Tras la reunión de la Junta Directiva de ayer martes, incluso antes de que esta concluyese, la Sgae emitió un comunicado a los socios para informarnos de los acuerdos adoptados y muy especialmente de la convocatoria de unas nuevas elecciones para el próximo 22 de octubre. Pero lo que anuncia, en realidad, es otra cosa mucho más inquietante.
El comunicado es, en sí mismo, un despliegue de intenciones y de falsas verdades, cuando no flagrantes mentiras, que mantiene el espíritu propagandístico de la etapa de Pilar Jurado, lo cual es lógico, por otra parte, si tenemos en cuenta que estamos ante la misma Sgae, la misma Junta Directiva y la misma gestión que ha caracterizado estos dos últimos años. Eso es así, por mucho que un esforzado Antonio Onetti, que ocupa ahora la presidencia y que era hasta entonces vicepresidente, se empeñe en vendernos una nueva etapa de transparencia y virtudes que solo están en su imaginación (aunque leyendo sus múltiples entrevistas parecería que acaba de llegar, como cuando habla de "un equipo diferente", lo que resulta casi cómico).
Después de todo, Onetti ya es veterano en estas cosas, no en vano formaba parte de la cúpula de la AUNIR de Antón Reixa, en 2012 (entonces fue presidente de la Fundación, además de miembro de la JD), cuando inventaron también aquello de la "Nueva Sgae" (que en resumidas cuentas venía a ser una Sgae desorientada, politizada, cuya recaudación cayó en más de 100M€ anuales y que, efectivamente, era irreconocible para propios y extraños).
Reixa apenas duró un año en el cargo y no lo echó la famosa "rueda" (nunca tan empoderada como en la actual legislatura, escoltada precisamente por los Onetti y Cabal que clamaban por la concordia y la unidad hasta hace un par de meses), como se empeñó en proclamar para disfrazar su fracaso como gestor. Fue cesado por sus propios compañeros de AUNIR, cansados de su prepotencia, entre ellos el propio Onetti y su inseparable Fermín Cabal, entonces y hoy vicepresidente de Gran Derecho, pero que parece también un impoluto recién llegado, ajeno a los dislates que, junto con el resto de la Junta Directiva, salvo muy pocas excepciones, han protagonizado durante esta etapa nefasta.
Ya entonces aspiraba Onetti a la presidencia, pero le colaron a un inédito José Luis Acosta, un hombre mucho más discreto que, a la postre, aguantó sin grandes aspavientos hasta su dimisión en 2016 (con unas elecciones de por medio que lo refrendaron en el cargo, desde la mutación de AUNIR a PLURAL, otro invento de la factoría "Cabal y cía" en busca de esa "Nueva Sgae" que se dejó millones de la recaudación por el camino hacia la pluralidad, en ese empeño (ya casi alcanzado) de convertir una próspera gestora de los derechos patrimoniales de sus socios en una cueva política y un retiro dorado para una generación de directivos desocupados (que se han superado en esta última etapa, en la que las peleas por el "carguito" y la proliferación de reuniones innecesarias e inútiles ha supuesto un coste de más de 1,5M€ a los socios, que, como contrapartida, han visto caer la recaudación en 70M€ en 2019. Eso sin Covid-19, que afectará a las cuentas de 2020 y que no veremos hasta el año que viene, aunque no descarten que utilicen el argumento para justificar la desastrosa gestión de este último año y sus pobres resultados, que exigirán, con toda seguridad y si no hacen trampa, un importante aumento en el descuento de administración. Es decir, los socios pagaremos, una vez más, no solo la incompetencia de una gestión calamitosa, sino también las cuantiosas dietas de unos directivos que han decidido que se vive mejor del dinero de los autores y editores, que de los derechos que ellos mismos generan.
Y pagamos también, como no, los anticipos excepcionales (e irregulares) que la ex-vicepresidenta de Pequeño Derecho, Inma Serrano, y sus compañeros de bancada se autoaprobaron (y que supusieron alrededor de otro millón y medio de € para las arcas de la entidad, es decir, del dinero de todos los socios), mientras la caja es incapaz de atender a las necesidades de un colectivo muy castigado por la crisis actual (la actual Junta Directiva anunció ayudas por valor de 15M€, que han quedado en papel mojado, como tantas otras promesas de esta legislatura infausta. Ver https://www.asesorautor.com/post/mentiras-piadosas).
