Es natural y hasta justificable que una entidad, cualquiera, construya el relato de sus vicisitudes con el mayor optimismo posible, protegiendo su imagen de toda tentación de descrédito, de sí misma o de sus gestores. De hecho, es plausible la labor de los responsables de comunicación que consiguen convertir un contratiempo en casi un éxito, dibujando una realidad paralela más conveniente que la que se derivaría de una mera narración de los hechos, sin adornos ni templanzas.
Pero no podemos dejar de reconocer que esta admirable pericia tiene unos límites, que fija la ética, aun con toda la flexibilidad necesaria; y en algunos casos el sentido común, o incluso una cierta capacidad de rubor.
Y es que, si bien estas licencias pueden ser oportunas y justificables cuando se trata de una comunicación al público, no lo parecen tanto cuando estamos ante la información que la entidad da a sus dueños, los socios, ya que, en este caso, la medida se dirigiría, o así podría entenderse, a evitar que estos puedan conocer la realidad, sin tamices ni veladuras, de la propia entidad y de sus gestores, lo que no admite margen alguno para la retórica y la hipérbole.
En el caso que nos ocupa, el comunicado de Sgae tras la asamblea del pasado día 27, estamos ante un ejemplo de lo anteriormente comentado, pero lamentablemente en la faceta más criticable.
No puede comenzar peor, con un titular que, aparte de ignorar matices muy relevantes que después analizaremos, lanza un mensaje difícilmente digerible para una mente razonablemente estructurada:
La realidad es que la propuesta de la Junta Directiva para la adaptación de los estatutos a la legislación vigente no fue aprobada por los socios, al no alcanzar la mayoría de 2/3 necesaria para ello. Hablar de "victoria", enfatizándola de manera tan notoria (y sin referencia alguna al calificativo que debiera, en último caso, acompañarla) es lanzar un mensaje equívoco, que lo es aún más si analizamos con rigor los números y las circunstancias, como podremos comprobar más adelante.
Nos recuerdan, además, que "En la anterior Asamblea, celebrada el pasado mes de junio, la reforma de Estatutos presentada entonces recibió un 66,6% de votos negativos, y un apoyo del 31,4%". Luego analizaremos estos datos, pero es obvio que el mensaje a trasladar es que, aunque no han conseguido su objetivo, lo han hecho mucho mejor que sus antecesores.
De hecho, según leemos en la prensa, "Desde la entidad aseguran a este periódico (El País) que “es un vuelco importante” respecto a la asamblea general del pasado mes de junio, cuando José Miguel Fernández Sastrón presentó su propuesta estatutaria y fue negada por completo.
Ya lo saben, estamos ante un gran avance en la confianza de los socios, que no han aprobado los nuevos estatutos, pero solo "un poquito", a diferencia de los de junio, que fueron muchísimo más rechazados.
La verdad es que la diferencia podría explicarse en que unos estatutos, los de junio, además de asumir los preceptos de la nueva legislación, presentaban un proyecto completo de reforma estatutaria, que, lamentablemente, no contó con el respaldo de los socios, mientras que los rechazados hoy apenas contemplaban modificación alguna, más allá de lo estrictamente obligatorio, lo que supone, no tanto un rechazo a una reforma estatutaria, como a quienes la presentan, lo que debería invitar a alguno a la reflexión, más que a la autocomplacencia.
Pero seguramente sería más fácil explicarlo diciendo que los hoy máximos defensores del SÍ, el presidente Hevia y su entorno, defendieron pública y activamente su NO el pasado mes de junio, lo que viene a dejar muy claro que esa mayor confianza que tanto le consuela proviene de "casa", sumada la de algunos colegas y amigos. Después de todo, a 31 votos por cabeza (y el entorno del presidente se mueve en esas cifras con toda seguridad) no hace falta estimular a tantos socios para conseguir un buen puñado de votos.
Pero la explicación más evidente se encuentra en otro dato que la Sgae de Hevia soslaya. Y no solo soslaya, sino que tergiversó previamente, ocultando en un anuncio absolutamente manipulador una realidad totalmente contraria que, seguramente, allanó el camino para esa supuesta "victoria pírrica", tan inútil como quimérica.
El pasado día 14 de diciembre, a dos semanas de la Asamblea, publicaba el diario ABC el siguiente titular:
Este diario había sido muy crítico con la ausencia de voto electrónico en las pasadas elecciones (lo que hubiera exigido una reglamentación compleja, imposible de abordar en esas circunstancias, salvo si se hubiese hecho al modo de la chapuza impresentable que Hevia y su entorno han perpetrado en esta asamblea). Sin embargo, se traga el anzuelo de forma insólita (y no es el único).
