La justicia es una máquina que se mueve por sí misma, en cuanto que se la acciona una vez.
Cualquiera que siga mínimamente las vicisitudes de esta Sgae "renovada", que anda a trompicones entre anuncios triunfalistas, liquidación patrimonial (en modo de rebajas), contratos cuestionados y denuncias en los juzgados, no puede dejar de preguntarse qué está ocurriendo tras los pétreos e insondables muros del Palacio de Longoria y por qué la incombustible persecución mediática de años anteriores ha decaído justo cuando más leña le ofrecen nuestros gestores (a excepción del diario ABC, que parece estar más versado que el resto).
O, incluso, qué ha sido de la otrora celosa vigilancia ministerial, que no parece hoy tan interesada en el devenir de la entidad y la salvaguarda de sus socios frente a los escándalos que vienen sucediéndose día tras día en la que fuera casa de los autores y hoy no se sabe bien de quién es, o a quiénes representa.
¡Y no será por falta de motivos!
El caso es que, a día de hoy, el Presidente de la entidad, señor Onetti, el Director General, señor Restrepo, el director de RRII, señor García Pelayo y el director de Sistemas, señor Oltra están llamados a declarar como Investigados por un presunto delito de falsificación de votos delegados en la Asamblea General de junio de 2021.
Probablemente, el intento de "secuestro" de la voluntad societaria sea una de las cosas más graves que pueden perpetrar los gestores de una asociación, y ya con esta sola sospecha (cuyos indicios han sido considerados por el juez merecedores de una investigación en profundidad, señalando explícitamente a los mencionados dirigentes), debería ser suficiente para que la actual Junta Directiva tomase cartas en el asunto y exigiese, cuando menos, la preventiva suspensión de dichas personas en sus cargos y funciones.
La decisión de la Junta, sin embargo, ha sido muy otra, y no poco desconcertante. Lejos de exigir dimisión alguna (excepto en el caso del señor García Pelayo, que ha aceptado, según me dicen, una excedencia provisional, que no le impide pasearse por la entidad como Pedro por su casa), lo que han hecho es solicitar la Personación de la entidad como Perjudicada en el proceso en cuestión, algo que para el denunciante, señor De Tena, y así lo expresa el letrado en su recurso, "(la personación de la SGAE como perjudicado en este procedimiento) supone un fraude procesal, al menos mientras su Junta Directiva sea la derivada de las elecciones celebradas el 22-10-2020 (presuntamente amañadas con votos falsos) y tengan la condición de querellados y/o investigados el Presidente de la SGAE Don Antonio Ruiz Onetti, el Director General de la SGAE Don Adrián Restrepo Rendón, el Director de Sistemas de la Información de la SGAE Don José Joaquín Oltra Martínez y el Director de Relaciones Institucionales de la SGAE Don Iván García Pelayo Alvarado".
Para entendernos: los señores junteros consideran que ha habido, presuntamente, un perjuicio a la entidad. Eso parecen tenerlo claro, a juzgar por su decisión de personarse en el juzgado.
La pregunta sería, entonces....
¿Quién, o quiénes han causado ese perjuicio?
El auto judicial lo deja muy claro...
Alguien tendrá que explicar a los socios que la Sgae se declara perjudicada por los presuntos delitos que se imputan a su presidente y otros cargos directivos (incluido el propio director general), pero que mantiene a los presuntos responsables de tal perjuicio en sus puestos, con la capacidad de tomar decisiones que afecten a esta cuestión y que pudieran, incluso, dificultar el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Es, en todo caso, muy escasa la información proporcionada a los socios sobre este particular, como lo es también la que se ha compartido con la propia Junta Directiva, a la que se habrían omitido los recursos interpuestos contra el auto de admisión de la querella por no incluir entre las presuntas falsificaciones aquellas que la investigación encargada por el ex-secretario general, señor Ezpondaburu, considera más que probables y que afectarían, no sólo a otras asambleas, sino incluso a las propias elecciones de 2020, a través de las cuales la actual Junta Directiva accedió a sus cargos, incluido el presidente Onetti, que se presentaba a la reelección.
En uno de ellos, el letrado D.Antonio López, en representación del socio D. Rafael de Tena, expone, entre otras cosas:
Que existen indicios más que razonables de criminalidad en las falsificaciones de votos tanto en las Asambleas Generales de la SGAE anteriores a la de 23-6-2021 (es decir, las Asambleas Generales de la SGAE de 30-1-2020, 30-7-2020 y 30-11-2020) como en las elecciones de la SGAE celebradas el 22-10-2020, siendo además especialmente relevantes los efectos de las presuntas falsificaciones de votos llevadas a cabo en tales Asambleas Generales puesto que, mientras que en la de 23-6-2021 se detectó el fraude pretendido no computando en el resultado los votos delegados falsos, en las anteriores Asambleas sí que computaron los votos presuntamente falsos. Por ello, el auto objeto de recurso debe ser repuesto y admitida la querella criminal en lo que corresponde a la investigación de la falsedad presuntamente cometida en dichas Asambleas y elecciones.
