Para quienes conocemos un poco la naturaleza de la gestión colectiva y su importancia de cara a la protección de los derechos de autor y a la capacidad de los autores para autogestionarse y decidir su futuro resulta muy lamentable ver la deriva que, entre unas cosas y otras, entre errores y picarescas, y entre conflictos de intereses de uno y otro lado ha tomado una entidad centenaria como la Sgae, que tiene a sus más poderosos adversarios fuera de sus muros, pero dentro de ellos a sus mas devastadores enemigos.
Es difícil explicar lo que está ocurriendo y más cuando ya existe una "verdad oficial" fuertemente arraigada en la opinión pública, e incluso en gran parte de la masa social. Pero voy a intentar hacerlo, una vez más, al menos para aquellos que quieran escuchar una versión un poco diferente y estén dispuestos a llegar a sus propias conclusiones sin prejuicios y sin temor a verdades quizás un poco incómodas para más de uno.
No pretendo, ni mucho menos, que mi versión sea considerada la verdad incuestionable, ni aspiro a convencer a nadie o a imponer mi punto de vista. Solo doy a conocer mi visión sobre unos hechos que están ahí y que conozco bien, independientemente de que puedan interpretarse a gusto del consumidor.
Quisiera, antes que nada, dejar clara una cuestión. Yo he ocupado prácticamente todos los puestos en Sgae que puede ocupar un socio. He sido miembro de su Junta Directiva y su Consejo de Dirección a lo largo de diez años, desde 2007, con un paréntesis de un año durante la etapa de junio de 2011 a mayo de 2012, ya que no formé parte de la misma en los tiempos de la "comisión rectora". He sido patrono de la Fundación Autor y he ocupado de manera interina su presidencia durante varios meses. También he sido vicepresidente por el Colegio de Pequeño Derecho entre 2012 y 2016, hasta ser nombrado presidente de la entidad en abril de 2016, cargo que ocupé hasta el 12 de noviembre de 2018. Ello me ha permitido adquirir un cierto conocimiento sobre la entidad y las personas que la hacen caminar día a día, sus circunstancias y su funcionamiento, así como del entorno que la rodea, sus intereses y el delicado equilibrio que exige la conciliación de todo ello.
A día de hoy, sin embargo, y quiero hacer hincapié en ello, no ocupo puesto alguno, no tengo responsabilidad de gestión en ningún ámbito, ni posicionamiento político particular a favor o en contra de nadie, más allá de un legítimo interés como socio a la hora de exigir una gestión eficaz, rigurosa y transparente de nuestros derechos, así como una profunda preocupación por el futuro de la Sgae y de la gestión colectiva en general en un escenario desolador.
Diré también, antes de continuar, que no recomiendo la lectura de este texto a aquellos que ya tienen su opinión formada y arraigada, aunque a menudo desde un gran desconocimiento del tema, y han sido devotos seguidores de una manipulación informativa, desde un lado u otro de la orilla. Será seguramente una pérdida de tiempo para ellos.
Aprovecho para anticiparme y responder a alguna de las críticas que sé que me harán algunos (no porque cuente con una capacidad visionaria excepcional, sino porque ya las he escuchado en otras ocasiones). No pretendo introducir ninguna "teoría de la conspiración" (las conspiraciones no existen y las que se difunden suelen ser toscos disfraces de realidades mucho más prosaicas), ni eludir la crítica a los muchos errores cometidos por la Sgae y sus gestores, yo el primero, a lo largo de su historia. Simplemente me limito a denunciar la oportuna "instrumentalización" que se ha hecho de esos errores por parte de aquellos que defienden intereses contrarios a los propios de la gestión colectiva, así como la ingenuidad de muchos autores a la hora de "comprar" versiones interesadas, cuya finalidad, a pesar de su apariencia altruista y de basarse en hechos y cuestiones perfectamente censurables en algunos casos, no es otra que la de "deslegitimar la mayor" y debilitar la gestión colectiva en favor de un sistema de gestión selectiva basado en la especulación, que no traerá sino la colonización, la uniformidad y la imposición de una cultura sometida a las reglas de la mercadotecnia, sin lugar para propuestas fuera del circuito diseñado.
