Parece ser que corren nuevos tiempos en la entidad. La gestión del presidente Hevia precisa de un mayor margen de actuación del que fijan, no solo nuestros estatutos, sino incluso los más elementales principios democráticos. Pero esa limitación molesta e indeseable está a punto de eliminarse...
Cada comunicado de Sgae en estos últimos tiempos es más sorprendente que el anterior, y su departamento de comunicación, una fuente inagotable de perplejidad para los socios.
Ayer sobrepasaron cualquier expectativa, con una afirmación que todavía muchos no han sido capaces de digerir y que expone un escenario inédito en una organización democrática.
El titular lo expresa por sí solo:
"La SGAE se compromete ante el Ministerio a aplicar directamente la Directiva Europea y la LPI".
En un primer momento, uno se frota los ojos con incredulidad y piensa que ha leído mal. Pero al volver al texto se encuentra con frases como: "La entidad de gestión propone adoptar esta medida para adaptarse a la legalidad vigente, tras la no aprobación de la reforma estatutaria por los socios en la Asamblea General".
La verdad es que el comunicado no tiene desperdicio. Entre otras cosas, porque veremos, no solo que confunde, mezcla, y banaliza conceptos básicos de la gestión colectiva y su funcionamiento orgánico, sino que se arroga con total desfachatez, no sabemos en nombre de quién o de qué, la capacidad de representación de la Sgae ante la administración pública, al margen de los estatutos de la entidad y de su órgano soberano, la Asamblea General.
De esta forma, afirma sin rubor alguno que hace tres propuestas al ministerio, para inducirlo a proceder al "archivo del expediente de apercibimiento iniciado el pasado 27 de septiembre de 2018", a saber:
1- La aplicación directa de la Directiva de la UE y el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), sin la intermediación de los Estatutos, para adecuar la entidad a la legalidad, una vez que la Asamblea General de socios no ha aprobado la reforma de los Estatutos presentada por la Junta Directiva.
2- En segundo lugar, la modificación del reglamento para incluir el voto electrónico en los procedimientos electorales.
3- Y, por último, el sometimiento a lo que dicten los tribunales de justicia en lo que respecta al reparto de derechos de 2018.
Convendría que alguien explicara al autor intelectual de este insólito comunicado que de sus tres propuestas, solo la segunda es plausible y encaja en su ámbito de actuación, ya que efectivamente, el voto electrónico en elecciones, contemplado en los estatutos, necesita para su aplicación de una reglamentación propia. Aunque esto, ni es tan sencillo, ni debe tomarse a la ligera, ya que con el sistema utilizado hoy para el ámbito asambleario no se asegura una de las más importantes garantías democráticas, como es el secreto de las votaciones, lo que requiere de un riguroso estudio de cara a su implementación.
Pero, en todo caso, sí se trata de una competencia de la Junta Directiva, que debería afrontar sin más dilación.
La tercera es francamente prescindible, salvo que el presidente Hevia y su Junta Directiva piensen que el no sometimiento a los tribunales y a las decisiones judiciales es una opción.
Pero es la primera de las propuestas la que nos deja atónitos. Parece ser que se trata de prescindir de la decisión de la Asamblea General e ignorar los estatutos vigentes, aplicando directamente la Directiva europea y la Ley española, ya que, según el comunicado “la única salida que resulta posible es aplicar directamente, sin la intermediación de los Estatutos, lo que establecen tanto el TRLPI como la Directiva de la UE 2014/26”.
El engendro jurídico es monumental, ya que no solo habla de una aplicación del TRLPI español directamente, sin su obligado paso por los estatutos, sino que, además, ofrece también una aplicación directa de la Directiva Europea, como algo independiente de su obligada transposición a la legislación española.
Si seguimos la lógica de este laberinto normativo del presidente Hevia y sus adláteres, nos encontraríamos con una Sgae que ofrece contravenir sus estatutos vigentes y prescindir de la voluntad asamblearia, para cumplir con una Directiva Europea sin seguir necesariamente, además, la interpretación que el legislador español ha hecho de la misma.
¡Ahí va eso!
Esta ocurrencia de la Junta Directiva viene seguramente de su convencimiento de no estar vinculada a asamblea alguna, ya que, según el mismo comunicado “la Junta Directiva no tiene responsabilidad alguna sobre la decisión de la Asamblea”, es decir, que esos molestos socios de la asamblea digan lo que quieran, que nosotros haremos lo que nos venga en gana.
