“Si fuese posible crear un robot capaz de ser funcionario civil, creo que haríamos un gran bien, ya que las Leyes de la Robótica le impedirían dañar a un ser humano, lo incapacitarían para la tiranía, la corrupción, la estupidez, el prejuicio.”
La crónica de hoy, lamentablemente, tiene menos de política, o de la habitual (por inevitable) crítica a la gestión de la Sgae que en otras ocasiones. Y digo lamentablemente, porque lo que aquí vamos a exponer es mucho más grave que la tenaz incompetencia a que nos tienen acostumbrados los Onetti, Restrepo y demás actores de una farsa que se prolonga ya demasiado, ante la que los responsables del organismo tutelar, léase el Ministerio de Cultura y muy concretamente quien, dentro de éste, se ocupa de estas cuestiones, no parecen dispuestos a ejercer sus funciones y poner coto a los manejos de una cúpula dispuesta a someter a los socios a sus caprichos, aun a costa de quebrantar los más elementales principios que deben regir la buena administración de los derechos de los socios de la entidad.
En una pasada entrega, ya comentamos el escandaloso cese del Director Financiero, señor D. Enrique Soria, (ver https://www.asesorautor.com/post/las-purgas-de-onetti-y-restrepo-quién-supervisa-a-la-sgae) y el motivo que lo había impulsado, que no era otro que la purga de un directivo que había advertido de forma rigurosa a la Junta Directiva sobre presuntas irregularidades cometidas en el reparto de los derechos a los socios, sobre la realidad de unas cifras de deficit en las cuentas (que se quiso obviar en un flagrante incumplimiento de la obligación estatutaria de informar de ello a la asamblea y proponer el preceptivo aumento del descuento de administración) y la imposibilidad material de eliminar la suspensión de los anticipos sociales de cara a la asamblea del pasado 9 de febrero, ante la insistencia de los señores Onetti, Cabal y Restrepo, que esgrimían "razones políticas" que debían prevalecer sobre las prosaicas razones financieras (estas razones "políticas" no eran otras que la posibilidad de "estimular" el voto favorable, naturalmente).
A cambio de esta actitud, que debiera ser la normal, pero está lejos de serlo en la Sgae de los señores Onetti, Restrepo y compañía, lo que obtuvo el señor Soria no fue el esperable reconocimiento institucional, sino un "despido disciplinario", a propuesta del director general y que fue avalado por una inmensa mayoría del Consejo (que lanzó así un mensaje a los trabajadores de que mejor es callar que decirles la verdad), sólo rechazado por algún consejero al que nadie quiso escuchar.
Cuando yo mismo pregunté por esta cuestión en la pasada asamblea, el señor Restrepo echó balones fuera y evitó dar explicación alguna. Lo que es evidente es que al director general le incomodaba un director financiero dispuesto a poner freno a sus aparentes manejos y se lo quitó de encima. La cuentas que nos someterán el próximo mes de junio habrán pasado ya por el "tamiz" de Restrepo, sin que aquel que de verdad las conoce pueda informar ya a los socios, pues fue oportunamente eliminado del escenario.
Pero ya ven, el "despido disciplinario" de todo un Director Financiero no parece haber suscitado el interés del MInisterio que debe tutelar la entidad, ni ser merecedor de una mínima investigación por su parte.
Recuerdo bien que, allá por los años 2016 a 2018, el celo del señor Guervós Maíllo, Subdirector General de Propiedad Intelectual, le llevó a exigirnos el pedirle permiso para cualquier cese o contratación de un director en la Sgae y cualquier alteración en el organigrama, así como a enviarle las actas de las reuniones incluso antes de que éstas fueran aprobadas por los propios órganos de gobierno.
Por ejemplo, mostró una profunda preocupación por una nueva dirección creada entonces, solicitando con sumo interés y autoritarias formas la "Justificación económica de la creación de la nueva Dirección de Reclamaciones y Control de procesos, indicando qué parte de la SGAE desempeñaba las funciones asumidas por la nueva Dirección y un "listado de reclamaciones resueltas en los últimos tres ejercicios con una indicación breve del motivo de cada una de ellas".
