“Todas las antiguas historias, como decía uno de nuestros mejores ingenios, no son otra cosa que fábulas tácitamente aceptadas.”
(Voltaire).
Seguramente, si preguntásemos a cualquier persona por la calle sobre Sgae, nos encontraríamos con que apenas sabría qué es exactamente, o cómo funciona, pero sí tendría claro que actúa como un nido de corrupción, desde el que se expolia a la ciudadanía con cánones injustos y arbitrarios y se intenta eliminar la libertad de expresión en internet, cercenando la libertad de los jóvenes creadores y el libre acceso a una cultura globalizada.
¿Y por qué lo tendría tan claro?
Obviamente es lo que ha venido leyendo y escuchando en los medios de comunicación. Lo dice también, ni más ni menos, el propio Ministro de Cultura y lo ratifican, incluso, algunos entre los propios autores, dentro y fuera de nuestras fronteras. Casi nadie duda ya de que Sgae es una rémora a extinguir, un monopolio caduco y extemporáneo y hasta un rígido corsé que impide a los creadores la libre gestión de sus propios derechos. Incluso, algunos han llegado a rasgarse las vestiduras por el hecho de que no garantiza con el entusiasmo suficiente la libertad de los creadores para no cobrar por el uso de sus obras (lo que, según parece, debiera ser una de sus prioridades, a ojos de los nuevos profetas).
¡Los autores somos prisioneros de las Sgaes del mundo!
O lo éramos, al menos, hasta que la directiva europea vino a rescatarnos en 2014 (y en nuestro caso, hasta la aprobación en 2018, con dos años de retraso, del nuevo TRLPI, que la transpone a nuestro ordenamiento jurídico, tan celebrado por la necedad patria).
Lo más curioso, sin embargo, es que es difícil encontrar alguna particularidad en Sgae, acreedora de tanto recelo, que no sea propia de la humana condición y se halle presente en casi todos los ámbitos de la sociedad en general, incluidos, y a veces muy especialmente, aquellos desde los que más se la cuestiona y con mayor rigor se la critica.
Tal vez haya llegado la hora de que los autores empecemos a exigir también todo aquello que nos exigen a nosotros y a poner encima de la mesa algunas falsedades y algunos intereses opacos que están detrás de esta activa descalificación de un sistema de gestión colectiva que ha demostrado, con sus aciertos y su errores, durante más de un siglo ya, ser la mejor garantía para la defensa de los derechos de los autores.
La fábula política...
"¡Continuad ejerciendo el poder de desterrar a vuestros defensores hasta que al fin de vuestra ignorancia, que no descubre las cosas más que cuando las siente, después que haya hecho excepción de vosotros solos, de vosotros, que sois siempre vuestros propios enemigos, os entregue esclavos abatidos a alguna nación que os haya vencido sin combate!"
(William Shakespeare)
Podríamos empezar por la política, pues de todas las descalificaciones que ha venido sufriendo la entidad, es seguramente la más grave la que viene del propio Ministro encargado de velar y proteger la cultura española y defender a los creadores. Y lo es porque con ello contribuye debilitar el propio concepto de gestión colectiva y la capacidad de autogestión de los creadores, beneficiando con ello a intereses opuestos, además, ya sea por afinidad o por mero desconocimiento. Cada crítica del Ministro va dirigida a Sgae, con todas sus letras, y no a una gestión o personas concretas, y son el nombre de Sgae y su credibilidad institucional los que sufren las consecuencias de la incontinente generalización ministerial.