Al ceñirse hoy la investigación judicial a la presunta falsificación de votos en la Asamblea General de 23 de junio de 2021, que fueron detectados y por lo tanto no computaron en el resultado, el señor Onetti y el resto de su Junta Directiva, se escudan en ello para restar importancia al asunto (como si la mera tentativa no fuese ya suficiente para exigir su dimisión inmediata). Pero es que, además, el recurso mencionado apunta a "la presunta existencia de una trama organizada de corrupción en el seno de la SGAE dedicada a la falsificación generalizada de votos que habrían sido utilizados para tergiversar el resultado tanto de las sucesivas Asambleas Generales de la SGAE celebradas desde la del 30-1-2020 como en los comicios celebrados el 22-10-2020 en los que se eligieron a los actuales miembros de la Junta Directiva de la SGAE, siendo la gravedad de estos hechos incuestionable si tenemos en cuenta que, como consta en el acta de la Junta Directiva reproducida en las páginas 6 a 23 de la querella criminal del Sr. Ezpondaburu y en las páginas 3 a 19 del “Informe sobre la falsificación de votos en la Asamblea”, las delegaciones de voto falsificadas lo eran a favor miembros de la Junta Directiva de la SGAE y el sentido del voto de dichas falsificaciones era favorable a las propuestas realizadas por la Junta Directiva de la SGAE a la Asamblea".
Añade el recurso en cuestión que "Don Eduardo Ezpondaburu Marco verificó, cuando todavía ostentaba el cargo de Secretario General de la SGAE, que en las Asambleas anteriores a la celebrada el 23-6- 2021, no solo se habían falsificado votos favorables a las propuestas realizadas por la actual Junta Directiva de la SGAE, sino que la SGAE habría pagado a los presuntos responsables de tales falsificaciones facturas por trabajos inexistentes".
Hablaríamos, por lo tanto, de votos presuntamente falsificados que sí habrían sido computados, influyendo en el resultado final, lo que se deduce de la documentación aportada, que incluye el dato de su relevancia en el total de votos emitidos, así como la metodología empleada.
Dichos recursos están pendientes de resolución y bien podrían agravar considerablemente este ya de por sí grave asunto. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la documentación aportada por los denunciantes a la investigación policial no habría sido puesta a disposición judicial en el momento de tomar su decisión (por razones que tendrán que determinarse) y que, una vez aportada, deberá examinarse, como se dirime de lo afirmado en un segundo recurso, en este caso por parte del propio señor Ezpondaburu, que expone que, pese a haber aportado la documentación oportuna en su denuncia policial, los "atestados, documentación, y las actuaciones que haya realizado el Grupo de Delitos Económicos de la Comisaría de Centro, no aparecen en las actuaciones por no haber sido remitidas por la citada Comisaría".
También afirma el señor Ezpondaburu en su recurso que tras detectar las falsificaciones de 2021, "se realizó otro muestreo con otros socios más, de los entregados por las personas referidas en Julio de 2020 y Octubre de 2020 que también resultaron ser falsos, y cuyos informes se aportaron también en la policía". Ello permite deducir, por lo tanto, que no estábamos ante un hecho aislado, sino ante una práctica que venía repitiéndose en las últimas asambleas.
Llama, además, la atención el hecho de que se haya omitido esta información también al propio Ministerio –pese a su requerimiento expreso–, que parece aceptar con resignada paciencia la opacidad de la Sgae en este delicado asunto y que, de momento al menos, no ha adoptado medida alguna al respecto.
La realidad es, en todo caso, que nos hallamos ante una presunta falsificación de votos que afectaría a la presidencia, la dirección general y varios directivos de la entidad, ante la cual, no se ha tomado decisión alguna más allá de declararse perjudicados por quienes, presuntamente, serían responsables de tal delito y que siguen al frente de la entidad.
Así parecen haberlo entendido al menos cinco de los miembros de la actual Junta Directiva, que, según leemos, han decidido personarse en la causa y no ser cómplices de esa negligencia colectiva promovida por el señor Onetti y el resto de sus compañeros de bancada (y ello pese a las presiones que, según nos cuentan, habrían
sufrido por parte de los señores Cabal, Solana, o García Pelayo para que reconsiderasen su personación y aceptasen plegarse a la tibia posición oficialista).
Lo cierto es que los únicos perjudicados serían los socios de Sgae, cuya voluntad ha sido presuntamente adulterada por quienes están hoy al frente de la misma, con la negligente complacencia de una Junta Directiva cuya legitimidad está bajo la sospecha de unas elecciones presuntamente manipuladas, a las que deberían sus cargos.
