de trabajo para llegar a un acuerdo con el reparto de los derechos de comunicación pública de TV de diciembre de 2018, pendiente de aprobación por la Asamblea General, al que serán convocados miembros de OPEM (editoriales multinacionales), ANAEM (autores y editores de televisión), consejeros de SGAE y un representante del Ministerio de Cultura".
4- "Se decidió convocar al grupo de trabajo de Estatutos y Reglamento para trabajar en unos nuevos Estatutos, que serán enviados a la mayor brevedad al Ministerio de Cultura".
1- Empecemos por el primero, la aprobación del "voto electrónico con cualquiera de sus múltiples opciones". Si he hablado de una mente confundida es porque no se me ocurre otra explicación para semejante afirmación.
En primer lugar, la Junta Directiva no ha podido aprobar el voto electrónico el pasado lunes por una razón muy simple, y es que dicha aprobación se produjo ya hace tiempo en una asamblea, que es el órgano competente para ello, y así consta en los estatutos vigentes. Lo que compete a la Junta Directiva es la elaboración de una reglamentación del mismo, que ya existe para el voto electrónico en asambleas, pero que estaba pendiente (y así sigue) para el caso de el voto electrónico en elecciones, que es lo que, a mi juicio, y como he comentado, extralimitándose en sus funciones, ha venido exigiendo el Ministerio.
Sin embargo, el comunicado no especifica este particular, dejándolo en el aire, y lo que se comenta es que solo se habría aprobado un reglamento para implantarlo en las elecciones para los Consejos Territoriales y no para las que eligen a la Junta Directiva. No se ha cumplido, por lo tanto, la exigencia ministerial y el comunicado es ambiguo, impreciso, e invita a la confusión en este asunto. Eso al margen del desprecio aparente hacia las elecciones territoriales, cuyo reglamento para el voto electrónico parecen haber improvisado con la sola intención de cubrir el expediente y maquillar la realidad.
2- Más confusa resulta aún la segunda afirmación, respecto de la aprobación del "reglamento del órgano de supervisión (tal y como obliga la nueva Ley de Propiedad Intelectual a las entidades que recaudan más de 100 millones de euros), para poder convocar las elecciones a este órgano lo antes posible".
No voy a cuestionar que se aprobase dicho reglamento, pero me van a permitir que dude de que con ello se de cumplimiento a la la nueva Ley y se pueda en modo alguno anunciar la convocatoria de elecciones a este órgano.
La Ley es clara al respecto cuando se refiere en su artículo 162 a este "órgano de control interno". Por lo que respecta a la cuestión que nos ocupa, es decir, la regulación de dicho órgano y la posibilidad de convocar unas elecciones tras la voluntariosa gestión de la Junta Directiva el pasado lunes, conviene recordar que dicho artículo 162 establece (entre otras cosas):
- "Los estatutos de la entidad de gestión determinarán la composición del órgano de control interno y la forma de elección de sus integrantes por la asamblea general respetando, en todo caso, los siguientes criterios (...)"
Dicho esto, no parece muy probable que pueda cumplirse con esta exigencia legal antes de pasar por una asamblea, por lo que el esfuerzo de la junta parece más bien un brindis al sol que una gestión efectiva.
Por otra parte, la propuesta que la Junta debería hacer a la asamblea a este respecto, y que debe ceñirse a lo que la Ley establece (sin mucho margen creativo para los actuales mandatarios), estaba ya redactada el pasado mes de junio, como también (y ya con el aval de la actual Junta) en el texto presentado a la asamblea el pasado 27 de diciembre. Mucho no han tenido que trabajar el lunes en esto y en todo caso la "legalidad" de nuestros estatutos vigentes se mantiene en un limbo, pese a la buena voluntad y la aparente diligencia que nos muestra el comunicado.
3- En el tres no me extenderá mucho. Solamente comentar que la creación de un grupo de trabajo para "llegar a un acuerdo con el reparto de los derechos de comunicación pública de TV de diciembre de 2018, pendiente de aprobación por la Asamblea General" suena a larga cambiada. En primer lugar, porque no se trata de un reparto "pendiente de aprobación por la Asamblea General", sino de un reparto ya realizado y rechazado explícitamente por aquella. Tampoco se entiende muy bien eso del acuerdo. Acuerdo ya se tomó en la asamblea de diciembre, que aprobó el artículo 202 bis del Reglamento que no deja lugar a muchas dudas, ni a mucho margen:
Que el reparto de diciembre de 2018, desautorizado por la asamblea, debe rehacerse parece fuera de toda duda. Que para ello se cree un grupo de trabajo, para llegar a un acuerdo parece más dudoso (la composición también es digna de comentar, pero dejémoslo estar...)
