Voy a hacer una excepción a mi política en este blog, en el que habitualmente me ocupo de cuestiones técnicas, políticas, o jurídicas, para referirme a una lamentable situación que me afecta personalmente y que considero necesario compartir ante la indefensión frente a quienes, supuestamente desde la entidad que presidí hasta el pasado 12 de noviembre, han propiciado, o cuando menos consentido, una información que cuestiona gravemente mi honorabilidad como expresidente, acusándome de prácticas constitutivas de un delito contra la confidencialidad debida en el ejercicio de dicho cargo.
Vaya por delante que me he dirigido previamente al Secretario General de la Sgae, Carlos Lopez, con la esperanza de encontrar la solidaridad que, ante hechos como el que nos ocupa, uno cree poder esperar de la entidad a cuyos órganos de gobierno ha pertenecido durante los últimos años y que ha llegado a presidir. Sin embargo, la respuesta vaga y formalista por parte del señor Carlos Lopez (aunque clara en lo fundamental), que parece desentenderse de la cuestión sin hacer la menor referencia a la gravedad del asunto, así como el silencio del presidente, que está en copia, me obligan a emprender mi propio camino para denunciar la falsedad de una información que me perjudica, me ofende y que no estoy dispuesto a pasar por alto.
Me refiero al artículo publicado por OK Diario sobre unas supuestas investigaciones en Sgae que me afectarían. Me gustaría, eso sí, dejar claro que entiendo que el diario en cuestión se limita a exponer una información recibida, de una fuente interna que considera autorizada, y no tengo nada que reprochar al mismo. Si acaso, que no haya intentado contrastar la información conmigo, aunque poco podría yo aportarle al respecto de las decisiones que hayan podido tomar la Administración o los órganos de gobierno de la entidad, o sus motivaciones.
Por si el titular no fuera suficientemente descriptivo, el artículo continua afirmando que "Una investigación encargada por la nueva Junta de la SGAE apunta al ex presidente Sastrón como responsable de la filtración de los ingresos de algunos autores".
Obviamente, la información recibida por el diario en cuestión deja claro que se estaría ante una decisión de la Junta Directiva, que habría encargado investigarme como sospechoso de determinada filtración, con el propósito, para más detalle, de impedir el nombramiento del señor Hevia como nuevo presidente, lo que señala a continuación cuando dice que "Las sospechas se dirigen al ex presidente José Manuel Fernández Sastrón, que habría filtrado esos datos para evitar el nombramiento de Hevia".
¿Las sospechas de quién?
Algo contradictorio resulta el texto que a continuación expone que "Las primeras conclusiones de la investigación apuntan a que los datos fueron entregados por una asesora externa de la SGAE a Antonio Martínez Bodí, jefe de los servicios jurídicos de la entidad en la etapa de Sastrón, ya jubilado. Bodí habría pedido ese informe para la Comisión Deontológica, que entonces no existía. “Existen mails que así lo prueban”, aseguran fuentes conocedoras de la investigación".
La verdad es que me resulta difícil deducir, tras su lectura, que indicios hay en él que me apunten, más allá de la circunstancia cronológica que menciona, lo que me hace pensar que, de ser cierta la información, si estas son las evidencias tras las primeras conclusiones de esa supuesta investigación, la decisión de apuntarme, tomada antes incluso de tenerlas, solo pudo deberse a un impulso caprichoso e intuitivo del presidente, (o de la junta directiva, lo que parece descartado) tan arbitrario como desatinado. Y tampoco aporta mucho más el apartado que me dedican expresamente, encabezándolo con mi apellido, que transcribo a continuación:
Sastrón
"Se da la circunstancia de que la filtración del informe con los ingresos de los autores elegidos en las elecciones del 26 de octubre se produjo en el tiempo extra que prorrogó Sastrón y ocupó en funciones la presidencia de la SGAE, retrasando del 6 al 12 de noviembre la celebración de la Junta Directiva que nombró a Hevia.
En el entorno de Hevia se interpreta ese retraso como un intento de ganar tiempo para tumbar a Hevia, que ganó las elecciones de octubre y dejó fuera al que en principio era favorito, el que fuera presidente de la sociedad Teddy Bautista. Al filtrar los datos de sus ingresos horas antes de la celebración de la Junta, se buscaba “forzar su dimisión”, según fuentes del sector, al ligar a Hevia con el caso de La Rueda, un posible fraude en el cobro de derechos de canciones emitidas por las televisiones en horario de madrugada".
