Cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres en una sociedad, con el paso del tiempo crean un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica.
(Frederic Bastiat)
Como ya hemos visto anteriormente, la Junta Directiva de Sgae (o, más bien, la parte de esta que maneja los hilos, asesorada oficiosamente desde las sombras por el abogado Pablo Hernández) sigue estrujándose los sesos para ver cómo organiza el reparto de las televisiones de forma conveniente para los intereses de algunos (y, naturalmente, mucho menos conveniente para los de otros). En los últimos tiempos, la excusa perfecta fue ese presunto fraude que investigaba el Juzgado Central de Instrucción Nº 002 de Madrid, utilizado para iniciar una serie de modificaciones reglamentarias, y muy concretamente en lo que se refiere al artículo 202 Bis, supuestamente para evitar que un grupo de socios, a los que la Directora General, Cristina Perpiñá, calificó de "sinvergüenzas" (sic) en unas recientes declaraciones, continuara beneficiándose de sus "moralmente reprobables" presuntos manejos.
En realidad, si analizamos detalladamente el resultado de las diferentes reformas llevadas a cabo estos últimos años, comprobaremos que no han beneficiado en absoluto a los autores; antes bien, la mayoría de ellos se han visto perjudicados por unas liquidaciones paupérrimas que han hecho saltar la alarma entre el colectivo de autores musicales de Sgae. Tampoco los autores Audiovisuales, a quienes se embaucó con promesas que han resultado (y era de esperar) vanas, han visto crecer sus liquidaciones merced a esas medidas que proclama con tanto autobombo la señora Perpiñá, y hemos visto cómo han huido de estampida hacia la competencia, dejando el Audiovisual de Sgae en cifras casi residuales.
Y eso por no hablar del Gran Derecho, que también sucumbió a los cantos de sirena de Hernández, Perpiñá y compañía, para despertar ante el ninguneo que vive este colectivo, que fuera germen de la creación de la Sociedad de Autores de España, allá por finales del siglo XIX, precisamente para luchar contra el abuso editorial que padecían entonces. Hoy la mayoría de los Autores Dramáticos, (de los Coreógrafos no dan detalles específicos) han visto caer sus liquidaciones también, sin que lo prometido y lo esgrimido como causa de sus penurias haya resultado en una mejora de sus beneficios, pese a esa subida de la recaudación que celebra un eufórico informe de gestión (y que en el caso de los autores dramáticos, por cierto, no llega al 10%, como vemos en la letra pequeña, que la mayoría no lee, y que, además, en términos de reparto, se queda en un 5,8% ).
Todo ello encaja mal con los mensajes eufóricos y triunfalistas del señor Onetti y su equipo, que nos hablan de recaudaciones record y de una gestión viento en popa. Y es que el viento de esta Sgae parece centrarse únicamente en algunas velas...
Algunos comienzan a preguntarse ¡cómo es posible que, recaudando más, los socios cobremos cada vez menos!
Nos dicen, además, que en 2023 se repartieron casi 328,8 millones de €, frente a los 293,3 millones de 2022, es decir, casi treinta y seis millones más que el año anterior, lo que supone un incremento de un 12,1%, todo ello a pesar de que la mayoría de los socios no ven reflejado este aumento en sus liquidaciones, sino todo lo contrario.
¿Cómo explicar esta contradicción entonces?
Lo cierto es que la explicación está a la vista de cualquiera que se moleste en estudiar las cifras de recaudación y reparto de los últimos tiempos. Y es que, de nuevo en la letra pequeña, vemos que que los ingresos sociales han caído a nivel nacional un 1,6%, mientras que a nivel internacional han subido un 9,2% (lo que viene a decirnos que las entidades extranjeras recaudan mejor nuestros derechos de lo que lo hacen Onetti y su equipo en Sgae), lo que deja en realidad la cifra total de 2023 en un 0,6% menos que la del año anterior. Y eso por no hablar de la drástica caída de la recaudación de las televisiones (un 30,5% menos que en 2022), ámbito en el que presumen de esas medidas estelares que, a la postre, se han revelado suicidas y que han conllevado la penuria de la mayoría de los autores de Sgae.
Eso sí, veremos que no todo son desgracias y que hay unos claros ganadores de este perverso juego de dimes y diretes, que han visto incrementarse sus liquidaciones en más de un 40%, aunque ello no se deba a un incremento en la recaudación, sino a haberse procurado un trozo mayor del pastel común. Y me refiero, naturalmente, a los repertorios internacionales, cuyos representantes dominan la actual Junta Directiva y han sabido granjearse la anuencia de los más ingenuos para hacerse con un sustancioso "botín" a costa de la ingenuidad de los autores de Sgae, manteniendo a un entregado Onetti y a su Junta Directiva (salvo honrosas excepciones) como puntas de lanza de sus intereses.
Pero eso parece no ser bastante para ellos y ahora van a por más, aunque para ello tengan que mantener vivo en el imaginario social ese fraude imaginario hoy desmontado por un juez, pero que siguen esgrimiendo con la complicidad de la dirección general para asegurarse un mayor trozo del pastel a costa de los autores de a pie. Basta ver el mensaje que, según nos dicen sus destinatarios, están enviando desde las multinacionales para captar votos para la causa (lo de "La Rueda" ha sido un filón al que no están dispuestos a renunciar). En dicho correo, además de mentir descaradamente, pues desinforman sobre ese límite al USUARIO (que proponen total, independientemente de cualquier franja horaria y que no sería del 5%, sino del 10%), omiten que esas BSOs, series, videoclips o publicidad se verían beneficiadas siempre y cuando hayan elegido al editor adecuado, naturalmente (pues estamos ante una bronca entre editores, en la que los autores somos marionetas manipuladas al antojo de unos y otros) y formen parte de sus repertorios (es decir, mayormente del catálogo internacional). Eso deja fuera, lógicamente, a los músicos españoles del audiovisual, a los que han vendido la "burra" y que se verán perjudicados en beneficio de quienes les han ofrecido a cambio un más que dudoso paquete de votos, que les permitirán mantener provisionalmente, con el único fin de que los utilicen para avalar su propia autoflagelación y contribuir así a un festín multinacional de cuyo menú formarán parte.