Olvidan que estos, es decir, los socios, a través del órgano soberano que constituye la Asamblea General, son Sgae, y no el presidente Hevia y sus escoltas, Cardalda, Onetti y Cabal, que en modo alguno están capacitados para asumir competencias que no les han sido expresamente encomendadas.
Hablar en nombre de Sgae y hacerlo, además, renunciando a la "intermediación de los estatutos" y obviando la expresa decisión de la Asamblea General es, no solo una intolerable muestra de desprecio a la democracia, sino una impudorosa exhibición de ignorancia y hasta de estupidez, si me lo permiten.
Es, además, una forma burda e infantil de eludir la realidad alrededor de este asunto: lo que hizo la asamblea fue rechazar las propuestas estatutarias de la actual Junta Directiva y rechazar su gestión en el reparto de diciembre de 2018. Lo normal sería que la actual Junta captara un mensaje tan claro y convocara unas elecciones en un plazo razonablemente breve (como ya se ha hecho anteriormente), pero en lugar de ello ofrece un brindis al Sol que permita su continuidad, aunque ello requiera ignorar la voluntad de los socios y prescindir de la observancia de los estatutos vigentes.
Solo falta ya que el presidente Hevia promueva la creación de una Asamblea Constituyente que supla la voluntad de la Asamblea General, cuyo criterio no le complace, o no le conviene. Después de todo ya ha cuestionado a la Comisión Deontológica, cuyo dictamen tampoco le resultó grato y a la que, según parece, ha invitado a hacer otro más benigno, o ser impugnada (solo falta saber si los miembros de dicha comisión se tragarán ese sapo, lo que sería inconcebible para la masa social, o se mantendrán en su posición).
Lo que sí es una incógnita es cuál será la respuesta del Ministerio ante esa extravagante propuesta de un Hevia que ha "madurado" mucho en estos tres meses de mandato y que parece ya decidido a perpetuarse en el cargo pese a la clara oposición de la asamblea y la opinión de una comisión deontológica que lo señala con claridad.
Quizás deberían empezar por explicarle al presidente de Sgae que la "adecuación" a la Directiva Europea no es competencia suya, sino del legislador español, que es quien dice cuándo, cómo y en que medida debe hacerse esta adaptación, al transponerla a nuestro ordenamiento jurídico.
Y tampoco vendría mal que alguien le dijese que la soberanía de la Asamblea General de Sgae, único órgano competente para aprobar cualquier modificación estatutaria, no es asumible unilateralmente por el presidente, ni su Junta Directiva (si es que también son cómplices de este despropósito), por lo que la aplicación del TRLPI, una vez que su propuesta fue rechazada el pasado 27 de diciembre, debe pasar de nuevo necesariamente y por mucho que ello le contraríe por la "intermediación de los estatutos" y, por lo tanto, por la ineludible aprobación de la asamblea.
Pero no será fácil convencer a un presidente que no parece admitir de buen grado el ser contrariado. O eso dicen, al menos, quienes han experimentado sus arrebatos.
- Si la asamblea no me aprueba los estatutos, pues actuamos sin su "intermediación".
- Si la comisión deontológica hace un informe contrario a mis intereses, pues se impugna y se la llama a capítulo (que para eso está mi solícita Junta Directiva, siempre presta).
- Y si en alguna votación me fallan, pues me levanto, ahí os dejo. "¡Y que os f....n!"
(grosera despedida con que se despachó cuando fracasó su propuesta de retirar la confianza al Secretario General, ante una junta perpleja que, mostrando mayor elegancia que su presidente, renunció a que su improperio constase en acta).
Lo malo es que tampoco parece que en el Ministerio acaben de decidir a qué están jugando, ante la escéptica mirada de los socios de Sgae, que ya no saben a qué atenerse, ni que futuro les aguarda.
Incluso son capaces de tomarse en serio esta propuesta, aunque sea solo para quitarse un "marrón" de encima, bendiciendo así la "madura" democracia de la nueva Sgae de Hevia, dejando la entidad sometida a los designios de quien realmente marca la hoja de ruta, y en manos de un presidente que ha perdido los papeles hace ya rato.
En todo caso, deberían tomarse este asunto un poco más en serio y dejar de jugar al ratón y el gato.
José Miguel Fernández Sastrón
(10 de febrero de 2019)
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