Pero la culpa, ya lo saben, es solo de Pilar Jurado, porque los que siguen ahí sentados, con Onetti a la cabeza, parece ser que no se enteraban de nada.
Pero volvamos al insólito comunicado de Sgae que nos ocupa.
- Empieza con un anuncio de elecciones el próximo 22 de octubre. La fecha era más que previsible. Yo, de hecho, la vaticiné entre el 20 y el 25 de ese mes. Y no porque tenga dotes adivinatorias, sino porque, una vez que las vieron inevitables, se trataba de mantenerse el mayor tiempo posible, pero sin llegar a cumplir los dos años de mandato, ya que ello dejaría a seis o siete miembros de la actual junta fuera de juego (por la limitación a dos mandatos consecutivos), cuyos votos eran necesarios para aprobar la convocatoria (toda vez que ya se sabía que los "Inma boy's" se aferrarían a una situación difícilmente repetible y no están por la labor de dejar el sillón, al menos hasta que no consigan sus fines esenciales, que tienen muy poco que ver con los de la entidad y sus socios y mucho con sus propias "cuentas de resultados").
- Continua el comunicado con otra supuesta buena nueva, en este caso, con el anuncio de la "normalización institucional" tras la aprobación por parte del ministerio de los nuevos estatutos (que aprobó la asamblea el pasado mes de enero).
Dice, concretamente, que "La institución recupera la normalidad tras la aprobación de los estatutos por parte del Ministerio de Cultura".
El problema es que ni una cosa, ni la otra, son ciertas. Onetti, parece ser, quiere competir con Pilar Jurado en su empeño de crear una realidad paralela y utiliza sus dotes como guionista para hacer este comunicado de ficción.
Porque la realidad es que no se ha recuperado la normalidad institucional, sino todo lo contrario. De hecho, se ha dado un paso atrás, haciendo inútil la pasada asamblea, ya que los nuevos estatutos deberán llevarse de nuevo al órgano soberano, que deberá refrendarlos con una mayoría cualificada de 2/3, como consecuencia de la irresponsable (no sé si por prepotencia, o mera ignorancia) omisión de una negociación previa con el ministerio (como era la práctica habitual) y de haber llevado a la asamblea unos estatutos que no habían consensuado con el órgano supervisor y que ahora parecen incapaces de defender, pese a que fueron aprobados, a propuesta de esta junta, por la asamblea de socios.
Pero no queda aquí la cosa y la actual Junta Directiva no solo hace una incomprensible dejación de funciones en su obligada defensa de los intereses de Sgae y sus socios, sino que nos sitúa en un limbo jurídico difícilmente gestionable y a merced de los vientos y los caprichos del destino, un destino escrito (como explicaremos otro día) y que nuestros representantes en la junta han rubricado ayer.
Empecemos por la convocatoria de elecciones.
Sabemos que serán el próximo 22 de octubre.
Pero, lo que no sabemos es a qué socios irá dirigida, ni el número de votos implicados en el proceso electoral.
Y no lo sabemos porque tenemos tres variables:
1- La que imponen los estatutos actualmente vigentes, es decir, los anteriores a la reforma que la asamblea aprobó el pasado 30 de enero y que el ministerio ha rechazado (muy concretamente, además, en lo relativo al proceso electoral y el sufragio activo).
A día de hoy es la única técnicamente vigente.
2- La que impondrían los estatutos aprobados el pasado 30 de enero por la asamblea. Esta es la menos probable, por no decir totalmente inviable, toda vez que, ni están vigentes a día de hoy, ni cuentan con el visto bueno ministerial para estarlo en un futuro (habiéndose rechazado muy específicamente los artículos que afectan a la cuestión que nos ocupa).
Tampoco contribuye a sus expectativas el hecho de que la Junta Directiva haya renunciado a defender sus propios estatutos, plegándose sin ofrecer resistencia a un capricho muy lesivo por parte del "redactor" público, tras la negociación de Onetti y Restrepo con un Carlos Guervós que actúa (quiero pensar que de buena fe) bajo los auspicios y la guía del que fuera director jurídico de Sgae, Pablo Hernández, quien tiene su propia hoja de ruta y a quien encomiendan sus asuntos los representantes españoles de las "majors", que creen todavía a día de hoy que trabaja para ellos, cuando son ellos los que trabajan para él y llevan años financiando sus desvaríos y sus sueños de montar una gestora a medida de sus intereses, para lo que tiene, primero, que dinamitar la gestión colectiva.
