"Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:
1.º Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio.
2.º Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento.
3.º Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura".
(Código Penal, artículo 451)
Parece que la Junta Directiva de Sgae necesita de una segunda oportunidad para decidirse sobre la ineludible denuncia de un fraude manifiesto y documentado, no sabemos si porque desconfía del criterio (o de la intención) del Secretario General y su equipo, que han detectado y, lo que es más importante, evitado la consolidación de un grave delito, o porque se sienten incómodos ante la exposición pública de una realidad que no los deja en muy buen lugar como administradores y custodios de la dignidad social, prefieriendo que el asunto se diluya en el nectar de la desvergüenza y la impunidad, como ha ocurrido ya con denuncias anteriores que afectan a supuestos análogos y apuntan a ámbitos también coincidentes.
Sea como fuere, en la reunión del pasado martes no llegaron a ninguna conclusión, ante las airadas protestas de algunos y los "balones fuera" de la mayoría, sin que desde la presidencia se promoviese la lógica de una "tolerancia cero" hacia la suplantación de la identidad de socios y la falsificación documental con el objeto de manipular los resultados de una asamblea (algo que, afortunadamente, evitó la Secretaría General) y, también igualmente grave y poco mencionada, la utilización para ello de una información censal confidencial, puesta necesariamente a disposición de los defraudadores por parte de algún custodio de la misma, ya sea de forma intencionada, o negligente. Honestamente, resulta difícil explicarse cuáles son las reservas de los miembros de la Junta Directiva (no de todos, afortunadamente) para denunciar unos hechos que parecen ofrecer pocas dudas y cuya comprobación ha sido minuciosa y rigurosa, independientemente de que exista alguna incertidumbre sobre las responsabilidades derivadas, las personas implicadas, o la metodología empleada, algo que, en todo caso, parece más adecuado dejar a la investigación policial que, sin duda, va a llevarse a cabo una vez interpuesta la necesaria denuncia.
¿Qué ha ocurrido realmente?
- Que se ha producido la falsificación de 32 delegaciones de voto (lo que supone un 41% del total) para la asamblea del pasado 23 de junio es algo fuera de toda duda, toda vez que se han hecho las comprobaciones oportunas.
- Que desde la Secretaría General se detectó esta manipulación, evitando, si no el daño reputacional a la entidad derivado de este penoso episodio, sí, al menos, el cumplimiento de los objetivos finales del, o los, defraudadores, que no era otro que adulterar la voluntad social y, supuestamente, favorecer una intención de voto determinada.
- Que para la perpetración de este fraude era necesario el acceso a unos datos censales que no son públicos y están sujetos a la legislación de protección de datos, lo que introduce la posibilidad de un presunto delito contra la misma, o varios, si tenemos en cuenta que el defraudador ha necesitado de la complicidad de algún custodio, o, al menos, de una negligencia que permitiese el acceso de cualquier otro colaborador necesario.
- Que para lograr su presunto objetivo, es decir, fortalecer una intención de voto determinada, era también necesario adjudicar esas delegaciones falsificadas a socios que hubieran manifestado de alguna manera, o que su circunstancia así lo indicase, su intención de asistir a la asamblea en cuestión, así como su adscripción a la intención de voto que se deseaba favorecer.
Todo ello produce una incómoda vinculación que es necesario aclarar, siendo los propios afectados, es decir, los destinatarios de las delegaciones falsificadas, los más interesados en hacerlo (o, al menos, deberían serlo).
- Que una vez detectado el delito (y digo delito, porque no hablamos de una presunción, toda vez que las falsificaciones son un hecho comprobado) e independientemente de los detalles que lo acompañen (que, insisto, deberá esclarecer la investigación policial), la Junta Directiva no tiene otra opción que denunciarlo ante la instancia que proceda, poniendo a su disposición toda la documentación disponible y asegurando la mayor colaboración por parte de la administración en la investigación consiguiente.
Pero, al menos de momento, habiendo debatido esta cuestión ya en la pasada reunión, no se llegó a alcanzar un acuerdo en este sentido, algo que, al margen de cuestiones formales perfectamente subsanables de cara a una votación no prevista, no invita a pensar que exista una unanimidad a la hora de abordar esta cuestión, lo que es, desde luego, desconcertante, dada la evidencia del fraude y el perjuicio que una actitud tibia por parte de la entidad causaría a su ya deteriorada imagen, al margen de las responsabilidades que se derivarían de ello a nivel personal y colectivo.
¿Qué debería hacerse?
Es un hecho que, desde la Secretaria General se ha manifestado la recomendación de denunciar este fraude, algo que parece obligado, además, en su caso, dada su responsabilidad como garante del proceso afectado. De hecho, independientemente de lo que decida la Junta Directiva, su denuncia personal es ineludible, por razones obvias.
No es menor, sin embargo, la responsabilidad de la Junta Directiva, cuya pasividad en este asunto podría conllevar una responsabilidad razonablemente asociable, en el entorno del artículo 451 del Código Penal, a un posible encubrimiento.