Y así proclama con júbilo que "Desde el próximo lunes 17, a las 10.00 horas hasta el 21 de diciembre, a las 20.00 horas, los socios de la SGAE podrán ejercer su derecho al voto electrónico en la Asamblea General Extraordinaria de la entidad del 27 de diciembre. El objetivo de esta medida es ofrecer las máximas facilidades de participación a sus socios".
Ya lo ven. Por fin se había introducido el voto electrónico, tan demandado, entre otros, por el propio ABC y con ello se había garantizado una mayor participación de los socios.
Todo un éxito, desde luego, y una demostración de fervor democrático por parte de Hevia y su Junta Directiva (con exclusión de las honrosas excepciones que no comparten su errática política).
Y lo sería, sí, si no fuera porque el voto electrónico en asamblea lo implementó la anterior Junta Directiva, que yo presidía, y se utilizó ya en las dos asambleas anteriores, la primera con poca incidencia, por la falta de costumbre y una regular comunicación al socio, pero la segunda, el pasado junio, ya con un notable éxito de participación que luego comentaremos.
Lo que han hecho el presidente Hevia y su Junta Directiva, lejos de aprobar un voto electrónico que ya existía y de facilitar la participación, por más que duela al cronista, mejor intencionado que informado, y contradiga a su entusiasta titular, ha sido todo lo contrario: reformar la reglamentación que hicimos en su día, estableciendo complejos requisitos que han dificultado mucho, cuando no imposibilitado, el ejercicio de este voto electrónico, lo que evidencia, además, el análisis de su incidencia en esta asamblea en comparación con la de junio.
Y a los números me remito:
El pasado junio, más de mil socios utilizaron el voto electrónico, añadiendo 12.675 votos a los presenciales y delegados. Todo un récord de participación, sin duda.
En esta última asamblea, tras la nueva regulación del presidente Hevia, que hizo casi imposible utilizar dicho sistema, solo 188 socios (frente a los 1.003 de junio) pudieron utilizarlo, aportando 2.853 votos (frente a los 12.675 de junio).
La diferencia es, desde luego notable y deja una pregunta en el aire que, tal vez, rebaje el optimismo del presidente:
¿ Son menos hoy los socios que se oponen a los estatutos del presidente Hevia y su Junta Directiva que los que rechazaron los de la que yo presidía, o es que aquellos no han tenido la facilidad de entonces para pronunciarse?
La pregunta no es capciosa. Sobre todo si tenemos en cuenta un último dato:
De los 12.675 votos electrónicos del pasado junio, más de un 75% (9.592) rechazaron los nuevos estatutos.
Bueno, eso que se han ahorrado, tal vez, con la nueva reglamentación de un voto electrónico que fue determinante el pasado mes de junio y que las circunstancias lo han hecho mucho menos decisivo hoy.
Aunque a la postre poco importa y, salvo para el comunicador de Sgae, de poco ha servido y nada hay que celebrar.
La realidad, en todo caso, es que la situación es compleja y preocupante.
Sgae debe necesaria y urgentemente conseguir la aprobación por parte de la Asamblea de una reforma estatutaria que se ajuste a la legislación vigente y para ello necesita de una mayoría de 2/3, que no podrá jamás conseguirse sin un consenso que permita concitar ideologías, intereses y pretensiones de los diferentes colectivos profesionales.
Los números son claros para cualquiera que conozca un poco la masa social de Sgae.
Pero debe, además, estar al tanto de los movimientos políticos que las entidades europeas están realizando y sus posibles consecuencias en forma de modificaciones (mejor llamarlas "correcciones") de una directiva europea muy lesiva para el concepto de gestión colectiva (y en beneficio de una gestión selectiva), evitando que nuestro ordenamiento jurídico incurra de nuevo en idiosincrasias tan típicas de nuestro entorno legislativo.
Hablar, por lo tanto, de "victoria" es una extravagancia insólita, por no decir un insulto a la inteligencia de los socios, que esperan con preocupación, si no un mensaje de esperanza y de futuro, que difícilmente obtendrán en las actuales circunstancias, al menos una sensación de que alguien pilota este barco, hoy políticamente a la deriva.
Y eso sin considerar el otro tropiezo de la tarde asamblearia: el rechazo del reparto de diciembre de 2018 por parte de la Asamblea, cuyas consecuencias fueron incapaces de explicar, ni el presidente, ni el secretario general, pese a la pregunta suscitada por el ex-vicepresidente de Pequeño Derecho, Javier Losada, en una oportuna y muy juiciosa intervención al respecto al término de la reunión.
Pero de eso, y de otras cosas, hablaremos en una próxima entrada, porque da para ello...
José Miguel Fdez. Sastrón
(29 de diciembre de 2018)
Comments