Lo único decente que pueden hacer a estas alturas es disolverse y convocar unas elecciones que permitan formar unos órganos de gobierno libres de cualquier sospecha y producto de la voluntad de los socios de Sgae.
Pero nada más lejos de la posición oficialista, que, no sólo se centra en aferrarse a sus cargos (muchos no podrían volver a presentarse y otros son muy conscientes de que, aun pudiendo, es difícil que fuesen reelegidos tras su decepcionante paso por la entidad), sino que hasta maniobra para burlar la cronología estatutaria y evitarlas, incluso, de cara a la sustitución del miembro de Pequeño Derecho que falta, todo ello ante la tibieza complaciente de una directora de los Servicios Jurídicos (que, a mayor responsabilidad, ejerce además como Secretaria General en funciones), que parece incapaz de asesorar convenientemente a los órganos de gobierno, más pendiente, quizás, de asegurar su sillón (ya sea uno, u otro) que de velar por el cumplimiento normativo. Y también ante la insólita negligencia del actual Vicepresidente de Pequeño Derecho, señor Sabino Méndez, que permite que su colegio se vea mermado (como ya ocurrió en esta misma legislatura durante meses, hasta la elección de Fernández de Valderrama) y que apenas superó en ochenta votos al siguiente de la lista en las pasadas elecciones bajo sospecha. Obviamente, es uno de los que se sabe fuera, de convocarse unos comicios, pese al apoyo sin fisuras del colectivo editorial (que no quiere elecciones ni en pintura, pues teme perder el poder que hoy tiene sobre la junta y sobre un Onetti dispuesto a complacerlos en todo) y de su Paladín en la sombra (el abogado Pablo Hernández, al que Méndez consulta hasta para ir al excusado).
Lo que deberían saber los socios...
En este confuso escenario, parece que los empleados del departamento de Sistemas, que dirige el señor Oltra (uno de los señalados por el auto judicial como investigado por su participación en la presunta trama de falsificaciones de votos) están en pie de guerra, precisamente contra su director, ante un aparente caos presupuestario y una injustificable falta de eficacia práctica de los multimillonarios costes asumidos para una supuesta renovación digital que nadie ve implantada, pese a la generosa inversión del dinero de los socios. Eso sí, lejos de dar cualquier explicación, el señor Adrián Restrepo, director general de la Sgae, se limitó a defender el dispendio denunciado y a recordar que en su parcela no admite injerencias (en ausencia de Onetti, que no asistió a la pasada reunión de la Junta Directiva, por hallarse, parece ser, indispuesto).
La política de externalizaciones arbitrarias (incluidas las aventuras panameñas) llevada a cabo en la Sgae de los señores Restrepo y Oltra, y que denuncian los trabajadores de la casa, aparte de ineficaz y costosa (sin que esos costes hayan supuesto mejora alguna en la práctica, al menos para los socios de Sgae) supone una inadmisible ingratitud para con quienes, desde el día a día de sus puestos de trabajo, han sostenido la entidad, incluso en los momentos más difíciles, contribuyendo a que los autores y editores de Sgae sigamos contando con una herramienta fundamental para la defensa y gestión de nuestros derechos, a menudo pese a los dislates de unos gestores incompetentes e interesados sólo en sus propios asuntos, ya sean políticos, o de cualquier otra índole.
Tampoco son muchas las explicaciones dadas sobre el famoso "contrato panameño", que comentabamos en nuestra entrada de este mismo blog "SGAE FOR SALE", en la que denunciábamos la contratación opaca de servicios domiciliados en Panamá (burlando, según nos dicen, la autorización del Consejo, que recaía en BACKOFFICE, una empresa diferente a la contratada finalmente, KBLMP S.A, que adoptó la denominación de la anterior para ajustarse al guión.
Lo que sí nos dicen es que el Consejo de Dirección recibió la queja del señor Fernando Marcos, en nombre de BACKOFFICE MUSIC SERVICES sobre el blog en cuestión, en la que decía sentirse muy afectado en lo personal por el hecho de que se pusiera en duda la transparencia de su actividad, y ofreciendo un repaso histórico de sus logros y méritos, que poco tiene que ver con las dudas planteadas.
La firmaba él mismo, sin precisar su cargo, o vinculación con dicha compañía.
Independientemente de la sensibilidad epidérmica del señor Marcos, convendría recordarle que la cuestión que nos ocupa no es la solvencia de su compañía, sino el hecho de que, siendo esta la elegida por el Consejo, fuese otra la contratada.
Repasemos los hechos...
1-Con fecha 12 de julio de 2021 el Consejo de Sgae aprobó un gasto de Sistemas para la contratación del procesamiento de usos digitales en las redes, que recayó en la empresa BACKOFFICE, después de descartar otras propuestas (competían también por dicha adjudición la SACEM, BMAT, MINT y RIGHTMOS).