El Ministro Guirao ha dicho y repetido en muchas ocasiones que en Sgae existe un deficit de democracia, porque no tiene implantado un voto electrónico para sus elecciones. También, tras afirmar que se han producido numerosos casos de corrupción, ha dedicado a la entidad frases como «todos estos comportamientos y la supuesta falta de democracia interna, cuando al final se trasladan a la opinión publica, van contra la imagen de los creadores. Eso a la SGAE ya le ha pasado en varias ocasiones y no parecen darse cuenta de que es fundamental tener comportamientos ejemplares. Es una manera de tirarse piedras contra el propio tejado»
Lo que desde luego afecta mucho a la imagen de una entidad como Sgae es que el propio Ministro se dedique a cuestionarla públicamente, sin aportar, además, dato alguno más allá de la versión oficializada desde un desconocimiento irresponsable. No existe una falta de democracia interna en Sgae, como ya hemos comentado otras veces, ni tampoco sentencia alguna que haya confirmado en "esos comportamientos" un solo caso de corrupción en la gestión de los derechos que tiene encomendados y que pueda, por lo tanto, cuestionar su rigor. Pero que un Ministro contribuya de esta manera a la descalificación de la mayor entidad de gestión de España, favoreciendo con ello intereses ajenos, en un sector tan estratégico ("las entidades de gestión europeas podrían asumir su actividad, dado que "pueden operar aquí", decía también el ilustre defensor de la cultura en nuestro país) es algo digno de hacérselo mirar.
Los autores, que también somos ciudadanos que contribuyen con sus impuestos a la cosa pública, podríamos también exigir algunas cosas a nuestros políticos (Guirao incluido). Aquellas que ellos nos exigen a nosotros, sin ir más lejos, con tanta insistencia.
- Podríamos, por ejemplo, exigirles una total transparencia y control en las remuneraciones, de todo tipo, que perciben todos aquellos que tienen un cargo público, pero todos, incluidos asesores y gestores de las empresas públicas, así como que se publicasen detalladamente estos y otros costes derivados de su gestión, como viajes oficiales, coches oficiales, gastos de representación y demás dádivas con las que merman nuestros bolsillos.
- También, por qué no, la creación de un órgano de supervisión, elegido por la ciudadanía y con la inclusión de algún independiente (ajeno a la sociedad española, sería en su caso) que vigilasen la gestión pública de gobierno central, autonomías y ayuntamientos, con las mismas competencias que se han determinado para los que deben vigilar a las entidades de gestión, incluida la capacidad de solicitar la convocatoria de la "asamblea general", en este caso a la ciudadanía, por medio de un "referéndum" (incluso para la remoción del gobierno).
- Podríamos, naturalmente, exigir un voto electrónico para las elecciones generales, autonómicas o locales, de forma que se pusiese fin a "la supuesta falta de democracia interna" que supone su carencia (al menos en opinión de Guirao). Y la total comunicación por esta vía con los ciudadanos, para toda gestión pública, evitando colas, citas previas y demás inconveniencias trasnochadas (y ahorrándonos, seguramente también, un buen dinero a los contribuyentes).
- Otra exigencia razonable sería que en el caso de que no se consiguiera un consenso parlamentario, por la división de sus miembros, o se pudiese dudar de la existencia de "comportamientos ejemplares" en gobiernos centrales, autonómicos, o locales, otros gestores europeos "podrían asumir su actividad" (gestionar nuestras pensiones, nuestra sanidad o nuestras infraestructuras, por ejemplo). Incluso, por qué no, podríamos decidirlo de manera individual y selectiva. Cada uno elige si quiere pagar impuestos y cuáles aquí o en cualquier otro país extranjero, aun residiendo en España, y además elegirá que servicios quiere y a cuáles renuncia. De hecho, los ciudadanos españoles podríamos considerar una mejor opción un gobierno compuesto por gestores alemanes, mucho más eficientes, dicen, que los nuestros. Y deben serlo, si nos atenemos a informes como el que adjuntamos (de 2014) en los que vemos como con un tercio de los políticos que tenemos en España administran una población que dobla la nuestra.
Podríamos exigirles muchas más cosas. Y es que, en realidad, ellos no cumplen (ni podrían cumplir en algún caso) con ninguno de los requisitos que imponen a la gestión colectiva en su TRLPI, pese a gestionar, en su caso sí, un dinero público.
