“Toda verdad atraviesa tres fases: primero, es ridiculizada; segundo, recibe violenta oposición; tercero, es aceptada como algo evidente.”
No deja de sorprendernos la Sgae del señor Onetti con sus comunicados.
Ya hemos comentado algunos de ellos, todos con un denominador común: su género literario, mas cercano a la ficción que a la información y en general adornado de un carácter apologético propio de quienes, abandonados por unos hechos que se obstinan en retratar sus carencias, se ofuscan en la creación de relatos que suplan la escasez de sus logros o difuminen sus notables y numerosos dislates.
El caso es que, desde una posición tan compleja como la que vive hoy la entidad, recientemente absuelta del pecado de la corrupción auto-asumida (que resultó también imaginaria), sus gestores actuales deberían ser más cuidadosos con su coqueteo habitual con esa fina línea que separa lo grotesco de lo temerario, siendo lo primero una constante en su comunicación, pero, en ocasiones, rayando en lo segundo de forma casi suicida, amparados, no sé si en el mal consejo, o en la arrogancia de quienes han disfrutado de una impunidad sin precedentes y han llegado a creerse inmarcesibles.
Lo de hoy, sin embargo, rebasa las más audaces expectativas.
Han conseguido reunir en un texto relativamente breve toda una manifestación de lo que supone la actual gestión de la Sgae, demostrando su capacidad (su incapacidad ya no precisa de demostraciones) para faltar a la verdad, insultar a los socios, desautorizar a un juez, declararse fuera de la ley y mostrarse totalmente enconada en su fortín de los despropósitos, ajena a cualquier autocrítica y fuera de la realidad.
Comienza el texto diciendo: "Queremos comunicarte que, en cumplimiento de un Auto dictado en un procedimiento de medidas cautelares por el Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Madrid, con fecha 10 de marzo, esta entidad ha procedido a la suspensión cautelar de dos de las integrantes de su Comisión de Supervisión".
Al margen de recordar al cronista que lo que ha acordado el Juzgado de 1ª Instancia nº21 de Madrid es "la suspensión cautelar del Acuerdo adoptado en el punto 3 del orden del día de la Asamblea General Extraordinaria de 30 -11-2020 en relación con la designación como miembros de la Comisión de Supervisión de la SGAE de Doña María Paz Carmona Olías (Coco Carmona) y Doña Urquiola de Palacio del Valle de Lersundi, su cese y separación como miembros de dicha Comisión hasta recaiga sentencia", es necesario explicar lo que esto supone (que poco tiene que ver con la narrativa "onettiana").
Para empezar, dado que se ha suspendido cautelarmente el propio acuerdo de sus nombramientos, sus ceses son una mera consecuencia efectiva de ello, lo que conlleva que esa Comisión de Supervisión de la SGAE que "sigue activa y desarrollando su labor con todas las garantías", siempre según el comunicado, estaría viciada de origen y por lo tanto, no está en realidad conformada en su composición estatutaria, por lo que difícilmente puede actuar en forma alguna y menos desde la legitimidad.
Esto sitúa a la entidad fuera de la ley, en lo que al artículo 162 del vigente TRLPI se refiere, por más que intenten vendernos lo contrario.
Esta desafortunada situación se debe, nos dicen, a "una demanda particular en la que se cuestiona la idoneidad de ambas profesionales...", eludiendo el hecho de que la única razón estriba en su empecinamiento en unos nombramientos cuestionables, de cuya inoportunidad fueron reiteradamente advertidos.
Nada dicen, por cierto, de la dimisión anterior de otro de los miembros externos, el señor Astarloa, que dejaba ya de por sí mermada la composición de la citada comisión, siendo el primer aviso que ponía en evidencia la imprevisión de nuestros gestores. Parece ser que no se tuvo en cuenta (y a él, seguramente, no se le informó de su implicación) su vinculación a la Sgae como heredero, lo que suponía una causa de inelegibilidad manifiesta que, ni el señor Onetti, ni sus asesores apreciaron, o tuvieron en cuenta, a la hora de proponer su candidatura.
Esa "demanda particular" (término que parece pretender deslegitimar su origen y hasta cuestionar su naturaleza), conviene aclararlo, ha sido interpuesta por un SOCIO de la entidad, que, no sólo está en su derecho de hacerlo, sino que advirtió de sus dudas en el transcurso de la asamblea en cuestión, dando así oportunidad a corregir la pifia en ese momento. No sólo eso, sino que, ajustándose escrupulosamente al texto estatutario, solicitó un "Acto de Conciliación" que permitiese a la dirección de Sgae rectificar su error sin llegar a los juzgados, que se celebró sin avenencia.
