Un reparto, desautorizado por la asamblea, pendiente de rehacer (con la complejidad que ello conlleva), unos estatutos que adaptar a la nueva legislación y que suponen un cambio dramático en el concepto de gestión colectiva y la relación contractual de la entidad con socios y usuarios (que es el verdadero quebradero de cabeza y no las cuestiones políticas que todos destacan y que son pura cortina de humo para maquillar la verdadera mirada del nuevo TRLPI y de la Directiva Europea), unas negociaciones tarifarias que se complican con la AER (radios) y que pronto lo harán con las TVs, con la consiguiente caída de una recaudación que, tras vivir una etapa ascendente y haber superado la barrera de los trescientos millones en 2018, después de varios años de "sequía" recaudatoria (entre 2012 y 2016), vuelve a tomar el rumbo menguante.
Si a esto le añadimos una amenaza de intervención pública, un conflicto internacional en plena efervescencia y una confusión social sin precedentes, la cosa parece poco propicia para experimentos y "politiqueo" de pasillos en el Palacio de Longoria.
Pero la noticia es la enésima reunión extraordinaria de la Junta Directiva (que bate récords en lo que va de legislatura, con siete convocatorias en apenas cuatro meses, la mayoría de carácter extraordinario, a unos 25.000 euros por reunión solo en concepto de dietas). Y una vez más, el motivo de la misma es llevar a cabo ceses y nombramientos, esta vez no en el ámbito político, algo que últimamente está a la orden del día, sino en el administrativo.
Porque los ceses propuestos por la presidencia afectan ni más ni menos que a la Dirección General (agravado en este caso por el hecho de que su titular, Gerardo Rodriguez, lo era también de la dirección financiera) y a la Secretaría General, cuyo titular, Carlos Lopez, ya sufrió una moción de censura hace apenas unas semanas, que superó entonces con el apoyo, entre otros, de la actual presidenta, que volvió a ponerlo en la picota, sin que se conozca circunstancia alguna que justificase este cambio de criterio de la señora Jurado, más allá de los "pactos de pasillo" propios de un sistema "cardenalicio" que hace de los cargos y prebendas una moneda de cambio entre los junteros electos por una asamblea de socios que tiene pocas ocasiones de opinar y a la que ni siquiera siempre se tiene en cuenta.
Que esto ocurra en circunstancias como las que hemos comentado al inicio es preocupante. Y más aún cuando se anuncia como sustituto para la Dirección General a una persona sin la menor experiencia en la gestión colectiva (sin demérito de su exitosa trayectoria profesional y política, más ligada al ámbito político-cultural que a la dirección de una organización empresarial tan compleja como la nuestra), que llegará a una Sgae descabezada, inmersa en una complicada situación jurídico-financiera, sin muchos más argumentos que su proximidad a la presidencia y con un perfil más "ministrable" que funcionarial y técnico. No se presentó ninguna otra alternativa, ni hubo información sobre el criterio que se contempló a la hora de buscar candidatos. La selección fue cosa de la presidenta, recién llegada al cargo y sin experiencia alguna en la materia.
Del anhelo por una presidencia "florero", institucional, representativa pero no ejecutiva (concepto con el que yo nunca estuve de acuerdo y que me restregaron mucho algunos), hemos pasado al modelo de una Dirección General de un perfil igualmente decorativo. A este paso no sé quién va a gestionar el día a día de la Sgae, a ocuparse de esas prosaicas tareas del negocio y dedicarse a que se recaude y reparta el dinero de los socios en tiempo y forma. Del reparto, a juzgar por el comunicado presidencial del otro día, ya sabemos que se ocupará una comisión mixta (algo ecléctica, por cierto, y no sé si muy reglamentaria). De la recaudación, ya veremos, aunque al paso que van mucho me temo que la comisión de reparto se quede pronto sin trabajo, o se dedique a repartir los muebles.
Por lo que respecta a la Secretaría General, tampoco parece que la alternativa sea muy tranquilizadora, ya que se habla de designar para el puesto a la recientemente nombrada directora de los Servicios Jurídicos, una letrada de vocación "procesalista", sin apenas conocimiento previo de la entidad y del negocio, que cesaría en su puesto para hacerse cargo de la coordinación de los órganos de gobierno, la custodia documental y, en definitiva, de la memoria institucional de una entidad de la que ignora prácticamente casi todo. Un regalo envenenado que haría mal en aceptar, y dicen los que la conocen que no lo hará, pero errare humanun est...
La sesión comenzó a las 16h del pasado viernes y en ella los consejeros, amparados en un voto secreto que oculta la grave responsabilidad que contraen, especialmente si consideramos que está aún pendiente la cuestión de la comisión deontológica (afectada seguramente por el relevo en la Secretaría General), que podría cuestionar la legitimidad de la votación en algunos casos, decidirán el futuro de la Sgae, que pondrán en manos de una cúpula inexperta y ajena al más básico conocimiento del negocio y su problemática esencial (y circunstancial).
El primero en caer fue el Secretario General, con 30 votos a favor de su cese y solo 5 en contra. El puesto quedará vacante, de momento, y la comisión deontológica que espere, que no hay prisa.
Tampoco queda claro que en esta dinámica de actuación visceral e irreflexiva se haya contemplado algo tan obvio como es la atribución de firma en representación de la entidad. El cesado Lopez era uno de los dos firmantes mancomunados potenciales exigidos y no es seguro que la presidenta cuente aún con ese apoderamiento, lo que hace imposible cumplir lo establecido al respecto. Mucho me temo que ello exigirá una nueva reunión extraordinaria (aunque, en este caso, bastaría con el Consejo de Dirección, lo que, algo es algo, saldrá más barato a los socios).
En el caso del Director General, parece que ha habido un acuerdo para que deje el cargo, pero siga como director financiero (puesto que simultaneaba y que era el suyo originalmente). De esta forma, la presidenta consigue su apuesta, pero jugando con "red", al menos en el aspecto de la contabilidad financiera, aunque creando una brecha en la administración y una sensación de interinidad, inseguridad y desconcierto en la plantilla que anuncia borrascas inminentes.
La ya acostumbrada improvisación propia de esta legislatura se manifestó, una vez más, en los puntos 5, 6 y 7 del orden del día previsto:
5. Nombramiento Secretario General. Toma de decisión.
6. Nombramiento Director SSJJ. Toma de decisión.
7. Aprobación Reglamento Voto Electrónico Junta Directiva. Toma de decisión.
Se cesó al Secretario General sin tener organizada su sustitución. De hecho, a día de hoy, no hay Secretario/a General de la Sgae. Tampoco, a consecuencia de ello, firma apoderada que complemente mancomunadamente, como es obligado, la única actualmente autorizada (y eso porque el cesado director general continúa en la casa como director financiero), lo que deja a la entidad en un limbo inédito e insólito.
Se introdujo un punto de nombramiento de Director de los SSJJ sin que el puesto estuviera vacante, lo que parece, cuando menos, algo extravagante.
Por último, se eliminó el punto referente al voto electrónico para elecciones a Junta Directiva (el "caramelo" para el Ministerio), sin explicación alguna y ante una Junta Directiva dócil y poco exigente, por lo visto, con el rigor en el desarrollo de las reuniones. Eliminar así, sin más, un punto del orden del día es señal de que, o bien la Junta Directiva desautorizó su inclusión por parte de la Presidencia, lo que no parece probable a la vista de las circunstancias, o esta mutó, de nuevo, "d'accento e di pensiero"...
Malos tiempos para la lírica...
José Miguel Fernández Sastrón
(19 de marzo de 2019)
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