Ni la intensa actividad "gastro-proselitista" de Pilar Jurado (la factura en restaurantes ha debido ser generosa), ni las amenazas y profecías catastrofistas sobre los males del infierno que se cernirían sobre la entidad en caso de no aprobarse su propuesta estatutaria, han bastado para que se alcanzase la mayoría cualificada de 2/3 necesaria para la aprobación del nuevo texto.
Ya le ocurrió a José Angel Hevia, que también estuvo cerca de lograrlo (aunque a ella le extrañe, había vida en la Tierra antes de su llegada). Y antes también a mi mismo, y de forma mucho más estridente, aunque puedo decir en mi defensa que, al menos, la Junta Directiva que yo presidía hizo una apuesta más arriesgada, presentando una propuesta de reforma integral (que sigue siendo muy necesaria), trabajada durante casi dos años en colaboración con prestigiosos asesores externos y los SSJJ de la entidad, coordinados por un Secretario General que fue caprichosa e inexplicablemente despedido por la presidenta, sin recambio a la altura de las circunstancias.
Lo de anteayer, en cambio, era un remiendo estatutario, producto de la presión política, de las prisas y de las veleidades jurídico/diletantes de algunos consejeros. Tampoco tenía el consenso que requiere una mayoría cualificada.
Pilar Jurado, seguramente, confundió el consenso con el artificioso y coyuntural brillo de la púrpura que se despliega en salones y ágapes, y con el canto de la amistad regada con un buen vino, tan propio de esas lealtades eternas a las que François de la Rochefoucauld se refería al decir que “La gratitud de la mayoría de la gente no es más que una secreta esperanza de recibir nuevos y mayores beneficios.”
Pero el problema fundamental es que sus ímprobos esfuerzos, su meritoria dedicación y su generosa partida presupuestaria, unidos a su algo excesiva campaña mediática de exhibicionismo y "auto-elevación" a los altares, como enviada de la Providencia, no han dado el fruto deseado. Tampoco su medido catastrofismo. Quizás, si hubiera dedicado, aunque fuese sólo el 10% de ese tiempo y ese esfuerzo, a intentar ofrecer un texto correcto, limitado a las exigencias legales, sin ocurrencias políticas innecesarias y prescindiendo de amenazas apocalípticas, hubiera conseguido algo más.
Al final, la conclusión de la desilusionada presidenta fue que había dos clases de socios: los que luchaban y se interesaban por la entidad (es decir, los buenos, naturalmente representados por aquellos que votaban a favor de sus propuestas), y los demás (que debemos entender que son los malos y que quieren destruir la Sgae, que ella encarna desde que se le apareció, parece ser, algún mensajero divino y la ungió con La Luz de la verdad y la vida.
Lo que, sin duda, no tardará en aprender la hoy sofocada presidenta es que, como decía Aristóteles, “El agradecimiento envejece rápidamente.”
Pero, una vez más, convengamos que la personal decepción de la presidenta es irrelevante y centrémonos en lo verdaderamente importante: la asamblea y el día después.
Lo que ocurrió anteayer en la asamblea fue digno de reflexión en muchos aspectos. Se aprobó la gestión de 2018 (que, como dijo la presidenta, nada tenía que ver con ella, sino con la anterior legislatura) y se aprobaron también las cuentas de ese mismo ejercicio. Eso ya si tiene más que ver con ella, ya que, aunque versan sobre el ejercicio anterior, la formulación de las mismas (que supone la interpretación contable del ejercicio en cuestión) sí se produce en su mandato (formulación, por cierto, muy cuestionable, con un informe de auditoria con graves salvedades producto de hechos posteriores y de la decisión de la presidenta y el actual director general respecto de la situación del crédito a Fundación Sgae, que debieron proponer una reformulación al consejo de dirección, lo que no hicieron, algo sobre lo que en otra ocasión daré mayor información y que, en todo caso, dejé plasmada en el acta de la asamblea, que espero recoja con el rigor necesario mi intervención al respecto).