Como vemos, se insiste en una circunstancia cronológica y en la interpretación que el "entorno de Hevia" (sic) hace de los hechos.
Debo aclarar, en primer lugar, que no hubo retraso alguno en la celebración de la junta, que nunca fue convocada, como dicen, el día 6, sino que se estableció desde un primer momento la fecha del día 12 de noviembre. Entre otras cosas, porque era el plazo razonable, a fin de permitir el cumplimiento de los trámites preceptivos para la toma de posesión. Otra cosa es que alguien tuviera prisa en tomar posesión, por los motivos que fuesen, y se le hiciera muy larga la espera. De hecho, la posible confusión la propició el propio secretario general, que aventuró arbitrariamente una fecha antes de la reunión habitual del comité ejecutivo que debía fijarla.
La filtración en cuestión parece referirse a un informe que incluiría los ingresos de los autores elegidos en las pasadas elecciones, aunque algunos matizan que, en realidad, solo se han filtrado los datos del propio Hevia. Desconozco unos u otros. No son de mi incumbencia, ni he tenido la oportunidad, ni la voluntad, de conocerlos y menos aún de filtrarlos a medio alguno. Y, además, no veo en que medida podrían los datos de su recaudación (por más que no apruebe en modo alguno su filtración y la censure sin paliativos) resultar perjudiciales para las expectativas del señor Hevia de presidir la entidad, salvo que arrojasen alguna realidad censurable que le suscite tal inquietud, cosa que me excede y sobre la que no tengo, ni conocimiento, ni opinión.
Por todo ello, como he dicho, he dirigido el siguiente correo al Secretario General, señor Lopez:
"Sr. Secretario General, Leo con estupor la noticia que publica OK Diario, cuyo titular reza "Lío en la SGAE: la entidad investiga a Fernández Sastrón por filtrar los ingresos de autores” y cuyo acceso le adjunto a continuación. https://okdiario.com/economia/2018/12/03/lio-sgae-entidad-investiga-fernandez-sastron-filtrar-ingresos-autores-3408089 En relación con este desafortunado episodio, le conmino a que a que me confirme este particular, así como, en ese caso, si se trata de una decisión administrativa, o de los órganos de gobierno de la entidad. De lo contrario, le exijo que proceda, como secretario general y a la mayor brevedad, a desmentir tal información, cuyo contenido supone una grave acusación hacia mi persona y un atentado contra mi honorabilidad como expresidente de la entidad, que en modo alguno puedo tolerar. Le ruego, por otra parte, traslade mi queja y este correo al presidente y a los miembro de la Junta Directiva de Sgae. Quedo a la espera de sus noticias a este respecto, lo que le ruego haga a la mayor brevedad, a fin de dar traslado a mi asesor jurídico de su respuesta de cara a iniciar las medidas oportunas en caso necesario, haciéndole a usted responsable, en primer lugar, de cualquier falta de celo en la solución de este agravio público a mi persona. No creo necesario recordarle el perjuicio derivado de una dilación por su parte en solventar públicamente este asunto. Un saludo. José Miguel Fernández Sastrón"
La respuesta del sr. Lopez fue, como he dicho, algo decepcionante, aunque esclarecedora en lo fundamental:
"Estimado señor Fernández Sastrón,
Tomo nota de su correo y copio en esta respuesta a la Presidencia de la entidad. Ignoro el origen de la noticia a la que hace usted referencia y lamento que, dada la confidencialidad que debe presidir la reuniones de los órganos de gobierno, aspecto bien conocido por usted, no pueda darle detalles más allá de la inexistencia de decisión administrativa o de los órganos de gobierno sobre el titular de la noticia".
Lo que deja claro es que no existe tal encargo por parte de la junta directiva, ni estaríamos tampoco ante una iniciativa de la administración. Sin embargo, no aclara suficientemente si existe o no dicha investigación sobre mi persona y, en caso afirmativo, quien la habría instado.
Lamentablemente, el silencio del presidente Hevia, a quién se puso en copia, no desvela su posible participación en estos hechos y si estamos ante una decisión unilateral por su parte.