Lo primero que debería hacer la Junta Directiva es consultar a los Servicios Jurídicos de la casa, que entiendo asistirán a la reunión, pues lo contrario sería inexcusable, sobre las consecuencias de los hechos revelados y la responsabilidad, personal y colectiva, de los miembros de la misma, así como exigir una clara indicación de la forma correcta de proceder en este caso (sin admitir la habitual ambigüedad que, a menudo, acompaña a las intervenciones de quienes prefieren evitar comprometerse a asumir una responsabilidad que les corresponde como asesores técnicos).
Personalmente, si yo fuera miembro de la Junta Directiva en estas circunstancias, habría una serie de cuestiones sobre las que demandaría una respuesta clara, concreta y precisa.
1º- En primer lugar, querría saber quiénes eran los destinatarios de esas delegaciones falsificadas y, desde luego, prioritariamente, si yo me encontraba entre ellos.
En este sentido, no podemos obviar que, sin predisposición o prejuicio alguno, el ser beneficiario de alguna de estas falsificaciones te colocaría en una situación, cuando menos incómoda, ya que:
- Te convierte en beneficiario directo del fraude, ya que te proporciona una mayor capacidad de decisión, favoreciendo tu posición, no por la voluntad de un socio que te otorga su confianza, sino como consecuencia de la comisión de un delito.
- Te atribuye la condición de colaborador necesario para la consumación de ese delito, que se perfecciona en el momento en que tú ejerces tu voto, produciendo el efecto perseguido por el, o los falsificadores y sus cómplices, de haberlos.
- Todo ello te señala como primer "sospechoso" de un fraude del que podrías ser responsable directo, cómplice, mero consentidor, o, simplemente, una víctima propiciatoria.
Para los primeros casos, naturalmente, lo recomendable sería hablar cuanto antes con un abogado, pero centrándonos en el último supuesto, es evidente que, como víctima de un delito (o varios), a tu responsabilidad colectiva como administrador se une una responsabilidad personal frente a la obligada denuncia del mismo.
En caso de no estar entre los destinatarios, querría saber si entre ellos se encontraba algún otro miembro de la propia Junta Directiva, lo que, remitiéndome a lo dicho, aconsejaría una mayor contundencia de ésta, si cabe, de cara a eliminar toda sospecha de participación institucional en un asunto tan grave.
A estos, en su caso, les recomendaría especial diligencia y proactividad en la denuncia.
2º- Preguntaría después si se ha informado a los socios "suplantados" de que, no sólo han sido víctimas de una usurpación de identidad, sino también de una violación de su derecho a la protección de datos por parte de la entidad, de manera que puedan ejercitar las acciones que consideren oportunas y exigir las responsabilidades que correspondan en la cadena de sucesos necesarios para la perpetración del fraude detectado.
3º- Querría saber, también, si existe una coincidencia entre la intención de voto de los destinatarios de las delegaciones falsificadas, de forma que pueda identificarse un patrón que permita determinar si el fraude beneficia a la postura oficial, o es contrario a la misma.
Con ello, sabremos qué objetivo perseguía el defraudador, lo que, sin ser necesariamente un hecho determinante de cara a identificar a sus promotores, ni mucho menos para sugerir complicidad institucional alguna, si aconsejaría una especial determinación por parte de la junta, de ser la beneficiada.
4º- Querría saber, por último, de quién es la responsabilidad de la custodia de la firma de los socios y de ese censo filtrado a beneficio de los falsificadores.
En tiempos era el departamento de socios, y no creo que eso haya cambiado. Departamento cuya directora, por cierto, está lamentablemente de baja, por lo que será quien ejerza sus funciones y asuma su jerarquía quien deba dar las explicaciones oportunas (intentar endosar el "muerto" a los empleados del departamento sería un insulto a la inteligencia, aunque no sería la primera vez que se recurre a esa treta propia de los mediocres).
Supongo que el Sr. Restrepo, director general de Sgae, tendrá algo que decir al respecto.
Entre la guerra y el deshonor, habéis elegido el deshonor. Ya tenéis el deshonor, pero no evitaréis la guerra”.
(Winston Churchill)
No sé, en definitiva, que hará mañana la Junta Directiva, aunque me consta que hay entre sus miembros algunos con criterio serio y una postura sin fisuras, ni medias tintas, en un tema tan grave.
Pero, no me preocupa, en realidad, la responsabilidad de cada uno, ni las consecuencias que se deriven, individual o colectivamente, de una decisión desacertada o una tibieza injustificable.
¡Allá cada cual!
Lo único que me preocupa es que la Sgae pueda dar una imagen deplorable como entidad en la que, si es en apoyo del "gobierno", todo vale, incluso la flagrante e impune falsificación de votos (haciéndonos pensar si no estaremos ante la "punta del iceberg" de un fraude social de mayor envergadura).
Por ello, la responsabilidad de la Junta Directiva mañana es mucho mayor, incluso, de lo que creen.
Lo que está en juego es la propia credibilidad de la entidad y del propio concepto, ya bastante castigado, de la gestión colectiva, que difícilmente sobreviviría a un mensaje tan escandaloso...
José Miguel Fernández Sastrón
(22 de julio de 2021)
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