Y dicho esto, entremos ya en materia.
Me van a permitir que empiece el relato por el final, pues ello ayudará a su mejor comprensión.
Leíamos ayer en varios medios una noticia destacada:
"Nuevo ultimátum del Ministerio de Cultura a la SGAE.
Según explica el requerimiento al que ha tenido acceso Efe, Cultura recuerda a la SGAE lo exigido en el apercibimiento que le enviaron el pasado 27 de septiembre de 2018, en el que le pedía que ajustara sus estatutos al Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español dos directivas europeas Ley de Propiedad".
Esta noticia no tendría mucho de particular y podría considerarse como un capítulo más de la gestión responsable del ministerio en su función de supervisión de la Sgae, salvo que la conectemos con algunas circunstancias muy concretas y que arrojan serias dudas, no sólo sobre la oportunidad de esta iniciativa ministerial, sino de su propia justificación y hasta de su eficacia o su pretensión real.
- EL REQUERIMINTO NO ES OPORTUNO
Respecto de su "oportunidad", no podemos desligarla de una circunstancia bien conocida por el ministerio. Al día siguiente de esta comunicación se reuniría el consejo de CISAC, en el que debería decidirse la expulsión temporal, o no, de la Sgae como miembro de la misma.
Tampoco es irrelevante el hecho de que la comunicación de dicho requerimiento a la prensa no vino de la Sgae, sino que fue el propio ministerio el que facilitó la noticia, que se extendió a bombo y platillo. Con ello, lo que se propició es que la reunión del consejo de CISAC contase con un elemento muy perjudicial para las expectativas de Sgae. Ni más ni menos que el propio Ministerio de Cultura español denunciaba el incumplimiento por Sgae de sus exigencias, que, por otra parte, no eran sino el fiel reflejo de las de la propia CISAC.
Dadas las circunstancias, hablar de inoportunidad es lo menos que se nos puede conceder.
Con amigos así... ¿quién necesita enemigos?
- COMO RECORDATORIO NO ESTÁ JUSTIFICADO
Vayamos ahora a la "justificación".
Podría decirse que el ministerio tiene la obligación de apercibir a la Sgae, si las circunstancias lo exigen, independientemente de que ello pueda resultar más o menos oportuno.
Pero lo que no parece tan evidente es que existiese esa exigencia precisamente en este momento.
Según leemos en la prensa, "El Ministerio de Cultura ha enviado un nuevo requerimiento a la SGAE para que en el plazo de cinco días le informe sobre las medidas que han tomado para cumplir con normativa vigente: reformar sus estatutos, cumplir con el nuevo reparto de derechos y aplicar el voto electrónico".
El caso es que es difícil entender a qué viene este requerimiento. En primer lugar, porque el ministerio ha recibido puntualmente la información que ahora requiere, ya que se le trasladan todas las decisiones de los órganos de gobierno de la entidad.
Hace alusión el requerimiento ministerial al apercibimiento del pasado 27 de septiembre de 2018, en el que exigían a Sgae "modificar sus estatutos, habilitar el voto electrónico y adaptar el reparto de derechos recaudados a esta nueva normativa, que dice que entidades de gestión de derechos como la SGAE no podrán repartir más de un 20 % de lo recaudado por cada autor por la emisión de su obra en un horario con "ausencia de audiencia significativa" (la franja nocturna)".
Tres "incumplimientos graves" , dicen, que "a la fecha presente no han sido corregidos por parte de la SGAE".
Resulta muy impropia de una institución gubernamental la confusión de fechas, hechos, circunstancias y normativas que destila el requerimiento ministerial de ayer. Diríase que anda el Ministro (o quienes lo asesoren, o actúen en su nombre) un poco perdido en esta cuestión.
Mezclan el apercibimiento de septiembre con otros escritos posteriores, confundiendo la normativa vigente en uno y otro escenario.