Naturalmente, no podemos excluir acciones particulares ante la Administración, por parte de socios que quieran defender los intereses de la entidad (y los suyos, como socios), de forma individual o colectiva, ante la evidente indefensión a que la someten sus órganos de gobierno renunciando en nuestro nombre.
3- La que impone el texto modificado por el ministerio, que precisaría para ello ser refrendado por una mayoría de 2/3 de los socios de Sgae reunidos, de nuevo, en asamblea.
Las modificaciones exigidas por el ministerio son enormemente lesivas para la Sgae en particular y para el concepto de gestión colectiva en general, aparte de suponer un claro agravio comparativo con otras entidades que no puede aceptarse con resignada inoperancia, como hacen, la actual Junta Directiva de Sgae, su presidente, Antonio Onetti y sus responsables técnicos, desde los Servicios Jurídicos hasta la Secretaría General (obligados a advertir a los directivos de las calamitosas consecuencias del texto propuesto y de la imperiosa necesidad de oponerse a él, algo que, según nos comentan, no habrían hecho). Rechazar la modificación del artículo 21 que hace el ministerio, y que pretende dar voto a los más de 120.000 socios de Sgae, independientemente de que casi 100.000 no sean activos ni generen recaudación alguna, es una obligación de la actual Junta Directiva, no solo porque con ello se pone la entidad en manos de intereses externos perfectamente identificados, sino que es un agravio comparativo inaceptable con otros estatutos, de otras entidades (ver, sin ir más lejos los de la AIE y su definición de socios activos y) a las que sí se permite protegerse de estas circunstancias (con el visto bueno del mismo ministerio que nos lo niega a nosotros).
Lo mismo ocurre con el anuncio de que "Asimismo, los socios habrán de elegir a los integrantes de la nueva Comisión de Supervisión..."
A día de hoy se estaría convocando para la elección de un órgano que no contemplan los estatutos aún vigentes. El hecho de que Sgae esté obligada por el TRLPI a contemplarlo no hace sino subrayar la falsedad del comunicado cuando dice, como ya hemos visto, que "La institución recupera la normalidad tras la aprobación de los estatutos por parte del Ministerio de Cultura".
No se ha recuperado tal normalidad, pues no existe tal aprobación.
Tampoco sirve el que la reforma aprobada por la asamblea el pasado 30 de enero sí contemple este órgano en sus artículos 77 y ss, ya que la modificación ministerial afecta directamente al mismo, tanto en su composición (art.78), como en circunstancias relativas a su elección (art. 79), rechazando parcialmente dichos artículos y dejando, por lo tanto en el aire esta cuestión.
La convocatoria electoral está, por lo tanto, como hemos señalado, en un limbo legal difícilmente justificable y que hace muy difícil saber quiénes podrán votar, cuántos votos habrá en liza, e, incluso, a qué órganos votaremos el próximo 23 de octubre.
Nada más lejos de la "normalidad institucional" que nos quiere vender Onetti y, una vez más, tal y como nos tienen acostumbrados en esta legislatura, ya a punto de expirar prematuramente, los comunicados son un brindis al sol. Relatos bucólicos, en definitiva, pero muy alejados de la realidad que viven los socios y que no parece ofrecer un horizonte muy despejado.
Y esto no es lo más grave.
La dejación de funciones de la actual junta, ansiosa de ponerse alguna medalla, le ha hecho aceptar dócilmente unas modificaciones estatutarias que, aunque es justo decir que incluyen alguna corrección oportuna al texto aprobado por la asamblea, son en gran medida un torpedo directo a la linea de flotación de la Sgae y de la gestión colectiva en general, aparte de suponer un intolerable agravio comparativo respecto de otras entidades españolas (por no hablar de las extranjeras, pero en eso de defender lo propio, en esta país vamos muy retrasados y es casi utópico pensar que eso esté en la mente de nuestros diligentes supervisores).
Pero eso lo contaremos en una próxima entrega, porque merece un monográfico. El objetivo es la Sgae. Lo es desde hace tiempo, pero nunca antes una Junta Directiva había facilitado tanto el camino.
Comienza la cuenta atrás, no lo duden. Pero el problema mayor es que no hay nadie al timón, se avecina la tormenta y quieren despojarnos de los salvavidas y hasta de los remos...
José Miguel Fernández Sastrón
(27 de mayo de 2020)
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