También resulta revelador el final del correo del secretario general, en el que concluye que "Por otra parte, a la luz del vigente artículo 75 de los estatutos sociales, no creo que competa a este SG proceder a realizar desmentidos . Sí me compete dar traslado de su solicitud a la Presidencia , de quien depende la política de comunicación, habida cuenta de las funciones que el art. 69 de los estatutos le confieren como máximo representante institucional , profesional y social de la entidad en aras al respeto de los objetivos y fines de la misma.
Doy por cumplida su petición de informar a la presidencia de este correo. Como bien conoce, corresponde a la presidencia autorizar el envío de este tipo de comunicación a los miembros de la JD. Y así lo hará muy gustosamente la SG en tal caso".
En definitiva, lo que el sr. Lopez viene a decirme es que, aun reconociendo la falsedad, inducida por presuntas fuentes de Sgae, del titular en cuestión y de la información vertida en el contenido del artículo, no va a realizar desmentido alguno, ya que no es de su competencia, ajeno completamente al perjuicio que con ello causa a la verdad, a la propia Junta Directiva que no realizó semejante encargo, y a mi, muy directa y concretamente. Y para ello se escuda en el artículo 75 de los vigentes estatutos de Sgae, que dicen:
Artículo 75.- Del Secretario General 1.- Al Secretario General, cargo de confianza, le corresponde:
a) El cuidado de la documentación social.
b) La expedición de certificaciones relativas a los actos, contratos y documentos de la Sociedad.
c) La información de las solicitudes de alta y de baja en la Sociedad, clasificación de sus miembros y la determinación de los votos de los socios, de acuerdo con lo previsto en estos Estatutos.
d) La inscripción de las obras en los Registros de la Propiedad Intelectual de España y en oficinas análogas del extranjero, a solicitud de los socios o por acuerdo que lo declare obligatorio, de cuyo servicio se llevarán los correspondientes ficheros.
e) La preparación de las reuniones de la Asamblea General, de las Pre-Asambleas Territoriales, de la Junta Directiva, del Consejo de Dirección y de cuantas Comisiones se determinen por la citada Junta.
f) Las demás facultades que le sean delegadas por los órganos sociales y el Director General.
Solo el apartado 1. a) ya deja bastante claro que el secretario general no debería desentenderse de forma tan displicente de este asunto, aunque solo fuera porque cualquier filtración documental afecta directamente a su responsabilidad institucional, lo que lo involucra en todo proceso que ataña a este tipo de situaciones.
Afirma, además, el sr. Lopez que la decisión de desmentir una información falsa y trasladar mi queja a los miembros de la Junta Directiva es exclusivamente competencia del presidente, cosa que, si bien pudiera desprenderse del artículo 69 en lo primero, no aparece expresamente reflejado en ninguna disposición estatutaria concreta en lo que respecta a lo segundo (nada impide al secretario general, por lo tanto, acceder a mi solicitud en ese aspecto, lo que no hace voluntaria y deliberadamente). Por otra parte, tampoco el sr. Hevia ha dado señal alguna al respecto. Y lo que parece es que, ni la atribución a la Junta Directiva de un encargo que no existió (como deja claro el señor Lopez en su correo y me han confirmado miembros de la propia Junta, lo que no es cuestión baladí), ni la acusación en falso a un expresidente de la entidad merecen un desmentido por parte del secretario general, ni del presidente de Sgae, que tampoco consideran oportuno dar traslado a la Junta Directiva de mi queja, pese a solicitarlo yo expresamente en mi correo, entendiendo, supongo, que no es de la incumbencia de la misma.
Ello me obliga a trascender el ámbito interno para hacer mi denuncia públicamente, lo que hubiera preferido evitar, pero no se me ha permitido. Creo que lo adecuado y lo oportuno hubiera sido un desmentido por parte de la Sgae al diario en cuestión, dejando clara la falta de veracidad de sus fuentes, pero ante la negativa del señor Carlos Lopez y el silencio del señor Hevia, me veo en la obligación de hacerlo yo, sin menoscabo de reservarme las actuaciones que pudieran ser oportunas en el caso de confirmarse una deliberada desinformación por parte de alguna persona ligada a la entidad.
No terminaré sin hacer referencia a una cuestión que pasa desapercibida en el artículo de OK Diario y que tiene, seguramente, una relevancia mayor de la que se le da.
Me refiero a cuando dice que "Bodí habría pedido ese informe para la Comisión Deontológica, que entonces no existía. “Existen mails que así lo prueban”, aseguran fuentes conocedoras de la investigación".