Algunos dentro de este colectivo ya han empezado a hacerse preguntas. Por ello, seguramente, el señor Onetti ha añadido una nota aclaratoria (con posterioridad a la documentación original) en la que intenta tranquilizar con argumentos tan dudosos como jurídicamente indefendibles (¿esto lo avalan la Secretaría General y los SSJJ de la casa?) a un colectivo que empieza a verle las orejas al lobo.
Eso sí, aclarar, lo que se dice aclarar, aclara poco (o mucho, según se mire). Dice en primer lugar que el límite del 10% se refiere únicamente a la parte editorial…
El “diezmo” multinacional…
¿Cómo se come eso?
Pues yo se lo digo: para ello deberían establecer un límite del 10% de los repertorios emitidos para los contratos de edición de las editoriales de cadenas televisivas, o el que resultase de no superar este porcentaje en la liquidación editorial por cada periodo (lo que parecería razonable), pero eso, claro, no les serviría.
¿Por qué no?
Simplemente porque con ello si se beneficiaría directamente a los autores (que es lo que les "venden"), pero las multinacionales no pillarían cacho y ellas, naturalmente, lo que quieren es quedarse con lo que se detrae a las editoras televisivas, lo que no tiene sentido alguno y es una picaresca intolerable. Porque, por absurdo que parezca, lo que proponen es que, si bien el autor cede el habitual 50% a la editora televisiva, el límite impuesto no redundará en el autor (apuntando lo excedido a sus propias liquidaciones) sino que se “donará graciosamente” a las editoriales multinacionales y sus repertorios internacionales mayormente, pese a no comerlo ni beberlo (y por supuesto, no trabajarlo). Con ello disfrazan de límite a los abusos de un USUARIO lo que no es sino la calificación de autores de primera y de segunda en función del ámbito de explotación de sus obras (y, naturalmente, de la circunstancia de su editor).
Por otra parte, nos “aclaran” también que cuando hablan de “organismos de radiodifusión” debe entenderse exclusivamente referido a los de radiodifusión televisiva (vuelvo a insistir: ¿esto lo avalan la Secretaría General y los SSJJ de la casa?). Pero no es eso lo que dice la propuesta de modificación del 202 Bis, que se refiere a organismos de radiodifusión tal y como aparecen especificados en los Estatutos (es decir, tanto radios como televisiones). Ello supondría que esta limitación deberá aplicarse en ambos medios, diga lo que diga la nota aclaratoria del señor Onetti (que no tiene carácter normativo), pero parece ser que la aplicarán arbitrariamente a su antojo, pese a la clara literalidad del artículo modificado (y tengo que insistir una vez más: ¿esto lo avalan la Secretaría General y los SSJJ de la casa?)
¿Y eso por qué?
Obviamente, porque, de hacerlo así, afectaría igualmente a los repertorios emitidos en las radios, en las que las multinacionales pagan por una emisión preferente de sus repertorios (de hecho, como vemos en la lista de PROMUSICAE, a la derecha, monopolizan el Top 50), cediendo históricamente, incluso, un porcentaje editorial a las propias cadenas radiofónicas, para "estimularlas", en una picaresca (la "Rueda", después de todo, la inventaron ellos) muy parecida (y de hecho fue el ejemplo para las televisiones) a la que aplicaron después las propias televisiones, a las que se pretende hoy limitar argumentando una transparencia higiénica que no están dispuestos a asumir en su caso (tampoco los oirás reclamar alguna limitación en el ámbito digital -y muy especialmente en el streaming-). Eso por no hablar de que esas listas radiofónicas sirven, además, como base y referencia para los repartos realizados por analogía y sondeos, lo que les permite una ventaja adicional también en otros ámbitos de explotación.
Podemos pues llegar a la conclusión de que la modificación propuesta es sólo una maniobra torticera más en el conflicto entre editoriales discográficas y televisivas, con la que, con la complicidad de un presidente cosido a un sillón que depende de las multinacionales, de una Junta Directiva (salvo honrosas excepciones, repito) adocenada y acomodaticia, y de un colectivo autoral desinformado y crédulo, no se pretende solucionar una cuestión que viene erosionando la paz social desde hace varios años, sino simplemente aumentar la ya injusta ventaja que los repertorios internacionales han obtenido en sus liquidaciones en este último periodo a costa de los autores y los editores independientes de la Sgae.
Esta es, sin duda, su prioridad, aunque hay otras propuestas y cuestiones que merecen también nuestra atención y a las que me referiré en una próxima entrega.
Todo ello de cara a una Asamblea bajo sospecha, dirigida por quienes, a día de hoy, mantienen sus cargos (lo de la higiene democrática aquí tampoco cabe, por lo visto) pese a ostentar la condición de INVESTIGADOS en un juzgado que instruye sobre una presunta falsificación de votos en asambleas anteriores (incluida la electoral a la que deben su propia elección y la de sus compañeros de filas), además de otros posibles delitos.
Tiempo habrá para hablar de todo ello antes del 11 de junio...
José Miguel Fernández Sastrón
(31 de mayo de 2024)
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