El "premio" por la adjudicación suponía un variable sobre las cantidades recaudadas por sus servicios, de un 3,5%, que se estimó en aproximadamente 560.000€/año (cuyo impacto real, el entonces director financiero, señor Soria, cesado fulminantemente poco después de plantear esta y otras dudas, había estimado en unos 800.000€)
La propuesta de BACKOFFICE la firmaba el propio Fernando Marcos, como Regional Manager de dicha compañía.
2-Dicha compañía, y como figura en su página web, lleva en el mercado 18 años y tiene su domicilio de actividad en Buenos Aires ( Argentina), calle Juan Bautista Alberdi 431, Edificio Regatta Oficinas Oficina703. Por cierto la marca Backoffice Music Service y su logo son propiedad de la sociedad argentina Briana SRL, según consta en su Registro público.
3-Sorprendentemente, con fecha 29 de septiembre de 2021, se firma un contrato entre SGAE y la sociedad panameña KBLMP S.A. (que no era la autorizada por el Consejo, y ni siquiera estaba entre las candidatas propuestas), en el cual, por cierto, se establece que de ahora en adelante se la denominará Backoffice. Los firmantes son, el señor Joaquín Oltra (por parte de Sgae) y el propio Fernando Marcos (en representación de KBLM S.A, especificando, como hemos dicho, que en adelante se la denominaría BACKOFFICE).
4-La sociedad KBLMP S.A. se constituye en septiembre de 2013, es decir, tiempo después de que BACKOFFICE Music Service prestara sus servicios a distintas Sociedades de Autor. Tiene un capital, aparentemente insuficiente para la labor que desarrolla, de 10.000$.
Curiosamente, desde el año 2020, el titular de las acciones de la entidad es la sociedad MWCCLLC, creada el 19 de noviembre de 2019 en el paraíso fiscal de DELAWARE (EEUU), que, a su vez, está participada en un 100% por la señora Paula Estevez, asesora fiscal con domicilio en Montevideo (Uruguay).
En este escenario, resulta complicado el conocer la identidad real y precisa de quienes prestan los servicios contratados, algo que no parece muy compatible con lo que establece la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales, y que invita a una investigacón más rigurosa.
Por todo ello, la queja del señor Marco, aparte de ser infundada, no resuelve este galimatías de sociedades interpuestas en paraísos fiscales, ni, lo que es el meollo de la cuestión, explica la adjudicación del contrato a una empresa distinta a la elegida por el Consejo de Sgae, algo que no parece haber preocupado a los consejeros, ni tampoco a la Comisión de Supervisión, ni a la dirección de Compliance (que admite en su informe que "el flujo de capitales sería de SGAE hacia KBLMP S.A., con carácter trimestral y justificado en base al servicio prestado conforme a lo recogido en contrato", y declara conocer que "la firma del acuerdo se realiza con la empresa KBLMP S.A. –en adelante “BACKOFFICE” –, lo que parece suponer un aldabonazo a esta aparente picaresca contra la autorización expresa del Consejo).
Tampoco, por otra parte, parece preocupar mucho al propio Ministerio de Cultura, como organismo tutelar, y muy concretamente a su Dirección General de Propiedad Intelectual, aunque, en su caso, visto lo visto, cabría preguntarse qué información ha recibido al respecto por parte de la Sgae, si es que hubiera solicitado alguna.
Independientemente de lo que pueda derivarse de todo ello, el mero hecho de contratar una empresa panameña no parece lo más adecuado en estos momentos, aunque fuese sólo por criterios de higiene financiera, o púramente estéticos.
Eso sí, en su reunión de ayer martes, la Junta Directiva se esmeró en ratificar una serie de modificaciones reglamentarias, que afectan precisamente a cuestiones como la Prevención del Blanqueo de Capitales, o al Procedimiento de Compras y Adquisición de Servicios, es decir, a los hechos comentados. Como desconocemos el contenido de las mismas, no podemos saber si se trata de evitar que vuelvan a ocurrir estas cosas en el futuro, o si pretenden cubrirse las espaldas ante los hechos consumados.
Algo parecido ocurre con otras cuestiones abordadas ayer, como la Ratificación del DC 005, Reglamento del Procedimiento de acceso a las firmas de los Socios de Sgae, también muy ligadas a los hechos denunciados, en este caso respecto de las presuntas falsificaciones de votos que investiga el juzgado.
Supongo que es lo que tiene dejar al lobo al cuidado del gallinero.
Eso sí, parece que también trabajan en la implantación de un CANAL ÉTICO SGAE. Desconozco su naturaleza y contenido, pero no parece que tengan mucho que mostrar en ese ámbito...
José Miguel Fernándáez Sastrón
(30 de noviembre de 2022)
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