El mejor modo de equivocarse es tenerse a sí mismo por mucho más listo que los demás. (François De La Rochefoucauld)
"Yo no quiero que la gente vote ahora a favor o en contra de su presidenta sino de la entidad y de sus nuevos estatutos", decía la presidenta de Sgae, Pilar Jurado, en una reciente entrevista en el diario La Vanguardia.
Parece que, para la presidenta, votar contra su gestión equivaldría a votar contra la entidad, en una asociación conceptual tan tópica en la política como engañosa en la realidad, que a menudo discurre por caminos muy diferentes de la primera.
De hecho, hay ocasiones en las que votar contra una gestión concreta es precisamente votar a favor de la entidad a la que esta podría estar perjudicando. En todo caso, arrogarse la representación de la virtud, desterrando al terreno de la ignominia el ejercicio de la legítima discrepancia, es propio de quienes carecen de argumentos convincentes y se refugian en una falsa concepción que une su destino al de la entidad que representan.
Defiende también con entusiasmo, como es natural, su propuesta de reforma estatutaria, que denomina "los nuevos estatutos", algo que ya de por sí denota un limitado análisis de los mismos, que tienen poco de nuevo, más allá de las exigencias legales y alguna aportación "política" bastante prescindible. De hecho, son unos malos estatutos, y lo son, en primer lugar, porque la nueva legislación es muy lesiva para la gestión colectiva y su implantación en nuestros estatutos no hace sino debilitarnos. Eso tiene mal remedio, ya que nos debemos a la ley, aunque el excesivo entusiasmo mostrado a la hora de implementarla, renunciando a hacerlo de forma poco traumática y lo menos lesiva posible para nuestros intereses como entidad de gestión colectiva, dice poco de la propuesta y de la imaginación de los ponentes.
La implementación, por poner uno de los ejemplos más graves, de un voto universal que producirá un censo de más de 50.000 socios inactivos (que hubieran sido más de cien mil de no introducir un "filtro" en la última propuesta, pero que resulta claramente insuficiente) es un dislate que podría llegar a ser irreversible y que convertiría la gestión de la entidad y cualquier modificación estatutaria posterior en una tarea imposible, sometida a influencias e intereses hoy imprevisibles.
Y eso, desgraciadamente, es lo que propone Pilar Jurado en sus "nuevos estatutos", imponiendo a la necesaria y urgente regularización estatutaria un "peaje" que supondría dar la puntilla a la Sgae, dejándola en manos de la "opinión publicada" (algo que, quizás, dada su demostrada afición y su ingenuidad mediática, piense que le conviene). Algo difícil de aceptar por los socios que tengan un mínimo conocimiento estatutario y no deseen una gestión colectiva manejada por intereses opuestos a los derechos de autor. Arriesgarse a otro "berrinche ministerial", aplazando esa regularización hasta tener un texto adecuado (ya hablé de esta posibilidad en https://www.asesorautor.com/post/del-manifiesto-y-la-presidenta) es mucho mejor que entregar la Sgae a sus enemigos, en el más prosaico sentido económico.
Y, si no, al tiempo...
Pero es que, al margen de todo esto, son unos malos estatutos porque son producto de la presión política, de la urgencia institucional y de la inestabilidad social, que no ha permitido la elaboración de unos verdaderos estatutos para el siglo XXI que afronten las necesarias reformas que urgen a la Sgae.
Lo más sorprendente, sin embargo, es la declaración de Pilar Jurado a La Vanguardia, cuando afirma que "Si se aprueban estos estatutos vamos a aumentar la recaudación".
Será bueno que nos explique en la próxima asamblea en que medida va a contribuir esta reforma estatutaria a un aumento de la recaudación, cuando lo que hace la adaptación a la nueva legislación es limitar la capacidad de la Sgae en aspectos muy relevantes, fortaleciendo la posición de los usuarios y abriendo la puerta a una gestión selectiva con ánimo de lucro que no invita precisamente al optimismo. Pero es que añade la presidenta que "Durante años hemos estado apagando fuegos y con una política más preocupada por cuidar del trono y se han descuidado proyectos importantes".
Y lo dice así, sin complejos, la presidenta que más tiempo y recursos ha dedicado a su autopromoción, en una campaña electoral permanente que ha puesto a la administración al servicio de su imagen (https://www.abc.es/cultura/abci-pilar-jurado-presidenta-sgae-hace-balance-mandato-201903221506_video.html), desatendiendo los problemas más importantes y urgentes que afronta la entidad.
Lo dice, además, desde el conocimiento (que se le debe suponer, al menos) de una caída dramática de la recaudación durante este ejercicio 2019, que tras haber superado la cota de los 300 millones en el último año (durante los tiempos de esa supuesta política de "apaga fuegos" y defensa del trono), lleva camino de volver a los peores datos históricos con su providencial gestión. Por no hablar de la morosidad (eso que ella denomina una "herramienta de negociación") y de unos informes bastante desasosegadores que invitan a pensar en una posible subida del descuento de administración.
De todo esto debería informarnos en la asamblea, y no centrarse sólo en las cuentas de 2017 y 2018, que, después de todo, no son cuentas debidas a su gestión, sino a la de la anterior legislatura. Pero dudo mucho de que, ni ella, ni el director general, lo hagan voluntariamente, porque la realidad actual de esa Sgae "refundida" por Pilar Jurado es más bien inquietante y dista mucho del relato oficial.
