"Se cuenta que el conde Vimioso le pregunta a Vasco de Gama (explorador portugués) qué mercancías hay en la India para traerse y cuales quieren ellos a cambio. Vasco contesta que de allí se trae pimienta, canela, jengibre, ámbar y almizcle, y que ellos -los hindúes- quieren oro, plata, terciopelo y escarlatas. Entonces... -dice el conde- «¡Son ellos quienes nos han descubierto!»."
Hasta hoy, los socios de Sgae estábamos acostumbrados a que en las asambleas, desde la Presidencia y la Junta Directiva, se nos pidiera nuestra confianza y se nos hicieran promesas diversas, todas ellas encaminadas a hacernos creer que la prosperidad llegaría con ellos, siempre que votáramos favorablemente a sus propuestas.
La siempre innovadora, como ella misma se describe a menudo, Pilar Jurado, vuelve sin embargo a sorprendernos con una solicitud digna de su trayectoria y nos pide, además de esa confianza habitual, que los socios le regalemos 10 millones de euros para que le cuadren sus cuentas, intentando con ello maquillar el resultado de una gestión muy deficiente y de decisiones muy desafortunadas y, ya de paso, o tal vez no tanto, contar con una caja improvisada que le permita afrontar sus muchos compromisos.
Han leído bien, sí... ¡10.000.000€!, que necesita para hacernos creer que las cosas no van tan mal, pese al descalabro que supone una caída dramática de la recaudación que, en el caso de "Radiodifusión y Cable" - léase especialmente las TVs -, cuando conozcamos las cifras (que Pilar Jurado ya debe conocer y si fueran buenas ya habríamos recibido varios comunicados, alguna encíclica y hasta una ópera bufa), me atrevo a pronosticar que el desplome no será inferior a un 30%, o incluso peor, algo que no parece que vaya a mejorar, si nos atenemos a lo que anuncian en los presupuestos publicados de 2020, para el que prevén una recaudación de 49,6 millones para la radiodifusión y cable, un record más de la presidenta, frente a los 105 millones que presupuestaron para 2019 (y que, lejos de cumplir, si han llegado a los 90 se pueden dar con una canto en los dientes), y muy lejos de los 132 millones que dejamos como recaudación de radiodifusión en la anterior legislatura, en las cuentas de 2018 (algo que molesta mucho a la presidenta y que achaca, con deliberada falsedad, a atrasos, intentando descalificar unos resultados que dejan su gestión en bastante mal lugar).
Eso sí, ella sigue diciendo que "en estos once meses hemos conseguido una de las recaudaciones más importantes de esta década" (el "hemos", no se confundan, es plural "mayestático", y habla de once meses porque ella entró en febrero, claro, ya que su Junta Directiva, la misma, pero con Hevia al frente, durante el mes de enero, lo hizo también fatal, naturalmente, hasta su llegada providencial).
El caso es que, a falta de recaudación (diga lo que diga, y ya lo veremos), la presidenta y sus asesores remunerados han pensado que darle un "mordisco" al dinero de los socios puede ser una solución a corto plazo para salvar los muebles (los suyos, claro).
Y a ello se han puesto...
Hablamos del punto número 5 del orden del día de la próxima Asamblea Extraordinaria, que dice:
5. Aprobación, en su caso, de la incorporación en los ingresos de la Entidad de la diferencia existente en los derechos pendientes de reparto.
¡Que sutil eufemismo...! "¡Oh admirable coma! ¡Maravillosa coma! ¡Genio de la Justicia! ¡Oráculo de la Ley! ¡Monstruo de la Jurisprudencia!", que escribía Don Jacinto Benavente, en la obra cuyo título, "Los intereses creados", viene muy al caso.
Dicho así, suena hasta bien... (aunque está lejos de estar bien).
La información que proporcionan al socio en la web de Sgae (y eso porque lo solicité en un mail al secretario general, ya que no estaba incluida en la información facilitada "motu proprio", lo que hace pensar que la improvisaron a salto de mata para incluirla al día siguiente) es bastante sucinta, por ser generosos, y no ayuda mucho a entender una cuestión que, seguramente, cuanto más se difumine, mejor para la presidenta, pues de ser bien entendida por los socios tendría muy difícil que no se le cayera la cara de vergüenza por tan burda incursión en la "cartera social".