Pero sí los consideran imprescindibles para que los autores gestionemos nuestros propios intereses en una organización exclusivamente privada, aunque con ello debiliten la gestión colectiva hasta el límite de convertirla en una quimera inasumible, en favor de una gestión selectiva en manos de la especulación.
Porque el principal problema de la cultura de este país, ya lo saben, es la Sgae.
¿Necesitan que les revele la primera moraleja?
La fábula internacional...
"En realidad, hay dos especies de utopías: las utopías proletarias socialistas que gozan de la propiedad de no realizarse nunca, y las utopías capitalistas que, desgraciadamente, tienden a realizarse con mucha frecuencia."
(Michel Foucault)
La ICMP, asociación internacional de editores comandada por las grandes multinacionales, nos trasladó sus exigencias a través de la CISAC (la ONU de la gestión colectiva internacional) que las asumió como suyas con la mayor diligencia.
La mayor preocupación de la CISAC actual es garantizar el cobro de los repertorios internacionales en todo el mundo, con especial interés en aquellos que administran las grandes multinacionales, que hoy controlan las grandes entidades de gestión y a través de ellas a la propia CISAC.
Los autores podríamos también exigir a la CISAC (a la que financiamos) algunas cosas. Por ejemplo, que defendiera la gestión colectiva con el rigor necesario, en lugar de hacerlo de forma puramente retórica y hasta meramente estética, mientras prepara su organización y sus estatutos para recibir con los brazos abiertos a esas agencias privadas con ánimo de lucro que nos ha impuesto la nueva legislación europea y que a algunos parece convenir. Si hubieran dedicado a ello la cuarta parte del esfuerzo de comunicación, lobby, e interés con que han actuado ante las presiones de la ICMP contra Sgae, hoy hablaríamos seguramente de otra directiva.
La sintonía ICMP/CISAC quedaba manifiesta en las exigencias que la última hacía a la Sgae, cuando, en cumplimiento de una sentencia judicial (hoy anulada, aunque solo por una cuestión formal) hubo de modificarse el artículo 50 de nuestros estatutos, eliminando la excepción que permitía la presencia de cuatro editoriales ligadas a compañías discográficas en su Junta Directiva, pese a la prohibición general derivada de su condición de usuario en general y discográfico en particular.
¿Y qué exigía la CISAC a la Sgae?
Pues concretamente que "la SGAE revisará sus Estatutos para crear un Órgano de Supervisión y establecer una Junta Directiva equilibrada en términos de derechos y repertorios, incluyendo la representación del Colegio Editorial", así como la "Revisión del Artículo 50 para garantizar la continuada representación de Editores musicales en la Junta conforme a las proporciones establecidas en las Directrices GESAC-ICMP".
La redacción de nuestros Estatutos no impedía la representación de las editoriales (excepto aquellas que tuviesen la condición de usuarios, o ligadas a estos), lo que demuestra una total falta de interés por la verdad y una pretensión muy concreta que intentaban disfrazar.
Tendrían, eso sí, que explicar que significa una "representación continuada" y si con ello se refieren a excluirlas de la limitación de mandatos que afecta a todos los socios, que quedaría exclusivamente para los socios autores.
Es evidente su preocupación por los intereses multinacionales. Y, además, difícilmente se puede controlar una entidad de gestión si no se puede acceder a sus órganos de gobierno.
También tenía la CISAC, naturalmente, exigencias de carácter económico, principalmente en lo relativo al sistema de reparto.
"La Rueda", término del que ya hemos hablado en capítulos anteriores (https://www.asesorautor.com/blog-wj8by/silencio-se-rueda), era el tema principal, aunque sus exigencias y sobre todo sus argumentos al respecto eran a menudo confusos y poco rigurosos. Pues si ya hemos explicado otras veces la realidad de la "picaresca" que permitía la concentración de un exagerado porcentaje del reparto de las TVs en la franja nocturna, las denuncias de CISAC en lo que se refiere a sus causas no era acertada ni rigurosa. Ponían mucho énfasis en la cuestión de las "Ponderaciones por géneros/Controles de coeficientes" que era algo perfectamente estandarizado, e incluso más exigente, en Sgae con respecto a las entidades de su entorno (de hecho, de aplicarse las ponderaciones y coeficientes de la PRS británica, por poner un ejemplo de una entidad en la que las multinacionales tienen un gran peso político, el resultado sería aún más exagerado).