Hoy, el señor Guervós Maíllo, que sigue en su puesto de funcionario, asiste como un mero espectador a los dislates de los últimos dos años, de los que entiendo que debe estár puntualmente informado, sin que haya trascendido actuación efectiva alguna por su parte para poner orden en la entidad (al margen de algun requerimiento cosmético y carente de cualquier eficacia práctica). No parecen haberle suscitado el mismo interés, por ejemplo, la creación de nuevos cargos directivos, ni tampoco la contratación de ex-miembros de la Junta Directiva, como el señor García Pelayo, actual director de RRII, con un sueldo de 120.000€. Ni siquiera mostró la menor curiosidad por la contratación –para un puesto de nueva creación y diseñado exprofeso– de un miembro de la actual Junta, el señor Juan José Solana (para más inri, Presidente de la Fundación Sgae, "maquillando" así una remuneración legalmente no contemplada para dicho cargo), que cobra una sustanciosa nómina (además de las dietas como juntero). En este caso no ha exigido, que se sepa, justificación alguna el otrora celosísimo señor Guervós.
Tampoco ha llamado, parece ser, su atención el que, por primera vez, la Presidencia del Instituto Autor sea remunerada y que dicha circunstancia haya recaído, precisamente, en una persona cercana al señor Onetti.
También fue informado el señor Guervós sobre las irregularidades en relación con la aprobación en la asamblea de la conversión en un activo, como fondos propios de la entidad –para mayor gloria de las cuentas– de una partida del pasivo que correspondía al pendiente de reparto (algo totalmente inaceptable). De hecho, esta cuestión, que acabó en el juzgado, fue denunciada previamente por el demandante, señor De Tena, ante el Ministerio y el propio Guervós, sin que se produjese actuación efectiva alguna por parte del subdirector de Propiedad Intelectual. Me pregunto que pensará ahora que el juez ha confirmado, mediante una sentencia, la irregularidad denunciada que él, es de suponer a la vista de su pasividad, no consideró digna de atención. Lo cierto es que, ante la misma denuncia, el silencio ministerial resulta, cuanto menos, sorprendente frente a la sentencia judicial que se pronunció "DECLARANDO la nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) celebrada el 30 de enero de 2020 correspondiente al punto 5 del orden del día de la convocatoria de la mencionada Asamblea General Extraordinaria consistente en la incorporación en los ingresos de la entidad de la diferencia existente en los derechos pendientes de reparto Y CONDENANDO a la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) a estar y pasar por esta declaración, a abstenerse a ejecutar el acuerdo o promover sus efectos en el futuro, y a reponer la totalidad de la cantidad que hubiera sido incorporada en los ingresos de la entidad en ejecución de dicho acuerdo a la cuenta contable correspondiente del pasivo de la misma..."
Pero esto, con ser de una gravedad muy relevante, queda casi en anécdota frente al último capítulo del guión onettiano, que representa la actual Junta Directiva bajo la dirección del señor Restrepo. Me refiero al cese y consecuente despido, también disciplinario, del ya ex-Secretario General, señor Ezpondaburu, que encierra un trasfondo que explicamos a continuación.
El señor Ezpondaburu denunció ante la Junta Directiva la detección por parte de la Secretaría General de falsificaciones de votos delegados en la asamblea de 23 de junio de 2021, solicitando su autorización para interponer la oportuna denuncia ante la Policía, algo que, tras dos reuniones y no poca resistencia, acabó autorizando la junta. La documentación que acredita estos hechos, así como los nombres de las personas que habrían participado presuntamente en los mismos obra ya en sede policial, aunque no se conoce de momento actuación alguna por su parte.
El resultado de ello, en lo que a Sgae se refiere, ha sido el cese fulminante del Secretario General, señor Ezpondaburu y su despido (también de carácter "disciplinario") como empleado de la casa. Por si esto fuera poco, el número dos de la Secretaría General, señor Pimentel, ha sido trasladado fuera de Longoria, a otro departamento ubicado en la calle Abdón Terradas. Vamos, que se han quitado de en medio a quienes descubrieron el "pastel", que no sólo afectaría a dicha asamblea, sino que las investigaciones encargadas por estos apuntaban a que el mencionado fraude pudiera haberse producido en asambleas anteriores e, incluso, afectar a las pasadas elecciones. Un escándalo mayúsculo que ha terminado con la defenestración de aquellos que lo destaparon.
Dicho cese se produjo en la reciente reunión de la Junta Directiva. Los señores junteros avalaron la decisión de Onetti y Restrepo, pese a haber recibido un detallado informe por parte del Secretario General que dejaba bastante clara la situación, al menos para cualquiera que no quisiera mirar hacia otro lado.
¿Qué decía ese informe que los señores junteros no parecen haber tenido en cuenta a la hora de aprobar el cese del denunciante?
