El Secretario General, Germán Bercovitz, se negó a responder con claridad acerca de la compatibilidad de dicha propuesta con el vigente TRLPI, limitándose a asumir la opinión de la directora de los SSJJ de la entidad y trasladando la responsabilidad a los socios, quienes cuentan, dijo, con la información suficiente y decidirán lo que estimen oportuno.
La Presidenta, en lugar de exigir una respuesta a Bercovitz, cerró el debate e impidió más intervenciones, en el más puro estilo autoritario, obstaculizando así que se diera más información a los socios presentes.
Nunca antes había presenciado algo parecido en una asamblea de Sgae (y he ido a muchas) y nunca se me había impedido exponer una información esencial y responder a las falsedades e inexactitudes vertidas impunemente por miembros de la mesa.
Esto no es ciencia-ficción, es lo ocurrido el pasado jueves en la Asamblea Extraordinaria de Sgae.
Lo ocurrido en la Asamblea es tan serio, que no permite mucha literatura y lo mejor es exponer los hechos y circunstancias de manera sucinta y clara (para más detalles sobre la cuestión, pueden leer el anterior artículo, https://www.asesorautor.com/post/la-donación-del-30-de-enero-damunt-de-cabró-a-la-presó).
1- ¿Qué decía el punto número 5?
El punto 5 del orden del día decía textualmente:
5. "Aprobación, en su caso, de la incorporación en los ingresos de la Entidad de la diferencia existente en los derechos pendientes de reparto".
Ello deja fuera de toda duda que lo que se proponía era incorporar a los ingresos de la entidad un dinero que proviene del reparto y que constituye (y así lo definía el auditor, Ernst & Young, en su informe de los pasados ejercicios, en su NOTA 16) "un pasivo contable por importe de 10.143.258 euros, que corresponde a los socios de SGAE" dentro de la partida denominada "Derechos en periodo ordinario de reparto", que incluye los "derechos cobrados que están en trámites de distribución e imputación a socios".
Pero, si la hubiera, no hay más que acudir al documento que la Sgae publicó en su web para información de los socios sobre este punto, bajo el título "DERECHOS PENDIENTES DE REPARTO" y que habla de "Importes pendientes de reparto" con total claridad.
2- ¿Por qué decimos que el punto 5 es "ilegal"?
Una vez claro que se trataba de aprobar una incorporación a los ingresos administrativos de la entidad de un dinero que proviene del reparto, veamos qué dice la legislación vigente al respecto.
Concretamente, el artículo aplicable es el 175 (Recaudación y utilización de los derechos recaudados), en su apartado 4, del TRLPI, que establece:
"175.4. Las entidades de gestión no estarán autorizadas a utilizar los derechos recaudados ni cualquier rendimiento derivado de la inversión de los mismos para fines distintos del reparto a los titulares de los derechos, salvo para deducir o compensar sus descuentos de gestión y el importe destinado a financiar las actividades y servicios previstos en el artículo 178 de conformidad con las decisiones adoptadas en su asamblea general".
Está claro que una propuesta que dice "Aprobación, en su caso, de la incorporación en los ingresos de la Entidad de la diferencia existente en los derechos pendientes de reparto" no parece compatible con el artículo 175.4 del TRLPI que acabamos de exponer y que prohibe expresamente "utilizar los derechos recaudados ni cualquier rendimiento derivado de la inversión de los mismos para fines distintos del reparto a los titulares de los derechos..."
Porque lo que se proponía era, precisamente, hacer eso, es decir, utilizar un dinero recaudado, que forma parte de la bolsa del reparto, para fines distintos del reparto, en este caso fines administrativos (que no han especificado, pero, como veremos pronto, serán, seguramente, equilibrar unas malas cuentas - que, eso sí, no conoceremos hasta la asamblea del próximo mayo - y cumplir con algún que otro compromiso "político").
¿Era tan difícil responder sí, o no, señor Bercovitz?
¿De ser perfectamente legal y ortodoxa su propuesta, pues él es responsable de la redacción del orden del día, habría tenido que hacer tanto requiebro para, en definitiva, no pronunciarse?
