¡Ya viene el cortejo! ¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo; ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines.
El nuevo TRLPI, tan celebrado por algunos, comienza a despertar los ánimos de quienes ven en él, y no faltos de razón, una gran oportunidad de negocio ante el escenario abierto a la carrera especulativa para una "gestión selectiva" de los derechos de autor, en la cual, el ánimo de lucro, una de las grandes novedades que aporta este texto inspirado por una Directiva Europea concebida al dictado de intereses no siempre coincidentes con los de los autores, sustituirá a los principios de solidaridad, colectivismo y autogestión que han marcado la gestión colectiva desde sus orígenes a finales del siglo XIX.
Y no son pocos los autores que celebran este advenimiento del "Neo-liberalismo autoral", deslumbrados por las promesas de quienes claman contra el monopolio de Sgae y anuncian la nueva buena de la era de la transparencia, la libertad de mercado, la abolición de una exclusividad limitadora y de un nuevo paraíso de oportunidades para el sufrido colectivo de los creadores. No tardarán mucho, seguramente, en sentir y padecer sus consecuencias, aunque, seguramente, ya será tarde para evitar la implantación de un modelo que no supone sino la vuelta al siglo XIX, donde los autores y sus derechos estaban a merced de una industria que, hoy, recupera el timón del devenir de los creadores y sus derechos.
Tiempo tendremos de analizar esta cuestión en profundidad, porque no todo es malo, pero, a veces, un ejemplo vale por un tratado a la hora de mostrar la realidad que se avecina y los perversos argumentos con que la impondrán, con ayuda, incluso, de las propias víctimas de este progresista viaje al pasado, que somos, en este caso, los autores.
El twitter de la APM (la Asociación de Promotores Musicales) nos obsequiaba con una interesante entrada en la que ofrecía un informe que titulaban "Novedades legales a tener en cuenta en la nueva temporada de festivales" y que firmaba el abogado Manuel Angel López, de Sympathy for the Lawyer, en el que aborda diversas cuestiones de interés para el sector (y que podéis leer íntegramente en el enlace bajo la fotografía a la derecha).
Sympathy for the Lawyer se anuncia como un "despacho de abogados y gestoría totalmente especializado en la industria musical. Nos ocupamos de los asuntos legales de músicos, sellos discográficos, promotores de conciertos, festivales, mánagers, salas..." (según leemos en su web http://sympathyforthelawyer.com) (algo que resulta, cuanto menos, difícil de compatibilizar, en nuestra opinión).
En este sentido nos llama la atención uno de los puntos de dicho informe, que no hace sino confirmar la incompatibilidad que puede darse entre los intereses de promotores y los de los artistas y autores, así como nuestra reserva acerca de que una misma persona (o despacho legal) pueda atender a ambos de manera simultánea o alternativa. Simultánea, porque es imposible defender ambos extremos al mismo tiempo, y alternativa porque el conflicto de intereses a la hora de utilizar la información adquirida de unos y otros parece más que evidente.
El punto en cuestión dice:
"6) ¿Es posible dejar de liquidar a SGAE?"
"No caben más escándalos en el Palacio de Longoria (sede de SGAE), o quizás sí. En este artículo ofrecemos una explicación completa sobre lo el fraude de "la rueda" y la intervención solicitada judicialmente por el Ministro de Cultura.
Los trámites y negociaciones con SGAE son cuestión legal clave en la organización de festivales y conciertos. Pero también es posible estudiar la posible aplicación de unos criterios de la jurisprudencia en la interpretación de la Ley de Propiedad Intelectual que establece una exoneración de pago a SGAE, si se cuenta con el consentimiento del titular exclusivo de los derechos de autor(*), lo que podría entenderse cumplido cuando un artista o banda se sube al escenario a tocar sus propios temas. Es una cuestión con cierta complejidad técnico-jurídica que debe analizarse detenidamente en cada caso particular".
(*) ¿Es necesario explicar lo que esto va a significar?
Obviamente se trata de un informe para la APM, no para los autores, pero lo que está clara es la intención de aprovechar el difícil momento reputacional (en ocasiones inducido y no siempre justificado) que atraviesa la Sgae, para debilitar la posición de la gestión colectiva y de los derechos de autor en la música en vivo (conciertos, festivales, etc).