La denuncia de cualquier irregularidad o perjuicio que adultere un reparto justo de los derechos de autor es algo obligado por parte de CISAC, y no lo cuestiono, sino que lo animo. Pero utilizar para ello medias verdades, descalificar la gestión de una entidad centenaria, mezclar estas denuncias con la defensa de intereses concretos y contribuir al descrédito internacional de Sgae no es aceptable.
La CISAC no ha tenido un comportamiento neutral y riguroso, defendiendo desde el primer momento la postura de la ICMP, sin atender a los argumentos de Sgae y a sus explicaciones. El veredicto estaba redactado en origen y no existía voluntad alguna de hacer cosa distinta a lo exigido por las multinacionales, cuya campaña de descrédito contra Sgae fue insólita.
Y si bien lo que estaba ocurriendo con el reparto de los derechos generados en las TVs constituía un problema real que había que abordar, no podía cargarse toda la responsabilidad contra Sgae, que carecía de la suficiente capacidad de actuación (ante el veredicto de la CNMC en la cuestión del retorno televisivo y las posibles limitaciones al mismo) y a la que se exigía corregir la desviación del reparto vía reglamento, sin poder atacar el origen, imponiendo coeficientes disparatados, además de asumir un principio "mercantilista" del derecho de autor que acabaría redundando en beneficio de los usuarios y con el peligro de debilitar el concepto esencial del mismo. La judicialización de la cuestión, por parte de unos y otros, tampoco ha ayudado mucho.
En todo caso, no recuerdo denuncia reciente alguna por parte de la CISAC ante abusos contra los autores en otros ámbitos, concentraciones de repertorios y usos preferenciales "estimulados" incluidos. Ni tampoco se ha pronunciado nunca esta "organización internacional no gubernamental sin ánimo de lucro" que "trabaja para proteger los derechos y promover los intereses de los creadores en todo el mundo" tal y como se define, sobre la necesaria actualización del artículo 71 de la LPI y la eliminación de una excepción que convierte a los autores y sus herederos en siervos vitalicios de las editoriales, atentos, por lo que se ve, solo a una parte de la realidad española.
Tampoco ha sido especialmente activa en la defensa de la extensión del derecho de remuneración para los autores audiovisuales, que viven otra situación anacrónica, más allá de dedicar alguna frase carente de cualquier contenido ejecutivo.
Pero sería injusto, como lo es en el caso de Sgae, cuestionar a la CISAC y descalificar su función solo porque quienes la dirigen a día de hoy no representan el espíritu fundacional, ni sirven a los fines propios de la entidad. El problema no es la CISAC, un organismo esencial para la gestión colectiva internacional y para los autores de todo el mundo, sino aquellos que han desviado su rumbo.
También de ello podemos extraer alguna moraleja...
La fábula mediática...
"Esto es lo único que importa en la buena propaganda. Se trata de crear un eslogan que no pueda recibir ninguna oposición, bien al contrario, que todo el mundo esté a favor".
(Noam Chomsky)
Sgae significa corrupción. Si hay un eslogan que haya triunfado entre la opinión pública es ese, que cumple perfectamente con la primera regla "chomskyana".
¡Todo el mundo está a favor!
Bueno, todo el mundo menos los autores, claro, y ni siquiera todos ellos. Algunos han preferido adherirse a esta caza de brujas contra su propia entidad. En algunos casos, víctimas de nuestros propios errores, pero también de una deliberada desinformación. En otros (en general los más activos, aunque menos representativos) en un intento de aprovechar el río revuelto en su propio beneficio e intentar acceder a un cargo dentro de la entidad que les permita seguir viviendo de los autores (como es el caso del incansable Patacho Recio, que se ha apuntado a todo bombardeo contra Longoria desde su escritorio de Abdón Terradas subvencionado por los socios de Sgae y a quien hoy escucha ya muy poca gente.