¿Es que se puede acordar un reparto diferente al que ha determinado la asamblea y establece el reglamento de Sgae?
La realidad, por más que el comunicado propagandístico quiera travestirla, es que se sigue ignorando la voluntad social expresada en la asamblea y se dan largas al asunto. Y en definitiva no se ha hecho nada de nada.
4- Ya el cuarto punto es francamente cómico. Hablar a estas alturas de "convocar al grupo de trabajo de Estatutos y Reglamento para trabajar en unos nuevos Estatutos, que serán enviados a la mayor brevedad al Ministerio de Cultura" es tanto como decir que esta gente no se ha enterado de nada y vuelven al "día de la marmota".
¿Pero qué nuevos estatutos van a hacer?
¿No han comprendido, después de dos intentos, que se trata únicamente de implementar los puntos que la nueva legislación exige y eso está ya más que redactado y estudiado por los SSJJ de la casa?
¡Lo único que hace falta es que los apruebe una asamblea general!
¿Van a convocar una en breve o, ya puestos a ello, esperamos a junio?
No creo que el juez espere tanto...
Otro brindis al sol y otro intento de dilación de la responsabilidad que difícilmente engañará a quienes siguen de cerca el proceso.
Vemos, por lo tanto, que la reunión que iba a tratar "todos y cada uno de los temas trascendentales para el futuro de la entidad" se quedó en poca cosa.
Apenas cuatro "mentirijillas piadosas" lanzadas a bombo y platillo en el "bando" presidencial:
-El voto electrónico en elecciones (por lo que a la elección de la Junta Directiva se refiere, al menos) sigue pendiente de reglamentación y por lo tanto no está implantado a día de hoy.
-El órgano de supervisión no está regulado por los estatutos, por lo que tampoco se cumple este requisito legal ni existe posibilidad alguna de hacer unas elecciones para ello con los estatutos vigentes.
- El reparto de diciembre de 2018 no se ha modificado, pese a la expresa desaprobación de la asamblea, y parece que la intención es sustituir la metodología reglamentaria por un "regateo ínter-partes" que se ajuste a todos los intereses.
- Los estatutos vigentes siguen sin adaptarse a la nueva legislación, lo que mantiene la situación de ilegalidad y el riesgo consiguiente de una intervención por parte del Ministerio.
Aparte de esto, nada dice el comunicado de una cuestión de enorme gravedad, como es el hecho de ignorar las conclusiones de una comisión deontológica que señalaba los posibles conflictos de interés de catorce miembros de la actual junta directiva.
La comisión tardó en convocarse, se dilató el proceso todo lo posible y cuando finalmente se conocieron sus conclusiones se intentó impugnarla, exigiendo reiniciar todo el proceso (lo que no ocurrió merced a la rectitud y solidez ética y profesional de los tres juristas externos que la conforman y que se negaron a componenda alguna).
Hace ya más de cuatro meses que se están tomando decisiones sin cumplir el requisito de un informe que garantice la inexistencia de conflictos de interés entre los directivos. Lejos de ello, se sigue actuando con la constancia de que, al menos, la comisión ha señalado indicios de su existencia.
Pero a día de hoy no sabemos nada al respecto, ni parece que esta cuestión estuviera entre "todos y cada uno de los temas trascendentales para el futuro de la entidad", o si lo estaba, no ha merecido un lugar entre los destacados "logros" imaginarios del comunicado a los socios.
Como socio, y una vez constatado que no se trata de una broma, solo puedo decir a los responsables de semejante documento:
Señores, nos deben ustedes una explicación, Y esa explicación que nos deben nos la van a pagar, (antes o después...)
Y entre tanto, intenten aparentar, al menos, un poco de respeto por los socios de esta casa.
José Miguel Fernández Sastrón
(13 de marzo de 2019)
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