Todo ello, como habitualmente, desde la proclamación de esa eterna cantinela de que es Sgae la beneficiada por el pago de los usuarios, lo que no es sino un intento de "blanquear" el supuesto de no liquidación a los autores y ahorrarse ese dinero, que realmente es lo que se pretende. Si esta postura se extendiese y se normalizase, se exigirá a los artistas, que nadie lo dude, renunciar a sus derechos de autor si quieren actuar en vivo, algo hasta ahora impensable gracias a una gestión colectiva que actúa como parapeto autoral frente a este tipo de tentaciones, pero que la nueva legislación va, sin duda, a facilitar (eso sí, bajo el disfraz de la defensa de la libertad de los autores para elegir).
¿En beneficio de quién?
No de los autores, desde luego.
Pero vemos que alrededor de esta cuestión, el enlace "la rueda" que introducen en el texto nos lleva a un detallado análisis de todas las polémicas que afectan a la Sgae actualmente, mezclando verdades y medias verdades con falsedades manifiestas. De hecho, siguen hablando de que "Las canciones de”La Rueda” registradas consisten en ligeros arreglos sobre obras de dominio público, o bien canciones nuevas de escasísima creatividad. Por otro lado, en los programas esa música de fondo apenas se oye, pero sí computa a efectos de reparto debido a unos criterios planos que sólo miden tiempo de uso sobre la emisión" .
En realidad, la cuestión de los arreglos sobre dominio público es algo que no ocurre desde 2012 y las irregularidades que pudieron producirse entonces fueron detectadas y los importes injustamente cobrados recuperados.
Por otra parte, la "escasa creatividad" de las obras originales que suenan por la noche es un argumento difícilmente aplicable al concepto de derechos de autor: ¿Quién lo determina y para que supuestos? Y, por último, inciden en esa "esa música de fondo (que) apenas se oye", algo que no ocurre en la madrugada tampoco desde hace años (cuando proliferaban aquellas teletiendas o programas de quiromancia en los que un teclista de gafas oscuras interpretaba melodías indescifrables). Por no mencionar el comentario respecto de que se utilizan "unos criterios planos que sólo miden tiempo de uso sobre la emisión", lo que manifiesta un desconocimiento absoluto de las normas de reparto de Sgae (con coeficientes, que priman o limitan, aplicados al horario, el espacio o las modalidades en que esta se produce) por parte del autor del informe.
Los argumentos, en todo caso, son siempre los mismos, fiel reflejo de un guión bien aprendido y que llevan extendiendo a lo largo y ancho del planeta las majors, la ICMP o la CISAC, en su batalla por la supremacía del repertorio internacional (principalmente anglosajón).
Ello no resta importancia al problema real, el abuso de posición dominante por parte de las cadenas en la programación musical de sus propios repertorios y sus consecuencias en el reparto (algo que, por otra parte, ni es nuevo, ni exclusivo de este ámbito y que ha venido siendo habitual, aunque con diferentes protagonistas y metodología, en el radiofónico o el discográfico).
La cuestión no es que la Sgae se "forre" con el fraude de" la rueda", como dicen algunos hablando de oído y con un desconocimiento profundo de la cuestión, sino precisamente lo contrario (ya que ese repertorio no aporta un pago suplementario al ya establecido en la tarifa y a Sgae no le supone beneficio alguno). Esto supone que la tarifa, fijada en función de una estimación de uso del repertorio, se ve "pervertida" por un uso muy superior, sin que ello conlleve un aumento de la misma, lo que lleva, en definitiva, a repartir el mismo dinero entre más obras, siendo estas obras añadidas, precisamente, las que pertenecen al repertorio propio de la cadena, con lo que se benefician de un retorno generado artificiosamente que equivale en la práctica a un "descuento" en la tarifa que, además, solo repercute en los repertorios comerciales ajenos. Estos repertorios propios se sobrevaloran a base de una repetición calculada, que solo es posible por la escasa relevancia estadística, comercialmente hablando, del horario de madrugada, algo que no podrían permitirse en otros horarios, lo que lo hace más censurable.