También se aprobaron las cuentas de 2017, que, pese a haber obtenido un resultado positivo de 4,5 millones de euros, tras varios años de pérdidas continuadas, habían sido rechazadas el año pasado por la misma asamblea. Lo peculiar es que, tras ese rechazo, han vuelto a ser presentadas, sin reformulación ni cambio alguno, lo que viene a manifestar el criterio marcadamente político (perfectamente legítimo, por otra parte) que operó en la decisión de rechazarlas el pasado junio de 2018 (o en el de aprobarlas anteayer, también podrían decir). En esta ocasión se invirtió el sentido del voto, como vemos en la imagen a la izquierda, arriba los resultados de anteayer y debajo los del pasado junio de 2018 (eran prácticamente los mismos socios).
Pero en realidad, el protagonismo de la asamblea era para la polémica propuesta de nuevos estatutos, el punto fundamental y en el que la presidenta se jugaba la credibilidad que ella misma se había marcado como "consensuadora oficial del Reino" y "salvadora de la Patria Autoral" frente al enemigo.
El rechazo a los mismos fue, sin duda, un varapalo importante, y su reacción posterior, poco elegante e institucional, fue clara muestra de ello.
Como era de esperar, el comunicado oficial habla de que "La ponderación de voto actual ha hecho que una mayoría aplastante de autores representados en ese 62,78% quede a merced de un reducido grupo de votantes que recogen los intereses de los que siempre vivieron de recortar las ganancias de los creadores".
No sé muy bien a qué se refiere la presidenta con lo de "La ponderación de voto actual", pero lo que está claro es que esa "mayoría aplastante" que la apoyó, no fue suficiente. El término "aplastante", muy propio del habitual estilo hiperbólico presidencial, también resulta poco realista, sobre todo si tenemos en cuenta que la participación fue de 1.356 socios (de más de 20.000 votantes potenciales), que representan el 24% del total de los votos sociales, lo que viene a significar que esa "mayoría aplastante" está constituida por el 62% de un alrededor de un 7% de los socios con derecho a voto, es decir, que cuenta con el apoyo aplastante de, más o menos, un 4% de la masa social, que supone, eso sí, alrededor de un 14% de los votos sociales totales.
La cosa tampoco es como para tirar cohetes, al menos para quien se considera algo así como la nueva "mesías" de un colectivo que, por otra parte, pasa bastante de todo, como resulta evidente.
En todo caso, vemos que, mientras ese 62% oficial a favor supone para Pilar Jurado una "mayoría aplastante", el 38%, también oficial, que votó en contra es apenas "un reducido grupo de votantes que recogen los intereses de los que siempre vivieron de recortar las ganancias de los creadores".
En fin, las cosas de una presidenta a la que le queda grande el cargo y que, apenas 24h después de su exabrupto, convoca a esos que, según ella, "siempre vivieron de recortar las ganancias de los creadores" a una mesa negociadora , no se sabe muy bien para qué. Y con ellos, ni más ni menos que al Ministerio (todavía no ha convocado al Presidente del Gobierno, que sepamos). El Ministro ya ha respondido a esta veleidad "Pilarista".
¿Y ahora qué?
A veces parece que esta entidad centenaria olvida su historia con mucha facilidad.
No son pocos los avatares que han sucedido en todo este tiempo, ni pocos los presidentes que han pasado por el cargo, las asambleas azarosas, o los conflictos internos y externos.
Y de momento, aquí seguimos.
Que hay que aprobar unos estatutos que recojan los criterios de la nueva legislación es algo evidente. Lo que no lo es tanto es que tengan que ser unos malos estatutos, producto de la presión político/mediática y de las prisas, siempre malas consejeras. Deben limitarse a lo estrictamente obligatorio, dejando la reforma global necesaria para un momento mejor y más calmado.
¿Que el Ministro esta molesto?