En dicho informe (que ya debería conocer también el señor Guervós, aunque no se haya pronunciado, que sepamos, al respecto) se detallan los resultados de la investigación interna preliminar (cuyos datos están ya también en sede policial).
Entre otras cosas, se dice:
- Que se ha confirmado un intento de falsear la toma de acuerdos en la Asamblea, mediante la presentación de delegaciones de voto falsas.
- Que dicha falsificación se ha producido mediante la imitación de la firma, o mediante el escaneo de la firma que consta en la tarjeta del socio que custodia la SGAE.
- Que de la investigación realizada se deduce que estos hechos se han sucedido en el tiempo, al menos desde la Asamblea de 30 de enero de 2020, Asamblea de 30 de julio de 2020, Asamblea de 30 de noviembre de 2020, y Asamblea de 23 de junio de 2021 donde se han detectado las falsificaciones mencionadas y otras bolsas de voto falsificadas.
- Que las falsificaciones fueron aportadas al Jefe de Secretaría de la SGAE por una persona ajena a la organización, siendo evidente, sin embargo, que el escaneo y falsificación de las firmas de los socios obrantes en la entidad ha sido realizado por alguien de dentro, que, además, conoce perfectamente el sistema de votación, y el detalle de los socios que no votan habitualmente.
El informe además, señala a personas dentro de la entidad que, presuntamente, pudieran estar involucradas en los hechos denunciados.
Así, los miembros de la Junta pudieron conocer (remitiéndome siempre a lo dicho en el informe):
- Que durante la celebración de la Asamblea, el Director Institucional de la entidad, Iván García Pelayo, solicitó a la Secretaria de Actas la lista de los presentes y las Delegaciones de voto, manifestando que faltaban votos delegados, desconociendo esta parte cómo podía saberlo, ya que únicamente la persona que hubiera realizado las falsificaciones podría tener esa información.
- Que durante las investigaciones realizadas, se han podido contrastar las relaciones existentes entre las personas que participaron en la entrega de las delegaciones falsificadas y el señor Iván García Pelayo.
- Que en la Asamblea de julio de 2020 el Director de Sistemas solicitó a su secretaria que sacase unos datos de socios de la Secretaría para entregárselos a don Ivan García Pelayo (a lo que ella no accedió, por tratarse de una irregularidad).
- Que con fecha 22 de octubre de 2020 se realizaron tres elecciones acumuladas en la entidad: la primera a la Junta Directiva, la segunda a la Comisión de Supervisión y la tercera a los Consejos Territoriales de la SGAE y que, curiosamente, las personas que aparecen mencionados en el informe actual del detective, también tuvieron participación entonces.
Hubo, además, en este caso algunas denuncias (la mía entre otras) por correos enviados a los socios, pidiendo su apoyo, por parte de candidatos que negaron haberlos enviado.
El informe del Secretario General aporta datos también sobre esta casuística y podemos leer:
- Que analizados los correos y las propiedades informáticas de los mismos, resulta que la autora de estos y de los documentos anexos en "Word" es una antigua trabajadora de la SGAE y secretaria de Iván García Pelayo, el cual presuntamente cobró a algunos candidatos la cantidad de 800 euros (a c/u) por llevar su campaña de promoción a los órganos de gobierno de la entidad, y que fueron en la mayoría de los casos, salvo uno o dos, los que resultaron elegidos.
(Recordemos que el señor García Pelayo es director de RRII y, por tanto, empleado de la entidad, por lo que esto debía ser causa de despido inmediato, aparte de otras acciones, pero la Junta Directiva no parece que piense lo mismo y ha preferido cesar al Secretario General, que lo denuncia).
Y también sabemos por el informe:
- Que ante tales circunstancia y la sospecha de que también las elecciones pudieran haber sido manipuladas, con la finalidad de comprobar si aquellos socios que manifestaron no haber votado nunca constasen como votantes en dichos comicios, se solicitó al Departamento de Sistemas, dirigido por el Sr. Joaquín Oltra, la información necesaria. Y que éste no la facilitó a la Secretaría General, pese a que dicha documentación es de su incumbencia y competencia, y era relevante al caso.