Respecto de la posible intervención, dice la presidenta que "Se intenta intervenir una sociedad privada y por eso se tiene que pedir a un juez que de permiso. Estamos inmersos en un contencioso administrativo en el que hemos presentado alegaciones (eso ya lo sabíamos, puesto que fue en la anterior legislatura cuando interpusimos el recurso contencioso-administrativo). "Y el juez ha suspendido las medidas cautelares hasta que analice toda la documentación presentada (esto tampoco es exacto, ya que el plazo para presentar la documentación ya ha transcurrido, por lo que esta afirmación habla de un pasado y breve paréntesis, ya superado, y, a día de hoy, no existe tal suspensión. Otra cosa es lo que tarden en pronunciarse). Dice, una vez más, que "En tres meses y medio hemos avanzado más que en los últimos diez años y cada vez quedan menos motivos para una intervención".
Ya lo ven, en tres meses ha avanzado más que en los últimos diez años. Y no deja de ser cierto, en algunos casos, aunque no precisamente se trate de un avance en la dirección correcta. Las cifras también le bailan un poco a la presidenta. Habla de "127.000 socios" (que no son tales en realidad, a efectos económicos, ya que la cifra de socios mínimamente activos no supera en mucho los 20.000). Habla también de "mil trabajadores" (esa cifra debe ser producto de una confusión por su parte, salvo que se haya contratado a unos quinientos últimamente sin que lo sepamos, y no creo que ella y su mano derecha tengan tantos amigos) y de una cifra de negocio de "más de 315 millones de euros" (esa es la recaudación que heredó, sí, de 2018, pero que hoy esta lejos de repetirse en 2019, bajo su mandato).
Más que de avances, deberíamos hablar de "hitos históricos" y en eso sí debemos conceder que Pilar Jurado ha roto barreras en su breve etapa. Nadie le puede negar hechos insólitos, e inéditos en las últimas décadas, como tanto le gusta remarcar. La expulsión temporal de CISAC (que el comunicado de Sgae a los socios calificaba como "una decisión sin precedentes", en la que "la Asamblea anual de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), reunida en Tokio, ha dado un voto de confianza a la gestión realizada en los últimos dos meses por la Junta Directiva de la SGAE presidida por Pilar Jurado") es, desde luego, un hito memorable. La capacidad de convertir, en ese mundo onírico en que se refugia, un tirón de orejas de la CISAC en un reconocimiento a la excelencia presidencial, es notable, pero no modifica la realidad de un fracaso político en el ámbito internacional (del cual, además, tengo la impresión de que no nos están contando toda la verdad).
El último "hito" es verdaderamente sorprendente. Ni más, ni menos que a las puertas de una Asamblea General Ordinaria, la presidenta de Sgae ofrece a los socios una cena en las galerías del Palacio de Longoria.
La invitación no tiene desperdicio:
Uno se imagina qué ocurriría si los 127.000 socios de que presume Pilar Jurado decidieran aceptar la amable invitación presidencial. Para empezar, no habría sitio donde ubicarlos.
Claro que, tal vez, sólo se haya invitado a los socios que, a día de hoy, tienen voto. Eso dejaría la cifra en algo más de veinte mil, lo que se me antoja todavía un problema logístico de envergadura.
Por otra parte, yo, como socio, no he recibido invitación alguna y lo mismo me confirman otros colegas. Incluso, he oído que ni siquiera todos los miembros de la Junta Directiva están invitados al ágape. Sólo, imagino, aquellos que comparten el criterio presidencial, que no es cosa de iniciar debates indeseados.
La verdad es que la cosa tiene un "tufillo" a campaña personal, financiada por todos los socios, de una Pilar Jurado que parece, ella sí, ocupada "apagando fuegos y con una política más preocupada por cuidar del trono".
El asunto, desde luego, no es baladí, y no estaría de más preguntar cuál es el criterio seguido para una convocatoria que establece, al menos aparentemente, una categoría de socios de primera y de segunda.
¿Es legítimo que una presidenta utilice los recursos de la entidad para promocionarse y adoctrinar a los socios de cara a la asamblea?
La asamblea es el lugar indicado donde "conocer de primera mano" las "inquietudes" de los socios y el foro apropiado para "intercambiar impresiones y puntos de vista" sobre los asuntos que se tratarán en el orden del día. Y desde luego donde se debe decidir "el futuro de nuestra entidad".
Reunirse a cenar con "nocturnidad" y "alevosía", entiéndase coloquialmente, convocando selectivamente a criterio de la presidencia, discriminando entre los socios de la entidad (que serán los que pagarán la factura) y evitando a aquellos que pudieran defender una postura discrepante (incluso dentro de su propia Junta) es un acto inaceptable de utilización en beneficio propio de la capacidad institucional de un cargo que debe ejercerse desde el respeto a todos los socios de Sgae, sin distinción.
Cabría, incluso, preguntarse si con ello no se está incurriendo en alguna irregularidad por parte de la presidencia y aquellos directivos que la secunden en esta iniciativa, al producirse dentro de un periodo plebiscitario.
Irregular, o no, eso ya nos lo dirán, la cena privada de la presidenta es también un hito insólito. No se recuerda algo parecido en Longoria y todo apunta a que es la primera cena de estas características que se celebra en vísperas de una asamblea general de la Sgae. Una iniciativa tan desafortunada no tiene precedentes que se recuerden en la última década, y en eso vuelve a romper barreras Pilar Jurado.
Mucho me temo que esta desacertada primera cena tiene toda la pinta de poder ser, también, la última...
José Miguel Fernández Sastrón
(15 de junio de 2019)
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