Pues vaya por Dios, siempre es un contratiempo. Pero ello no lo exime de su responsabilidad institucional en defensa de la cultura y de los creadores, lo que no es compatible con una locuacidad irresponsable y una amenaza constante que deja manifiesta, no sólo su inquina hacia la Sgae y la gestión colectiva, sino también de un grave desconocimiento de la realidad que representan y su papel esencial en defensa del derecho de autor.
Lo que hay que hacer es una redacción "políticamente" neutra, que recoja estrictamente (y sin el resignado "babeo" imperante) las nuevas exigencias legales, intentando que resulten lo menos lesivas posible para los socios y para la gestión colectiva en general.
Ese texto, que, seguramente, ya estará contemplado, debería enviarse a la mayor brevedad al ministerio, a fin de que éste se pronunciara respecto de si cumple o no con sus exigencias, de forma que pueda ser presentado a una asamblea extraordinaria a la mayor brevedad.
De hecho, el ministerio recibió previamente la propuesta presentada anteayer en la asamblea, pero dio la callada por respuesta, como ha venido haciendo habitualmente.
¿No piensa el señor Guirao que una propuesta de adaptación de los estatutos con la etiqueta, aunque fuese oficiosa, del OK de su ministerio tendrían muchas más oportunidades de aprobación por parte de la asamblea?
Eso sí sería ayudar, y no el callar y no "mojarse", queriendo conservar esa "última palabra" y esa emoción institucional.
¿Y quién debería hacer todo esto?
Evidentemente, la Junta Directiva tendrá que reunirse a la mayor brevedad, como la circunstancia exige. Y ella tiene la responsabilidad de actuar con rigor y diligencia.
Parece conveniente que, ciñéndose a esa estricta legalidad, convoquen una asamblea extraordinaria en septiembre (si es que el ministerio se "moja", porque de poco serviría presentar una propuesta que podría luego rechazar éste).
También parece claro que este proceso debería necesariamente desembocar, en un plazo razonable, en una convocatoria de elecciones (eso, además, defendían al menos algunos consejeros, como los vicepresidentes Onetti y Cabal) que acaben con una situación insostenible, por irregular, en la composición incompleta de la actual legislatura y las limitaciones derivadas de decisiones deontológicas (una cuestión a revisar con el rigor necesario) que sitúan en una insólita desventaja numérica y efectiva a dos colectivos tan relevantes como son el musical y el editorial.
Lo que no parece tan evidente, es quién debería liderar este proceso. Desde luego, son muchos los que opinan que no debería hacerse desde la actual presidencia, cuyas descalificaciones a los socios que votaron en contra de sus propuestas, no sólo durante la propia reunión asamblearias, sino por escrito en su intolerable comunicado oficial, le restan toda credibilidad y legitimidad institucional. Más aún después de la respuesta del Ministro a las ínfulas negociadoras de Pilar Jurado ("La presidenta de la SGAE tiene que saber que los problemas los tienen que arreglar con los socios desde dentro, que si los arreglan y cumplen con la ley el ministerio va a estar encantado, pero no se va a sentar en una mesa cuando es el supervisor, una mesa que entiendo que es de diálogo y de negociación y nosotros tenemos que estar vigilantes de que el resultado cumpla la ley").
La Junta Directiva está obligada a exigir una reunión inmediata.
De hecho, sorprende que la presidenta no la haya convocado ya, aunque es habitual en Pilar Jurado eludir este tipo de realidades incómodas. Convocar una "mesa redonda" con claras aspiraciones mediáticas y analgésicas sin consultar y en lugar de convocar al órgano de gobierno, es algo inaudito.
Pero esta técnica del avestruz no es permisible, ni defendible, en estos momentos, y nuestros representantes deberán estar a la altura.
Algo, desde luego, tiene que cambiar...
Y a no mucho tardar.
José Miguel Fernández Sastrón
(26 de junio de 2019)
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