Ninguno de los principales problemas actuales a que nos enfrentamos los autores está originariamente causado por nuestro colectivo y todos aquellos que dicen querer ayudarnos a solucionarlos empiezan por cuestionar nuestra capacidad de autogestión y la viabilidad de nuestro modelo de gestión colectiva. Los autores, en realidad, estamos solos.
El derecho de autor no está en peligro, que nadie se equivoque. El derecho de autor es algo muy cotizado en estos tiempos en que los contenidos son considerados el reclamo más eficaz para vender cualquier cosa (o idea) a una sociedad globalizada y, si me lo permiten, idiotizada o camino de ello.
Lo que está en peligro es la titularidad efectiva de los autores sobre sus derechos, lo que es muy diferente, y nuestra capacidad para decidir su valor y establecer las reglas de juego para quienes hacen de nuestras creaciones la base de un negocio muy lucrativo, que no están dispuestos a compartir con nosotros pese a la relevancia de nuestra aportación al mismo.
Seguramente los hay que quieren abolir el derecho de autor, pero hablamos de individuos aislados, o colectivos con escasa influencia en el devenir de las cosas, que no tienen un papel destacado en nuestra tragedia, más allá de la utilización que a menudo se hace de ellos para estimular la natural sensibilidad política a la presión mediática y social (la una trae a menudo causa de la otra). Y esa presión está ya siendo convenientemente reconducida desde el rechazo al derecho de autor hacia una beligerancia más suavizada, que se contentaría con acabar con la gestión colectiva y, en nuestro caso, concretamente con Sgae, llegando incluso a asumir que existan unos derechos que pagar. Pero nuestro problema, insisto, no está en los que quisieran abolir nuestros derechos, sino en los que los codician y quieren adueñarse de ellos a través de las herramientas que los sucesivos legisladores han puesto a su disposición, siempre desde un discurso grandilocuente que anuncia la protección de los autores, pero que en la práctica se traduce, por lo general, en todo lo contrario. El último ejemplo lo tenemos en el recientemente aprobado TRLPI y su fuente inspiradora, la directiva europea de 2014.
En este contexto, la división de los autores es un suicidio colectivo. Y está auspiciado, promovido y estimulado por quienes buscan debilitarnos, apoyados en nuestros propios errores (que los ha habido, sí, aunque no tantos como quieren hacernos creer), pero sobre todo en nuestra endémica tendencia al individualismo y a una desidia congénita que nos convierte en presa fácil para los tiburones de una industria mucho más organizada y mucho mejor preparada que nuestro gremio.
Cualquier autor que tenga la curiosidad de analizar la historia reciente de la Sgae podrá llegar a conclusiones bastante evidentes, que, sin embargo, parecen muy alejadas de la verdad oficial que ha venido imponiéndose desde diversos ámbitos, incluido el interno.
En primer lugar, el dato más revelador (al menos para los socios) es sin duda el de las cantidades históricas repartidas entre 2010 y 2018.
Para entendernos: 2010 es el último reparto previo a la entrada de la Guardia Civil en Sgae y de 2011 en adelante tenemos las cifras de reparto tras la proclamación de esa "Nueva Sgae" que tanto iba a beneficiarnos.
En la pasada Asamblea de junio de 2018 se nos proporcionó el siguiente cuadro:
En él vemos como desde 2010 a 2017 los socios hemos perdido 659 millones de euros a consecuencia de la caída del reparto a lo largo de estos años. Y eso sólo si aplicamos una aritmética básica, manteniendo como referencia el reparto de 2010 y sin tener en cuenta la actualización de dicha cifra, ni los porcentajes históricos de incremento anual y tampoco el lucro financiero cesante. Todo ello arrojaría una cifra cercana a los mil millones, como consecuencia de diversas cuestiones que analizaremos a continuación y que, seguramente, tienen poco de azarosas.
Si hacemos un repaso a los medios de comunicación en la etapa previa a 2011, veremos que los titulares se repartían entre las peluquerías asediadas, las bodas espiadas, las fotos de los niños en los CDs vírgenes que gravaba el pérfido canon digital (que ponía en peligro, además, la viabilidad de la industria tecnológica, según nos decían), y todo ello como consecuencia de la voracidad recaudatoria de la Sgae, un monopolio perverso y decadente incapaz de adaptarse a la modernidad de un mundo digitalizado y globalizado.