¿Y por qué estarían a favor de ese eslogan la gran mayoría?
La verdad es que no es difícil estar contra una entidad "arruinada en su propia corrupción", que consiente una "organización criminal" en sus entrañas, a la que "Bruselas envía hombres de negro para poner orden en sus cuentas", que "reforma sus estatutos para reforzar la rueda" y cuyo director general declarará como imputado por desviación de fondos a Caco Senante".
Eso por citar solo algunos de los titulares con que nos han obsequiado en los últimos años (en la hemeroteca encontrarán muchos más, igualmente jugosos).
Pero si además nos informan de que en Sgae se arruina a las peluquerías y pequeños comercios, se persigue a los novios en las bodas para que paguen el diezmo, se exige un "impuesto" a quienes compran CDs o cualquier otro dispositivo de almacenamiento para guardar las fotos de sus niños y se persigue eliminar la libertad de expresión en internet, introduciendo filtros y prohibiciones que acabaran con la libertad de los creadores, los consumidores y la globalización cultural, pues ya me dirán.
¿Quién tira la primera piedra?
Voluntarios no faltarán...
Y si, por otra parte, los encargados de extender la noticia son usuarios del repertorio Sgae, en plenas negociaciones tarifarias, para que decir más.
¡Muerto el perro, se acabó la rabia!
El perro es la Sgae (y la rabia, ya se imaginarán lo que es).
Poco importa que el director general fuese absuelto por no ser responsable de la desviación de fondos anunciada, o que su supuesto beneficiario lo fuese también puesto que, de hecho, no se había producido tal desviación. De eso se entera poca gente, pues nunca se da el mismo tratamiento preferencial a la buena nueva que tuvo la anterior noticia, mucho más jugosa. Además, para algunos, que un juez los acuse es señal inequívoca de culpabilidad. Su fe en la Justicia es inquebrantable, sobre todo cuando conviene. Pero si se produce la absolución y el presunto culpable resulta ser inocente, entonces ya es otra cosa (la mano negra de Sgae es alargada...)
Tampoco se explicará que la Sgae no consiente una "organización criminal" en sus entrañas y que en ese proceso en cuestión comparece como "parte perjudicada", lo que es muy diferente, como sin duda sabe el cronista, el mismo que interpreta como un envío de hombres de negro para controlar las cuentas de Sgae la creación por parte de la directiva europea de un organismo de control para todas las entidades de gestión de la U.E.
Los mensajes varían según los vientos que los impulsan y las medias verdades (cuando no falsedades rotundas) se expanden entre unos y otros, pero con un denominador común:
¡La culpa es de Sgae!
¿Que un grupo de autores y editores se han beneficiado de la utilización preferencial de sus repertorios por parte de las cadenas de TV, amparándose además en la picaresca de la reiteración, solo posible por la irrelevancia comercial de la franja de madrugada?
¡La Rueda de la Sgae!
¿Que una auditoría señala posibles irregularidades en los contratos editoriales de las multinacionales?
¡Sgae, de nuevo, bajo sospecha!
Y cada vez con la misma etiqueta (que hasta el Ministro hace suya):
¡Un nuevo caso de corrupción en Sgae!
Sgae es una asociación con más de cien años de antigüedad. Su labor ha sido muy importante en la defensa de los derechos de los autores en España. Sus orígenes se anclan en la protección de los autores contra todos aquellos que pretendan desposeerlos de sus derechos, en la autogestión y en la vinculación con el futuro de sus obras. Con ello nació la gestión colectiva, la mejor herramienta para la defensa del derecho de autor y la protección del colectivo de creadores, desde el rigor, la eficacia y la solidaridad.
Durante este tiempo, como en toda organización humana, ha habido aciertos y errores. Se han hecho cosas bien y cosas mal y hemos tenido buenos y malos gestores.