Antonio Martinez Bodí era en ese momento el director de los Servicios Jurídicos de Sgae y efectivamente encargó dicho informe, como él mismo expone con toda claridad al sr. Hevia, en cumplimiento de su obligación y de cara a la preceptiva reunión de la Comisión Deontológica que debe estudiar los posibles conflictos de interés, en caso de existir, por parte de los consejeros electos, y que no tenemos noticia de que se haya producido.
Bodí explica con toda claridad la obligación de trasladar ese informe a dicha comisión, cuando dice que "el artículo 161 del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en su nueva redacción, incorpora la obligación de los miembros electos a la Junta Directiva de presentar, antes de tomar posesión, una declaración sobre conflictos de intereses para su examen y consideración. Tal y como se hizo en las últimas incorporaciones a la Junta Directiva, junto con la declaración de conflictos de intereses presentada por los cargos electos, se acompaña, para su análisis por la Comisión Deontológica, un informe interno con aquellos datos de los consejeros necesarios para que dicha comisión pueda llevar a cabo el análisis legalmente requerido y emitir sus conclusiones".
Dice también que "Estos informes debían estar terminados para la celebración de la Primera Junta Directiva el día 12 de Noviembre, ya que desde Servicios Jurídicos, hemos entendido que la Comisión Deontológica debía realizar el examen de las declaraciones de conflicto de intereses antes de que los miembros electos de la entidad iniciaran su actividad ordinaria en la Junta y Consejo, con el fin de que en las decisiones que estos órganos adoptaran, no pudieran estar viciadas por haber participado en las mismas algún miembro afectado por algún conflicto de intereses".
Pero esto es algo que el presidente sabía, y que parece pretender dilatar, o al menos eso se podría deducir de su actuación. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que, como presidente, es responsable de fijar la agenda y el orden del día de las reuniones, así como de exigir el cumplimiento de la normativa, que incluye esta preceptiva medida. También el secretario general debe exigir con la diligencia debida el cumplimiento de dicho trámite, para lo que despliega, al menos aparentemente, un empuje mucho menor que para otras cuestiones formales, si tenemos en cuenta que ya llevan varias reuniones los órganos de gobierno sin haberse cumplido esta condición, con lo que ello puede suponer en el caso de existir alguna incompatibilidad, toda vez que, según la información publicada, se han tomado decisiones de gran relevancia, desde la norma aplicable al reparto semestral de diciembre, hasta la propuesta de reforma estatutaria y la convocatoria de la asamblea que deberá, en su caso, ratificarla. Y todas estas decisiones las toma una Junta Directiva que aún no ha pasado el preceptivo filtro de una comisión deontológica, que no ha tenido ocasión de pronunciarse.
Si resulta en si mismo algo extravagante que la Junta Directiva nombre a la Comisión Deontológica que deberá juzgar las posibles incompatibilidades de sus miembros, no lo es menos que esta no se constituya porque la propia Junta Directiva rechace nombrarla en su primera reunión (demorando así el proceso) y el propio presidente, como tal el primero que debería pasar este trámite, parezca tener conocimiento previo del informe que los servicios jurídicos de la entidad preparan para los miembros de la comisión. A eso se le llama ser juez y parte, algo jurídicamente muy poco ortodoxo, si me lo permiten, aunque no inquiete al secretario general, que parece cómodo en esta situación insólita que plantea serias dudas sobre la transparencia y rigor de este proceso.
En todo caso, reitero mi absoluta indignación y rechazo ante la noticia que me atribuye hechos en los que no tengo participación alguna, ni siquiera mero conocimiento, y que atribuye a la Junta Directiva un encargo inexistente en relación a mi persona; exijo a la entidad que desmienta dicha información públicamente (toda vez que ya lo ha hecho en privado, lo que no es suficiente) y al señor Hevia, y a ese "entorno" que menciona el diario, que dejen de sembrar dudas sobre un proceso obligatorio, e inexplicablemente dilatado, como es el estudio y traslado de conclusiones de una comisión deontológica que debe pronunciarse sin más dilación sobre los posibles conflictos de interés que pudieran afectar a cualquier miembro de una Junta Directiva, incluido el presidente, que está tomando decisiones de enorme relevancia para la Sgae y sus socios (junto con otras, eso sí, que solo parecen interesar al señor Hevia).
José Miguel Fernández Sastrón
(4 de diciembre de 2018)
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