Lo que ocurre es que el problema no era la adaptación de Sgae a nuevos modelos de negocio (algo relativamente sencillo), sino que estos nuevos modelos estaban basados en el convencimiento de que los derechos de autor eran cosa del pasado, una rémora que perjudicaba sus expectativas de beneficio y que, en todo caso, debían ceñirse a la dinámica especulativa propia del mercado. Y, desde luego, nunca controlados por los autores.
La Sgae, por ejemplo, no exigió en 2009 al ayuntamiento de Fuenteovejuna 30.000 euros por la representación de la obra teatral homónima, como se aseguraba desde un diario. Esa cantidad representaba la deuda del ayuntamiento, como promotor, por el impago de los derechos generados por los conciertos realizados durante años en dicha localidad. De hecho, las administraciones públicas eran entonces las principales morosas de Sgae, lo que es una muestra del respeto institucional por los derechos de autor en este país.
Decíamos que el azar ha tenido poco que ver con la decadencia de la Sgae y con las circunstancias que han contribuido a su pérdida de influencia social y eficacia recaudatoria.
¿Cómo no pensarlo?
Conocemos cuales eran las demandas de los grandes usuarios, la industria tecnológica y, en general, de todos aquellos a los que molestaba la gestión colectiva en general y la Sgae en particular. Se trataba, en definitiva, de debilitar a la Sgae y nada mejor para ello que dividirla y privarla de sus herramientas más eficaces. Y a ello se pusieron unos y otros con gran celo, obteniendo muy pronto el fruto deseado.
La mayoría no recordará quién dio el primer paso, abriendo la veda y poniendo la primera piedra para la lapidación legislativa de la gestión colectiva en España, en favor de una gestión selectiva, especulativa y mucho más acorde con las pretensiones del "mercado" (ese señor al que no conocemos, pero que tanto manda...). En nuestro caso, ese "mercado" está constituido por los usuarios de nuestro repertorio, es decir, aquellos que hacen negocio con su explotación en algún ámbito, debiendo pagar por ello a los titulares de los derechos.
Fue la CNMC la que marcó el camino a seguir, un camino que en nada favorecería a los autores, mediante un INFORME SOBRE LA GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL que publicó en 2010.
En dicho informe ya avisaba de sus intenciones con frases como "A pesar de que el progreso tecnológico y las nuevas formas de distribución y consumo de obras y prestaciones están poniendo en cuestión el rol tradicional de las entidades de gestión, éstas continúan teniendo un papel relevante en la actualidad", o como "La posición monopolística de las entidades reduce sus incentivos a operar de modo eficiente y facilita la aparición de una serie de problemas. Por un lado, el establecimiento de tarifas inequitativas y/o discriminatorias. Por otro, las dificultades para que los usuarios gestionen de modo eficiente sus costes y para que se desarrollen mercados no tradicionales de explotación de obras y prestaciones".
Estaba claro que el criterio de la CNMC coincidía fotográficamente con el de esos "mercados" a los que la gestión colectiva tanto molestaba. Y naturalmente así quedo manifiesto en sus recomendaciones al legislador, que podrán leer íntegramente al final de este artículo.
En todo caso, les anticipamos algunas cuestiones incluidas en dichas recomendaciones que les resultarán familiares. Para la CNMC, ya en 2010, era recomendable una revisión de la LPI que debería contemplar, entre otras cosas:
-Eliminación de la obligatoriedad de la gestión colectiva a través de entidades de gestión en los casos en los que se impone en la actualidad, con la excepción de cuando dicha obligatoriedad venga impuesta por una Directiva europea.
- Eliminación de la obligación de que las entidades de gestión carezcan de ánimo de lucro, disponiendo de forma expresa que se pueden constituir bajo cualquiera de las formas jurídicas admitidas en Derecho.
- Revisión de la regulación de la LPI relativa a los estatutos de las entidades y a los contratos de gestión con los titulares de los derechos, con el fin de dotarles de mayor flexibilidad y de facilitar el cambio de entidad gestora por parte de los titulares. Ello, tanto en el ámbito temporal, como modal, permitiendo diversificar por tipo de derechos y eliminando la exclusividad.
- Creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que medie en los conflictos tarifarios entre entidades y usuarios.
- Establecimiento de criterios tarifarios por parte de la administración.
Estas son algunas de las joyas con que nos obsequió la CNMC y a las que el legislador atendió con suma diligencia.
Cualquiera que entienda un mínimo de derechos de autor y de gestión colectiva sabe que se estaba dictando una sentencia de muerte para la herramienta más eficaz que hemos tenido los autores para la gestión y defensa de nuestros derechos. El ánimo de lucro sustituirá a la solidaridad de un colectivo muy propenso a la precariedad, dividiendo a los autores por categorías y dejando su futuro al criterio de la especulación. La llamada "flexibilidad" no es sino un eufemismo para calificar un deliberado debilitamiento de las entidades frente a los usuarios, que se beneficiarán de ella, y a las grandes multinacionales que podrán, por fin, gestionar sus repertorios de manera directa en aquellos ámbitos en que les sea rentable, dejando a las entidades el coste de aquellos que exigen un mayor esfuerzo. Y lo mismo respecto de los diferentes repertorios y autores: Tú, interesas. Tú, no.
Respecto de las tarifas y esa comisión de propiedad intelectual, ¿qué podemos decir?
La metodologia aprobada posteriormente por el gobierno (desautorizada judicialmente después) y la liberación a la industria tecnológica del pago del llamado canon digital (que supuso un "regalo" de cien millones anuales a la misma, ya que los precios no bajaron pese a ello, y que fue también desautorizada por los tribunales) dejó bien claras las intenciones de nuestros gobernantes. Se trataba de legislar a favor de los usuarios y de ese "mercado" al que tanto deben, seguramente, privándonos de nuestra capacidad para determinar el valor (y el precio) de nuestras creaciones.
No tardo el legislador español en atender alguna de las demandas de la CNMC, con una reforma express de la LPI, precipitada e inoportuna, ya que aún no se había publicado la directiva europea a la que debería adaptarse. Se ocupó esencialmente de aquellas que afectaban a las tarifas y la creación de esa comisión mediadora. Todo ello en un ambiente de hostilidad política, mediática y social contra la Sgae.
Luego llegaría la directiva europea de 2014 y después el nuevo TRLPI español que la transponía (eso sí, con dos años de retraso), que consumaba el nuevo régimen en el que la gestión colectiva y los autores tendremos muy poco recorrido, si no ponemos remedio y pronto. Algunos dirán que la posterior directiva de 2019 sobre la propiedad intelectual contradice mi alarmismo y demuestra la preocupación de la U.E por los autores, ya que nos protege frente a los "gigantes tecnológicos". A ellos les recuerdo aquello de que el orden de los factores sí altera el producto en algunas ocasiones y que no es en absoluto casual la cronología de ambas directivas (algo de lo que hablaremos en otra ocasión).
En todo caso, lo que deberíamos tener claro es que el mayor triunfo de quienes quieren apropiarse de nuestros derechos y eliminar la gestión colectiva en favor de la especulación y de esos "mercados" tan presentes en las mentes de nuestros políticos no ha sido conseguir una legislación favorable a sus intereses, que no es poca cosa. Ni que la ciudadanía (convenientemente aleccionada) aplauda como un logro de la "democratización cultural" la eliminación de ese "monopolio decadente" que es la Sgae.
Su mayor triunfo ha sido que una parte de los autores lo crea y aplauda una legislación demoledora para el colectivo autoral, provocados por quienes, dentro de la entidad, ajenos a una tragedia que no parece afectarlos y mirándose al ombligo, se pelean por las migajas que nos dejan (individualmente muy jugosas, en algún caso), bailando unos y otros al ritmo que, desde el exterior, marcan los grandes editores mediáticos y multinacionales.
Su mayor éxito ha sido dividirnos.
Mientras sigamos divididos no necesitaremos enemigos para enterrar a la Sgae.
Y con ella, a todos nosotros.
José Miguel Fernández Sastrón
(20 de abril de 2019)
INFORME CNMC 2010 (Un ejemplo de parcialidad y desconocimiento de la realidad autoral al dictado de los intereses del "mercado")
(Documento completo)
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