Esto no ocurriría si, en lugar de una tarifa por "disponibilidad" (algo así como una "tarifa plana"), se utilizase una por el uso real efectivo, en cuyo caso, la emisión de música nocturna conllevaría un aumento de los ingresos propios de ese repertorio, sin perjuicio del restante. Lo que ocurre es que esto, además de no serles de utilidad en los términos actuales, haría más trabajosa la gestión de los derechos para las cadenas generalistas, que prefieren el sistema actual.
Por ello, la única solución real es, o recurrir a tarifas de uso, o pactar unas reglas del juego que permitan una coexistencia pacífica.
En todo caso, como consecuencia de este conflicto (que no crea Sgae) se expande y se potencia una percepción negativa de la entidad y de la gestión colectiva (propiciando deliberadamente la imagen de una fórmula caduca y superada que permite estos desmanes, frente a la progresista opción de una gestión selectiva, profesional, moderna y económicamente eficaz que ayudará a imponer el nuevo TRLPI).
Porque... ¿Es casual la mención a todas las polémicas que afectan a la Sgae dentro de un documento que pretende abrir el camino a liberar a los promotores del pago de derechos de autor? (cuando se trata, como sabemos, de una cuestión que no afecta en modo alguno a este ámbito).
Y si no, veamos las dudas y conclusiones más relevantes que nos plantea el informe de este despacho que, obviamente, y también legítimamente, por supuesto, busca posicionarse en este prometedor escenario abierto por el TRLPI y la Directiva Europea, cuando se pregunta:
- "¿Ha llegado el final de SGAE?"
- "¿Hay que seguir pagando las licencias?"
o cuando dice:
- "Cada vez es más clara la viabilidad de una nueva entidad realmente controlada por los autores y editores profesionales, debido a los problemas crónicos de SGAE que estamos analizando en este artículo y que han provocado un debilitamiento del antiguo régimen".
En Simpathy for the lawyer lo tienen claro:
"La música y la cultura no se merecen estar vinculadas a tanto despropósito. Estos problemas están absorbiendo la energía de muchos creadores y profesionales de las industrias creativas. Deseamos que de una vez empiecen a llegar soluciones efectivas. Por otro lado, y al margen de consecuencias jurídicas, no debemos olvidar que todo este enredo no habría llegado tan lejos si dispusiéramos de un mercado cultural sano e independiente, y para ello el público tenemos más influencia de la que pensamos. Y esperemos que la música vuelva a la televisión de verdad, desterrando los usos mediocres que han servido para lucrar a algunos".
La hoja de ruta parece fijada con todo detalle: imponer un "mercado cultural sano e independiente" (lo que viene a significar un derecho de autor sujeto a la especulación y administrado por empresas con ánimo de lucro (¿quiénes creen ustedes que van a pagarlo?), guiadas por un mero sentido de la rentabilidad y ajenas a cualquier veleidad sobre actividades sociales complementarias, lo que, no solo es una mala noticia para los autores modestos, sino para todos en general, dada la volubilidad de una profesión en la que un día estás arriba y al otro caes en el olvido.
Entre tanto, y como aperitivo, nos ofrecen la libertad para que los artistas que sean autores puedan renunciar a sus derechos en beneficio de los promotores. Con ello, nos dirán, se flexibilizará el mercado, se facilitarán las actuaciones en vivo y se fomentará la contratación por parte de los promotores (hoy estrangulados, naturalmente, por la voracidad de Sgae).
Los autores deberíamos estar brindando por la buena nueva y seguramente la APM y sus asesores jurídicos estarían dispuestos a correr con la ronda.
La realidad, sin embargo, es muy otra y la libertad que se pretende es la de los empresarios, que podrán exigir a los artistas esta renuncia, muy especialmente a los pequeños y a los que empiezan. Se llama "libertad de mercado", sí, ya la conocemos bien y tiene poco que ver con la protección a los autores que se implantó con la gestión colectiva (esa de la que ahora dicen que van a liberarnos).
Estas y no otras deberían hoy ser las prioridades de Sgae y de sus órganos de gobierno. Lo malo es que no da la impresión de que sea así, que quieren que les diga. Ellos están a otra cosa (solo hay que leer la prensa), cada cual preparando su marcha triunfal.
"Ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines", sí, pero viene de fuera y con perversas intenciones, mientras en la actual Junta Directiva siguen deshojando la margarita...
José Miguel Fernández Sastrón
(23 de febrero de 2019)
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