Pues, por insólito que resulte, el secretario general (las minúsculas son, en su caso, muy merecidas) no tenía opinión al respecto, o no quiso darla a la Asamblea, escudándose en informes externos (que no se mostraron y cuya existencia es dogma de fe, al menos para los socios presentes), en la opinión de la directora de los SSJJ, Marta Beca y, lo que es peor, descargando la responsabilidad en los socios que, según dijo, tenían la información necesaria y tomarían la decisión oportuna.
Lo hicieron, sí, pero sin conocer la opinión de Bercovitz (ni los aludidos informes), un secretario general que abdicó de su responsabilidad ante la Asamblea.
De hecho, dijo sin sonrojarse, no tenía opinión.
Y eso que se lo puse fácil. No tenía más que comparar el texto de la propuesta del punto 5 con el artículo 175.4 del TRLPI y pronunciarse sobre su compatibilidad. Pero se negó a ello, visiblemente incómodo.
Tampoco yo respondí a algunas inexactitudes, ni expuse más detalles relevantes (como que, en realidad, el problema excede a esos 10 millones, ya que estos son el saldo contable de una serie de diferencias entre las cantidades manejadas por el departamento de operaciones y el financiero, y esa partida está compuesta por cifras que revelan que se habría repartido de más en algunos ámbitos y de menos en otros, siendo el reparto de cine el más perjudicado, lo que significa que el montante total de el dinero implicado, sujeto a inexactitudes, es muy superior).
Pero en mi caso fue porque me lo impidieron, negándome la palabra después de mi primera intervención (que obviamente no gustó). La presidenta, Pilar Jurado, consideró el tema más que debatido y cortó por lo sano, impidiéndome dar respuesta a quienes defendían desde la mesa una propuesta ilegal, evitando así que los socios presentes contaran con una información muy relevante al respecto.
Tampoco pidió la presidenta la opinión de la directora de operaciones para aportar su visión de este asunto, pese a ser el departamento implicado, junto con el financiero (yo quería pedirla, pero, como he dicho, no me lo permitieron).
El caso es que Bercovitz no quiso sacarnos de dudas y pronunciarse sobre la posible ilegalidad de su propia "criatura", en forma de redacción de una propuesta que los socios iban a votar sin la información suficiente. Eso lo decidirá otro foro, al que el secretario general, mucho me temo, tendrá que responder y la presidenta no podrá acallar negándole el micrófono.
3- ¿Qué argumentaba la Administración para justificar la propuesta?
Como ya hemos dicho, el secretario general, señor Bercovitz, dio la callada por respuesta y fueron el director financiero, Gerardo Rodriguez, la directora de los SSJJ, Marta Beca, y por último el director general "provisional", señor Angaramo, los que se "mojaron" (y mucho, en algún caso, algo que el acta de la sesión deberá reflejar con la debida literalidad, pues dada la gravedad del asunto, así lo solicité al Notario, señor Monedero).
Gerardo Rodriguez dio la versión financiera, no pudiendo eludir la realidad de que esta incorporación de dinero a las "arcas" administrativas era muy conveniente para las cuentas de la entidad y más concretamente para compensar un "desequilibrio" en su patrimonio neto.
Luego, presionado por la rigurosa intervención del editor Rafael Aguilar, y con una voluntariosa actitud de colaboración con la "causa", llegó a decir que esa partida era, en realidad, un "error contable", lo que propició la intervención de otro editor, Carlos Martinez, quién le preguntó si ese dinero no era, entonces, real.
"Si no lo es y es un simple apunte contable erróneo, corríjase, pero si existe ese dinero y está ahí, repártase a sus dueños", vino a decir Martinez, con buen criterio, ante la incomodidad de un Rodriguez que dejó claro que el dinero "existía y estaba" (como era evidente, por otra parte, ya que de poco les serviría en caso contrario).
Gerardo Rodriguez se tiró a la piscina y defendió una propuesta que, apenas dos años antes, había denunciado, costándole el despido por parte del entonces director general, que también tenía sus planes administrativos sobre ese dinero y lo que, a la postre, le costó el puesto, restituyéndose a Rodriguez en el cargo.