El apercibimiento de septiembre de 2018 acordaba concretamente:
Lo que no dice el ministerio en su requerimiento de ayer es que dicho apercibimiento se halla sujeto a un recurso contencioso-administrativo, admitido a trámite y pendiente de su resolución. Ello conlleva que exigir en estos momentos su cumplimiento carece de todo rigor jurídico, algo que, entendemos, debería saber el firmante del requerimiento en cuestión.
La razón, a grandes rasgos, del recurso mencionado se basa precisamente en la improcedencia de alguna de las exigencias ministeriales, al menos en ese momento.
De hecho, solo el primer punto, referido a la adaptación estatutaria a la nueva legislación, puede considerarse justificado a la fecha del apercibimiento, dado que se trataba de adaptarse al TRLPI que entró en vigor el 15 de abril de 2018 y que el plazo para hacerlo era de tres meses. La Junta Directiva presentó una propuesta de modificación en la asamblea de junio, que fue rechazada, lo que no permitió cumplir el plazo. Nada que objetar, salvo quizás el agravio comparativo con el resto de entidades de gestión, a las que se dio un plazo de un año para la adaptación, o la falta de empatía que supone el rigor aplicado en nuestro caso por parte de una autoridad gubernamental que se retrasó bastante más que Sgae (tenía un plazo de dos años y tardó cuatro) en hacer sus propios deberes y transponer la directiva europea de 2014 a nuestra legislación.
El segundo punto, que exigía el voto electrónico en las inmediatas elecciones del 26 de octubre de 2018, no se ajustaba a la normativa vigente entonces, que no hacía alusión alguna a dicho voto electrónico (ni siquiera aparecía la discutible referencia que sí hacía la directiva europea y que sí se incluyó después en el TRLPI que entró en vigor el 3 de marzo de 2019, en todo caso ya después de celebradas dichas elecciones). Decir hoy, por lo tanto, públicamente, que "el 26 de octubre de 2018 la SGAE celebró elecciones a miembros de su junta directiva mediante un procedimiento electoral que no respetó de forma íntegra los derechos reconocidos a sus miembros en el TRLPI" es faltar a la verdad, ya sea por desconocimiento, lo que no es poca cosa, o por cualquier otra razón, lo que es difícil de justificar, contribuyendo al desprestigio de una entidad centenaria.
En el tercero, que habla de la exigencia legal de someter a la asamblea las normas de reparto para su ratificación, también se pasaba de frenada el apercibimiento ministerial de septiembre. Sin la modificación estatutaria necesaria no se podía ignorar el reglamento vigente. De hecho, ya se había producido el reparto de junio, según la norma interna en vigor entonces y sin que hubiera transcurrido el plazo de tres meses estipulado para adaptarla a la nueva legislación (que vencía el 15 de julio). Exigir su aplicación con anterioridad es contrario a derecho y, por lo tanto, hablar del "reparto realizado" estaba fuera de lugar. Otra cosa es el reparto de diciembre de 2018, que sí se realizó sin cumplir el requisito legal, ya exigible desde julio, pero que no se había producido en el momento de enviar el apercibimiento, por lo que no entraba en el lote ni puede considerarse dentro del marco del requerimiento del 27 de septiembre. En todo caso, tendría que ser objeto de un requerimiento posterior, que no se ha realizado.
A día de hoy, además, ya se ha sometido a la asamblea, para su ratificación, el reglamento de reparto. Ocurrió el pasado diciembre, algo que el ministerio sabe perfectamente, o al menos debería saberlo, ya que fue puntualmente informado.
Por lo tanto, la normativa vigente en materia de reparto fue ratificada y está perfectamente al día con la legislación actual (muy mejorable, por cierto, y de la que hablaremos en otra ocasión), por lo que no cabe descalificación alguna en este punto. Decir hoy que «se mantiene la situación de incumplimiento existente cuando se acordó el apercibimiento de 27 de septiembre de 2018 en lo que respecta al tercero de sus requerimientos» no sólo no se ajusta a la verdad, sino que traslada una total falta de rigor por parte de los responsables ministeriales en su función supervisora, dañando, además, de forma gratuita e irresponsable el prestigio y la credibilidad de la mayor entidad de gestión española precisamente ante un importante desafío internacional.