No voy a hacer una narración histórica aquí hoy, tiempo habrá para ello y también personas más versadas, pero sí voy a dejar plasmadas unas consideraciones que son importantes y que no quisiera dejar en el aire:
- El dinero que gestiona Sgae es el de los autores y su mala o buena administración solo repercute en perjuicio o beneficio de estos (entendiendo que los editores también están afectados por ello en su condición de cesionarios de derechos de autor, por lo que entran en la misma categoría a efectos de lo expuesto).
- Nadie está más interesado que los autores en el buen funcionamiento de la entidad que gestiona sus derechos. Cuestionar la capacidad de los autores para autogestionarse es cuestionar su derecho a la propia administración de sus bienes. Que lo hagamos mal o bien es cosa nuestra y entre nosotros debemos arreglar nuestras diferencias y nuestros problemas. Ello no exime en modo alguno de la responsabilidad para con los repertorios extranjeros que administramos en virtud de contratos de reciprocidad.
- Nadie tiene derecho a imponer a los autores quién o quiénes deben gestionar su entidad. La elección de sus representantes en los órganos de gobierno debe ser un derecho irrenunciable e intransferible, como también la elección de los profesionales que gestionan el día a día de la entidad en su nombre.
- La normativa interna que rige la entidad debe ser fruto de la voluntad social, expresada en su asamblea, sin más limitaciones que las que estrictamente imponga la legislación vinculada vigente y sin intervencionismos, lecciones, moralinas, ni paternalismos por parte de la administración pública más allá de su obligación como órgano tutelar.
- La división de la gestión de los derechos de autor debilita los mismos y la capacidad negociadora frente a los usuarios, así como dificulta la necesaria solidaridad para un colectivo sometido a una congénita inestabilidad profesional y a una endémica precariedad laboral. Las calificaciones como "monopolio" y los cantos de sirena que anuncian la liberación de los creadores solo persiguen el beneficio de quienes pretenden devaluar nuestros derechos o aquellos que aspiran a especular con ellos, en una vuelta al siglo XIX disfrazada de modernidad para necios e ignorantes.
- Los autores no podemos, por lo tanto, sentirnos satisfechos por una directiva y un TRLPI que presumen de protegernos, pero que solo protegen intereses muy distintos de los nuestros, debilitando la gestión colectiva, facilitando la especulación propia de una gestión selectiva, abriendo nuestro mercado a intereses externos, en perjuicio de nuestra fortaleza e identidad culturales, y sin acometer ninguna de nuestras verdaderas problemáticas.
- Lo que los autores necesitamos es una fiscalidad adecuada a nuestra circunstancia, una protección social frente a la inestabilidad laboral, una actualización de la LPI que elimine de una vez el "feudalismo" autoral que supone el artículo 71, y una equiparación del valor de nuestros derechos con los países de nuestro entorno. Pero nada de eso parece prioritario para el legislador. Antes bien, se protegen los intereses de las grandes corporaciones, se devalúan nuestros derechos con normas y metodologías que favorecen la posición negociadora de los usuarios y se debilita la gestión colectiva, única herramienta con la que los autores han contado para suplir las carencias expuestas.
En definitiva, la realidad es muy distinta de lo que nos cuentan y leemos en los medios. Y de la que tanto desasosiega al Ministro de Cultura.
¿Que en Sgae se han hecho cosas mal?, por supuesto. ¿Dónde no?
Pero de ahí a que para arreglar nuestros problemas tengamos que derribar nuestra casa, entregarnos a la especulación y a la colonización cultural, rendir nuestras tarifas a la conveniencia de los usuarios y renunciar a lo que nuestros ancestros lograron a finales del siglo XIX con la creación de la Sociedad de Autores de España (SAE), hoy SGAE, hay mucha diferencia.
Vamos de fábula en fábula. Y lo peor no es que la mayoría las crea, sino que entre nosotros mismos hemos llegado a creerlas y a ayudar a su expansión.
La moraleja la dejo para el lector...
José Miguel Fernández Sastrón
(9 de abril de 2019)
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