Leemos en dicha información publicada que: “A 31 de diciembre de 2017, la Sociedad mantenía dentro de esta partida, un pasivo contable por importe de 10.143.258 euros con los Socios de SGAE y que superaba la cifra existente en los departamentos de reparto y recaudación de la entidad. En 2018, la Sociedad ha encargado un estudio a una empresa externa”.
- Lo primero es traducir estos términos a un lenguaje más accesible para todos (algo que, naturalmente, no está entre las prioridades de nuestros gestores en este supuesto). Donde leemos "un pasivo contable por importe de 10.143.258 euros con los Socios de SGAE " debemos traducirlo al lenguaje común de los mortales como un dinero que se debe a los socios y que, como tal deuda, figuraba en las cuentas de Sgae de 2017 y 2018 (antes no se había detectado esta casuística). Es decir, más de 10 millones de euros que debieron repartirse, pero que siguen en las arcas de la entidad y que ahora Pilar Jurado pretende convertir en ingresos de su gestión.
El término "pasivo", como la mayoría de ustedes saben, engloba aquello que "debes", frente al "activo", que, por el contrario, define lo que "tienes". Lógicamente, todas las organizaciones aspiran a que su activo sea mayor que su pasivo, pero solo una, a cuya cabeza se sitúa a una presidenta que en alguna ocasión se ha autovinculado a la "Providencia" y que parece querer reivindicar su condición por medio de un "milagro" digno de Caná, osaría aspirar a este superávit de balanza transformando un pasivo en un activo, convirtiendo 10 millones que debe a sus socios en 10 millones que sus socios le regalan generosamente en una asamblea.
Eso, al menos, es lo que nos dicen que recomienda la empresa auditora contratada al efecto, aunque hay que decir en su favor que, al menos, sugieren hacer una pequeña reserva por si algún socio reclamara lo que le corresponde.
Según la información de Sgae, dicha empresa propone textualmente:
"Grant Thorton propone que el 90% de importe anterior se impute como ingresos de la Sociedad. El 10% restante, por principio de prudencia mantenerlo como reserva, por un período de cinco años".
Algo que podríamos traducir como, vale tía, pero no te lo quedes todo y deja un poquito ahí por si te pillan...
- Continúa el informe asegurándonos que existe un "Informe jurídico del despacho Cuatrecasas que respalda la realización de la operación propuesta en el punto anterior".
Francamente, me llama la atención este entusiasta respaldo por parte de una firma de abogados tan prestigiosa. Tanto, que me obliga a preguntarme qué les habrán contado exactamente y en qué términos habrá hecho Pilar Jurado su consulta.
También resulta extraño que no aludan a la opinión de los Servicios Jurídicos de Sgae, que deben conocer perfectamente la diferencia entre un dinero procedente del reparto, y que es por lo tanto de los socios, y un ingreso administrativo.
Claro que podrán decir que, precisamente, aunque sea de forma tan velada y poco clara, lo que se solicita a la asamblea es que les permita apropiarse de ese dinero para utilizarlo como les venga en gana.
A unos y otros no les vendría mal repasar el artículo. 175.4. del vigente TRLPI, que establece que “Las entidades de gestión no estarán autorizadas a utilizar los derechos recaudados ni cualquier rendimiento derivado de la inversión de los mismos para fines distintos del reparto a los titulares de los derechos, salvo para deducir o compensar sus descuentos de gestión y el importe destinado a financiar las actividades y servicios previstos en el artículo 178 de conformidad con las decisiones adoptadas en su asamblea general”.
Y estamos hablando de un dinero que proviene de la recaudación, que pertenece a los socios y que debe destinarse al reparto. La propuesta es, cuanto menos, confusa y expone a la asamblea a aprobar (aparte de un "sinpa" de su gestora) una posible irregularidad, toda vez que se pretende llevar a ingresos administrativos una partida que proviene de la recaudación y figura como una deuda con los socios, para dedicarla a no se sabe que fines (pues no se da información alguna al respecto), pero que son distintos del reparto a los titulares de los derechos.
Pero es que, además, no es de todos los socios, sino de aquellos a quienes corresponda en virtud de su origen y titularidad, lo que supone añadir a la arbitrariedad de la propuesta una injusticia manifiesta.