Su sorprendente defensa de la propuesta solo puede justificarse en que, financieramente hablando, es conveniente para los actuales gestores (y para sus cuentas, naturalmente) y en que la cuestión jurídica, que es aquí lo más grave, es ajena a su competencia. Pero resulta difícilmente creíble un cambio de criterio tan radical y hasta irrespetuoso para con los socios, que huele a distancia a "coyuntural".
Sobre todo si tenemos en cuenta que en marzo de 2018 definía la cuestión ante el consejo como "una contingencia muy importante" y "un problema serio", para añadir que "Si lo correcto es lo que dice reparto, las cuentas anuales pudieran no reflejar la imagen fiel de la entidad. Si la cifra correcta, en lugar de ser la del departamento de recaudación y reparto, fuera la de las cuentas anuales, los socios hubiesen dejado de cobrar 10M€".
Y si, como dijo, ese dinero "existe y está", es evidente quienes son sus dueños. Pero es que, si fuera un error contable, como señaló en su intervención, lo que estarían haciendo sería aún más grave, ya que no estarían corrigiendo un apunte contable, sino creando uno a su medida y con ello un activo utilizable, cuya procedencia seria la recaudación actual.
Marta Beca asumió la responsabilidad jurídica, procediendo a leer el artículo 175.4 del TRLPI al que nos venimos refiriendo, para, sin mayor explicación, decirnos que era una propuesta legal.
Me pregunto si será tan determinante su respuesta más adelante, ante otro "público".
Si acaso, intentó una vaga referencia a las excepciones que introduce dicho artículo cuando dice que la entidad queda liberada de la prohibición de disponer de ese dinero en los casos en que se utiliza "para deducir o compensar sus descuentos de gestión y el importe destinado a financiar las actividades y servicios previstos en el artículo 178 de conformidad con las decisiones adoptadas en su asamblea general".
Naturalmente, yo le hubiera respondido (aunque no dudo de que ella lo sabe perfectamente) que esa excepción no sería en modo alguno aplicable al caso que nos ocupa, ya que, en lo que se refiere a los descuentos de gestión, estos deben someterse a la Asamblea en un punto concreto y específico y suponen, además, un porcentaje determinado y variable sobre la recaudación en los diferentes ámbitos. Y por lo que respecta a los importes que contempla el artículo 178, estos tienen, a su vez también, su propio recorrido y tampoco caben aquí. De hecho, y aunque ello no resolvería la irregularidad, en momento alguno se ha especificado el destino final de ese dinero.
Pero no pude responder a Marta Beca, ni prevenir a los asistentes de su erróneo argumento, ya que se me negó el micrófono. La presidenta no lo consideró necesario, ni oportuno (sobre todo esto último, seguramente).
La explicación de Beca excede, por lo tanto, a la más variopinta interpretación jurídica sobre una cuestión tan clara y hasta al más elemental respeto a los socios. Y, por supuesto, a la prudencia de Bercovitz (que le ha endosado el "muerto" y ella ha caído como si fuera "nueva", cuando el "nuevo" lo es él).
Pero la responsabilidad de una directora de los SSJJ de Sgae a la hora de asesorar a los socios ante una decisión como esta no es cosa baladí y afirmar lo que allí afirmó tendrá consecuencias, de eso no me cabe duda.
Pero si una intervención me sorprendió, fue la de Juan Carlos Angaramo, el actual director general, contratado con fecha de caducidad.
Comenzó defendiendo la necesidad de cuadrar las cuentas y resolver el desequilibrio patrimonial (lo que contradecía la versión presidencial, en el sentido de que esta defendía que la propuesta no tenía nada que ver con las cuentas). Cifró el desequilibrio mencionado en once millones de euros (hablamos de números rojos), cuestión sobre la que tuve que corregirle en mi único turno de palabra (a partir de ahí se me retiró el micrófono) y recordarle que había trece millones no provisionados, en un limbo en el que los introdujeron Recio y la presidenta en las cuentas de 2018 (que el consejo nunca reformuló, pese a la opinión de la auditoría).