A la vista de ello y como último recurso acudió dicho socio a los tribunales, en defensa de sus derechos (y de los de todos los socios, incluidos aquellos que se muestran hostiles a estas iniciativas, soportando dócilmente los constantes atropellos a que nos vemos sometidos, pero beneficiándose a la postre del decoro y coraje ajenos).
Lo sé bien porque participé como testigo en dicho acto de conciliación, en mi condición de socio asistente a la asamblea que, además, también había advertido al señor Onetti y demás miembros de la mesa sobre el particular, asombrado por el desafortunado argumentario de la dirección jurídica, y la candidez del presidente cayendo en su propia trampa. Su afán por defender la valía profesional de los candidatos, que no ha sido cuestionada, ni por mi, ni creo que por nadie, no persigue sino desplazar el foco de la realidad, que no es otra que la inoportunidad de su propuesta a la luz de los requisitos (y del propio espíritu) estatutarios para el cargo.
No me creyeron a mí, ni al socio litigante; y ahora tampoco creen al juez que ha determinado que se dan los indicios suficientes como para tomar esta medida cautelar, cuyo criterio, una vez más según el comunicado, no estiman "que se ajuste a derecho". Debe ser terrible para su Señoría saberse cuestionado por tan docta letrada, pues es de suponer que sea la directora jurídica de la casa la responsable del informe que tendrá sin duda Onetti sobre su mesa y que le ha permitido su arriesgado anuncio a los socios.
¿Qué ha pasado? (dicen)
Naturalmente, la culpa es del socio litigante (acusica Barrabás, en el infierno te verás), del juez, o del lucero del alba, pero nunca de ellos.
Sin embargo, omiten la realidad más evidente y es que, si hubieran tomado la más elemental precaución de nombrar algún suplente (como se hace habitualmente en otros casos, por lo que ni siquiera tenían que exprimirse demasiado el cerebro), no existiría problema alguno para la conformación provisional de la comisión que, entonces sí, estaría "activa y desarrollando su labor con todas las garantías", como dicen en el comunicado, en un ejercicio de irresponsabilidad digno de mención.
Pero, una vez más, la soberbia y la chapuza se impusieron en esta Sgae que no levanta cabeza, bajo el yugo de la incompetencia, la opacidad, y el desapego a los verdaderos intereses de sus socios, que asisten a un desfile de calamidades sin parangón en la trayectoria de una entidad centenaria que agoniza.
¿Cuál es la situación actual? (dicen)
La situación actual es algo distinta a la que nos pintan.
Según el comunicado, como hemos comentado, "La Comisión de Supervisión de la SGAE sigue funcionando con todas las garantías para asegurar el buen gobierno en la SGAE. Debemos recordar la necesidad e importancia de la Comisión de Supervisión de la SGAE, un órgano cuya estabilidad es fundamental para la consolidación de las buenas prácticas en una SGAE sana".
Lo que pasa es que eso no es verdad. La comisión no sigue funcionando. De hecho, no ha llegado a funcionar, simplemente, porque a día de hoy no está constituida formalmente.
Para ello, y esa es la gran cuestión, será necesario nombrar a nuevos candidatos que la completen (de forma definitiva, o interina a la espera de un veredicto final).
El problema es que eso exige convocar a la ASAMBLEA GENERAL y el señor Onetti, ya de por sí poco aficionado a dar la cara (de hecho, como presidente es "virgen", asambleariamente hablando, en su faceta presencial, pues siempre ha optado por la vía telemática) no parece dispuesto a ello, por razones obvias: la masa social está bastante "cabreada" con los resultados de su gestión y ya ha padecido en sus propios bolsillos las consecuencias de esa eficacia y transparencia que tanto nos venden.
Quizás por eso busque en su asesoría jurídica los argumentos para evitarlo (que, mucho me temo, son los expuestos en el comunicado, lo que, una vez más, dice poco de la dirección jurídica de la entidad). Y, claro, no están los tiempos, se dirá la criatura, para jugársela por un despiste de nada, con la renovación - con nombre y apellidos - de la dirección jurídica en el calendario de los que mandan de verdad (Onetti tiene bastante con mirarse al espejo y hablar en tercera persona) y la única rama salvadora de una Secretaría General que pronto podría estar también disponible. Y eso teniendo por delante, además, conflictos a causa de los desafueros fiscales, cualitativos y cuantitativos generados en arbitrarios repartos recientes, que van a exigir de la imaginación de la insigne letrada, o de la que haga sus veces, en su más que probable paso por los juzgados.
¿Cuales son los pasos a seguir?, habrá dicho el gran timonel marcando el paso a su letrada, con ese gesto inequívoco de “esto me lo arreglas”.
Y la directora jurídica, siempre dispuesta a complacerlo, se ha puesto a ello con vigor, que no con rigor.
Porque, a la vista está que Marta tiene un "marcapasos"...
José Miguel Fernández Sastrón
(3 de abril de 2021)
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