Siempre según el informe presentado a la Junta Directiva por el Secretario General, sabemos que se establecen, por lo tanto, como hechos comprobados:
- Que se han presentado falsificaciones de delegaciones de voto tanto en las Asambleas de 23 de junio de 2021, de 30 de noviembre, 30 de julio y 20 de Enero de 2020, usurpado la personalidad civil de los votantes, con la intención de influir en las decisiones de la Asamblea de la SGAE, y por lo tanto incurriendo en un delito societario, todo ello mediante la falsificación de sus firmas.
- La identidad de las personas que han presentado dichas falsificaciones.
- Que alguna de estas personas ha cobrado personalmente la factura girada a la SGAE por supuestos servicios a la Asamblea de julio de 2020.
- Que se han utilizado las fichas y bases de datos de la SGAE para dichos usos, no autorizados.
- Que Iván García Pelayo (actual director de RRII de Sgae) solicitó antes de la Asamblea de julio de 2020 al Director de Informática (Joaquín Oltra) un listado de socios de más de treinta votos, y que éste solicitó a su secretaria personal que le facilitara dicho listado al Sr.García Pelayo, a lo que ésta se negó sin el previo conocimiento y autorización de la Secretaría General, razón por la cual y ante el temor de ser despedida solicitó el amparo del Comité de Empresa y pidió el traslado.
Que con anterioridad a la última Asamblea de junio de 2021, se presionó al Jefe de Secretaría (hoy trasladado a otro departamento) para que permitiese digitalizar las firmas de los socios, a lo que éste se negó.
La responsabilidad de la Secretaría General, y por lo tanto de trabajar por el esclarecimiento de estas cuestiones, así como de velar por la transparencia y rigor del inminente proceso electoral parcial del próximo mes de abril, recae ahora –en funciones– sobre la directora de los Servicios Jurídicos, Marta Beca.
Por ello hoy mismo le he enviado un correo en el que le expongo, entre otras cosas, que, dada la enorme gravedad de esta cuestión, en mi condición de socio, por lo tanto afectado por estas posibles irregularidades, y de cara a las oportunas actuaciones a que ello pudiera dar lugar en defensa de mis derechos y de los de los socios de Sgae en general, le ruego:
1- Me dé traslado de la oportuna certificación del acuerdo tomado en Junta Directiva de 24 de febrero en relación a dicho cese (que habría conllevado un despido de carácter disciplinario), así como de la existencia del mencionado informe, además de su contenido íntegro. Una vez cumplido el preceptivo trámite de su aprobación en una siguiente reunión, le ruego me dé traslado así mismo del acta completa.
2- Me confirme también que dicho informe fue puesto a disposición de los miembros de la Junta Directiva y que, por lo tanto, fueron conocedores de su contenido con carácter previo a la decisión de cesar al señor Ezpondaburu.
3- Me confirme si se ha propuesto alguna medida por parte de la Junta Directiva en relación con las personas vinculadas a la entidad a las que el informe apuntaría presuntamente como participantes en los hechos denunciados.
4- Me confirme si dicho informe, dada su gravedad, ha sido puesto a disposición del Ministerio y de la autoridad policial que investiga los hechos mencionados. En caso de no ser así, la conmino a hacerlo a la mayor brevedad.
Le ruego, por último, de traslado de este correo al Presidente de la sociedad, señor Onetti, así como a los Vicepresidentes de todos los Colegios para su información.
¿ESTAMOS ANTE UNA NEGLIGENCIA?
Como hemos comentado, la reacción de la Junta Directiva ante este demoledor informe ha sido cesar fulminantemente a su autor, el señor Ezpondaburu, a solicitud de los señores Onetti y Restrepo, a quienes, como ya ocurrió en el caso del director financiero, parece incomodar el celo del ya ex-Secretario General.
Esta información (con mayor detalle y por ello la he solicitado en su integridad) la tuvieron a su disposición los miembros de la Junta.
En alguna medida, también, la tienen ya los responsables policiales que investigan los hechos, pues entiendo que se adjuntaría a la denuncia interpuesta.
También, es de suponer, el señor Guervós (aunque he pedido que me confirmen este particular).
Lo que ha hecho la junta ya lo sabemos (Y de la Comisión de Supervisión ya ni hablamos; esa, con cobrar la dieta y decir "Sí bwana", por lo visto hasta ahora, ya tiene bastante).
La pregunta ahora es:
¿Qué van a hacer las autoridades policiales?
¿Y el Ministerio?
¿Esperará el señor Guervós a que un juez vuelva a dejarlo en evidencia, o se tomará más en serio estas cuestiones?
Ya lo veremos...
José Miguel Fernández Sastrón
(5 de marzo de 2022)
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