- Pero si algo es digno de aplauso es el veredicto de los auditores externos (que entendemos se refiere a la firma Ernst & Young, que nos audita desde hace algunos ejercicios ya), siempre en función de lo que nos dice el comunicado de Sgae, naturalmente. Según éste: "Nuestros auditores externos nos han manifestado su conformidad con el criterio descrito no considerándolo como inadecuado".
Algo que podríamos también traducir como que, no lo aplauden, pero que puede colar...
¿No lo encuentran fascinante?
No les parece "inadecuado", ya lo ven. Esa debe ser otra de las innovadoras políticas de Pilar Jurado y sus adláteres. Antes se presentaban a la asamblea las propuestas que se consideraban más adecuadas. Ahora, parece ser, basta con que no sean inadecuadas, o no del todo...
Al redactor habría que darle un "bonus" por su ingenioso retruécano (como el que ha repartido la presidenta a los más leales colaboradores dentro de la administración, según nos comentan...). Y es que se comprende que no le dé el dinero para tantos gastos, tantos sueldos de nuevo cuño, tantos anticipos "estratégicos" (en este último caso, la paradoja será que utilizarían su propio dinero para dárselos, si es que sobra algo de los 10 millones que ya tienen previsto, seguramente, un destino más "político" e "institucional").
La duda que nos suscita el críptico comentario de Ernst & Young a día de hoy (o que, al menos, le atribuye Sgae) es ¿qué no considera inadecuado exactamente...?
¿No le parece inadecuado que se utilice un dinero procedente del reparto (que si no se ha repartido es por alguna carencia por parte de la entidad), en contra de lo que establece el artículo. 175.4. del vigente TRLPI (que en ningún caso contempla este destino), para convertirlo en un ingreso administrativo que "maquille" la cuenta de resultados?
¿No le parece inadecuado el "milagro de los panes y los peces" que permite convertir un "pasivo" en "activo", algo bastante insólito, y más aún a costa de los dueños de la entidad? (lo que, no se engañen, es un descuento de administración encubierto y, para mayor escarnio, aleatorio, ya que solo algunos socios corren con el coste de proporcionara a la presidenta su aparente "fondo de reptiles").
Porque lo que sí está claro es lo que decía Ernst & Young en su informe auditoría de 2017, cuando, en su NOTA 16, se refería a esta "partida" como "... un pasivo contable por importe de 10.143.258 euros, que corresponde a los socios de SGAE...". Es decir, que tenía claro que era un dinero de los socios que formaba parte del "saldo de los derechos pendientes de reparto" (lo que lo sitúa en el centro de la diana del mencionado artículo 175.4.)
Ya en su informe de auditoría posterior, de 2018 (también en su NOTA 16), pero con Pilar Jurado a los mandos, Ernst & Young suavizó un poco el contundente "pasivo contable por importe de 10.143.258 euros, que corresponde a los socios de SGAE", que sustituyó por el menos comprometido "pasivo contable por importe de 10.143.258 euros con los socios de SGAE", que resulta mucho menos inquietante, y provoca en mí una enorme curiosidad ante la redacción que nos ofrecerá en su próximo informe de 2019...
En definitiva, y para concretar, la propuesta que se nos hace a los socios en el punto número 5 del orden del día de la próxima Asamblea General Extraordinaria del día 30 de enero (y esto vale para preasambleas y votantes "electrónicos") es de "juzgado de guardia", dicho en términos coloquiales (aunque probablemente también sea válido en el más literal de los sentidos). No solo supone, sin dar la información necesaria (el informe publicado en la web, de apenas media página, es una broma) apropiarse de unos fondos que pertenecen a los socios, sino que pretenden hacernos, no ya cómplices, sino responsables directos de una decisión que contraviene de forma muy directa la legislación vigente, diga lo que diga el asesor de Cuatrecasas, si es que realmente ha dicho lo que le imputan (cuyo informe jurídico no se nos ha mostrado, como tampoco el aludido de la firma Grant Thorton) . Vamos, que encima de meternos la mano en la cartera, seremos nosotros los que habremos dado la bendición a una tropelía insólita, en nuestro propio perjuicio, y respondiendo, además, de sus consecuencias.
En tierras valencianas dicen aquello de "damunt de cabró, a la presó", en casos como éste. Y, si viviera el "conde Vimioso", nos diría, seguramente, ante esta burda estratagema de Pilar Jurado y su séquito de paniaguados...
¡Son ellos quienes os han descubierto...!
José Miguel Fernández Sastrón
(17 de enero de 2020)
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