También tuve que corregirle (esto ya de viva voz y sin derecho a micrófono) cuando procedió a dar lectura de la NOTA 16 del Informe de Auditoría de 2017, pero leía en realidad el de 2018, ya redactado bajo el "imperio pilariano", más conveniente para sus argumentos (en el que se prescindía ya del término "que corresponde a los socios", cuando se refería a este pasivo concreto, sustituyéndolo por un menos rotundo "pasivo con los socios") lo que tuvo que reconocer, disculpándose.
Defendió la propuesta, además, ante la imposibilidad de "identificar" a los supuestos beneficiarios, lo que conlleva dos contradicciones no menores:
- En primer lugar, existen mecanismos utilizados para repartir el dinero, en base a sondeos o analogías, por ejemplo, en ámbitos como radios, bares, discotecas etc (por no hablar de la "copia privada"). Según el argumento de Angaramo... ¿Debería Sgae también "apropiarse" de esas recaudaciones ante la falta de identificación precisa?
- Pero en segundo lugar, dado que el problema es la identificación, ¿por qué no han planteado, ya puestos a ello, asignar esta partida a la bolsa del "Pendiente de Identificación" (P.I)?
La respuesta es más que previsible. El dinero que se genera por "prescripción" de este P.I tiene unos plazos y tiene un destino marcado por el TRLPI y no puede utilizarse para tapar agujeros de gestión.
Simplemente, esa fórmula no les servía...
Pero lo realmente sorprendente, por emplear un calificativo neutro, fue su reacción cuando pareció apreciar que alguno de los asistentes mostraba interés por esos diez millones como "saldo repartible". En ese momento, con cierto tono de complicidad, el señor Angaramo argumentó que no debían pensar que todo ese dinero era parte de un reparto a los socios, sino que también incluía a los "representados".
Esos representados, para que todos lo entiendan, son las entidades extranjeras cuyos repertorios recauda Sgae en España y que tienen el mismo derecho a cobrar lo que les pertenece que los socios nacionales.
El argumento se retrata por sí mismo y no merece más comentario...
Finalmente, la Asamblea aprobó la propuesta de incluir ese dinero del reparto en los ingresos administrativos de la Entidad. Una propuesta incompatible con el artículo 175.4 del TRLPI, pero con las bendiciones activas de Presidencia, Dirección General, Dirección de Servicios Jurídicos y Dirección Financiera de Sgae, así como el silencio pasivo, pero solidario, del Secretario General (que nunca debió permitir la inclusión de dicho punto 5).
Y a partir del pasado jueves, con las bendiciones del 71,42% de los 1.440 socios participantes (de los que, 567 votaron electrónicamente, sin asistir a debate alguno y sin otra información que la breve página que publicó Sgae en su web, que les mostramos al inicio).
En realidad, si tenemos en cuenta que hay alrededor de 25.000 socios con voto, de los que podemos considerar algo más de 6.000 con una recaudación "profesional", la conclusión es que es una exigua minoría la que decidió "regalar" a los gestores esos 10 millones de euros, adoptando una decisión ilegal, estimulada por una presidenta dispuesta a todo por maquillar sus malos resultados económicos y secundada por una administración que olvidó que se debe a los socios, a todos ellos y no solamente a los 39 que hoy se sientan en la Junta Directiva encabezada por Pilar Jurado.
Y es que la Sgae se ha convertido en una asociación política y ha dejado de ser una asociación de profesionales, que exijan una gestión rigurosa de sus derechos y unos resultados económicos acordes con la importancia de nuestro repertorio y nuestro territorio. Eso es algo que ha distanciado a muchos socios (cada día son menos los autores referenciales que asisten a las asambleas, aparte de los nombres relevantes que ya han dejado la entidad) y que difícilmente entienden las entidades extranjeras a las que representamos en España, lo que, de seguir así, conllevará una diáspora hacia soluciones más modernas y efectivas para la gestión de derechos en nuestro país.
Entre tanto, seguimos sin recaudar, contrariedad esta a la que hemos añadido el precedente de compensar esta carencia regalando nuestro dinero y "premiando" con ello una gestión deficitaria.
Algo que la Ley no permite, como nuestro secretario general debería saber y sobre lo que no debería callar...
José Miguel Fernández Sastrón
(1 de febrero de 2020)
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