En conclusión, aludir en estos momentos al apercibimiento del 27 de septiembre está totalmente fuera de lugar por parte del ministerio, obligado, como todos, a respetar los tiempos judiciales y a esperar una decisión que no creo vaya a favorecer sus expectativas.
Hacerlo en clave de "ultimatum", lo que espero sea una licencia del cronista y no un calificativo oficial, rozaría otros supuestos mucho más inquietantes, desde luego.
No existe, por lo tanto, justificación alguna para este "recordatorio", innecesario, estéril y puramente un brindis al sol de cara a la galería, sino algo peor.
- CARECE DE EFICACIA PRÁCTICA
Hemos visto que el apercibimiento de septiembre se halla incurso en un procedimiento contencioso-administrativo, sujeto por lo tanto al calendario judicial, lo que hace totalmente superfluo un recordatorio del mismo por parte del ministerio en las actuales circunstancias.
El recurso en cuestión refleja la solicitud ministerial, así como las discrepancias de la entidad y sólo la resolución del mismo determinará que exigencias son conforme a derecho y cuales no. Entretanto, no cabe, ni procede, requerimiento alguno al respecto, en lo que al contenido de dicho apercibimiento en concreto se refiere.
Se habla también en otros medios de una "reclamación informativa" y se asegura que "Carlos Guervós Maíllo, subdirector general de Propiedad Intelectual, sostiene en el requerimiento que no hay constancia de que se haya hecho nada para subsanar los errores".
Todo ello se contradice con una afirmación posterior, según la cual, "El Ministerio sí conoce que en los primeros días de mayo, la junta directiva de la entidad acordó ratificar el voto electrónico, aprobar una propuesta de nuevos estatutos, acatar las conclusiones de la comisión deontológica sobre los conflictos de intereses de 14 miembros de dicha junta, aprobar el reparto de derechos con el límite del 20% en la franja nocturna y fijar este límite en los beneficios del reparto. “Aunque sabemos lo que se acordó aquel día nos falta información. Necesitamos ser informados al detalle, no en trazo grueso”, explican desde el Ministerio.
Francamente, no se entiende que más información necesitan, o a que denominan "trazo grueso". Las actas de las reuniones son bastante extensas y detalladas y, en todo caso, incluyen de manera precisa las decisiones tomadas, así como el debate alrededor de ellas y toda la documentación manejada.
Cabría pensar, más bien, que el señor Guervós, o quien corresponda, no hace los deberes y no lee la documentación que recibe.
Pero lo que es incuestionable es que el requerimiento de ayer carece de eficacia práctica alguna, no establece calendario de actuaciones, ni propone solución o medida de ningún tipo. Es papel mojado, pero, eso sí, en un momento muy delicado para los intereses internacionales de la Sgae.
La falta de una respuesta eficaz (muy lejos de las lamentaciones, los golpes de pecho y los torpes comunicados resignados con que la entidad nos viene abrumando en los últimos tiempos) tampoco es de mucha ayuda, dando la impresión de que no existe una hoja de ruta, ni una estrategia institucional, pasando del triunfalismo más extemporáneo a la desolación más infantiloide.
En conclusión, estamos ante una iniciativa inoportuna, injustificada y totalmente ineficaz por parte del ministerio. Pero si los responsables ministeriales saben, o deberían saber, que su escrito es inoportuno, injustificado e ineficaz en la práctica...
¿Con que objeto lo han llevado a cabo?
Lo que ofrece poca duda es que estamos ante un caso evidente de acoso a la mayor entidad de gestión de España por parte de un ministerio sin precedentes en la historia, muy difícil de entender y que, antes o después, alguien tendrá que explicar.
José Miguel Fernández Sastrón
(29 de mayo de 2019)
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