¿Qué podría unir en los tiempos que corren a un arco parlamentario difuso, disperso y en plena campaña "pre-electoralista"?
Pues ya lo ven: La SGAE y una supuesta preocupación por la gestión colectiva y el derecho de autor que, nadie se equivoque, tiene muy poco que ver con la protección de los creadores de este país.
No es fácil entender la situación actual de los derechos de autor y la gestión colectiva de los mismos (tanto en sus aspectos jurídicos, como sociológicos) sin conocer la realidad que los afecta a día de hoy, así como su recorrido histórico reciente.
En esta serie de artículos, que comenzamos con éste número I, vamos a ocuparnos de las enmiendas que los diferentes grupos parlamentarios, en un ejercicio insólito de consenso, han elaborado para reformar el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.
Difícilmente podemos esperar, no ya de la opinión pública, sino incluso de los propios autores, una comprensión rigurosa del alcance de estas propuestas y en que medida van a afectar a sus derechos y, en general, al desarrollo de su actividad profesional como creadores. Pero para ello se ofrecen algunos medios de comunicación, que hacen su particular interpretación, creando un estado de opinión óptimo para los intereses de aquellos que realmente han promovido estas reformas y han encontrado en nuestros legisladores (a menudo y salvo honrosas excepciones tan desinformados sobre estas cuestiones como el común de los mortales) la complicidad necesaria (y seguramente involuntaria) para la consecución de sus fines y la creación del marco adecuado a sus pretensiones.
El primero en hacerse eco de esta iniciativa reformadora generalizada fue el diario El País, el pasado día 21 de septiembre, en un artículo cuyo titular rezaba "El Congreso se une contra la rueda de la SGAE", firmado por el periodista Peio H. Riaño, que marcaba ya desde el principio un carácter muy concreto a la alianza multipartidista, no solo como un frente para actuar frente a SGAE, sino, además, según sus fuentes (concretamente, dice, algunos portavoces) con el propósito de llevar a cabo una “reforma anti-Sastrón”, apelativo que el periodista considera muy acertado tras "leer las propuestas de modificación de los artículos más sensibles a la gestión de los derechos".
Que Riaño me otorgue un protagonismo tan inmerecido en sus artículos sobre la SGAE no es una novedad, pues lleva haciéndolo desde sus tiempos de El Español, donde ya me dedicaba sabrosos titulares que publicitaba en su Twitter particular y que siempre me enviaba algún alma caritativa. Mi ego, en todo caso, se mantiene en una dimensión razonable, pese a tanto esfuerzo, y en modo alguno contempla que los portavoces parlamentarios hayan hecho de mi su principal objetivo legislador.
Pero lo realmente importante es el espíritu que el periódico (o el periodista) atribuye a la reforma consensuada, reflejado, a su juicio, en las enmiendas planteadas y que supone, ya de por sí, toda una declaración de intenciones. Para definirlo pone el acento en aquellas cuestiones que considera más relevantes y destaca las opiniones políticas que entiende más oportunas para trasladar a la opinión pública el mensaje adecuado, esencialmente reflejado bajo el titular que dice:
"Los principales grupos pactan una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que refuerce el control sobre las entidades de gestión e imponga la trazabilidad de los ingresos".
Es decir, estamos, supuestamente, ante una reforma que persigue básicamente un mayor control de las entidades de gestión (en plural, aunque apuntan claramente a la SGAE) y que busca garantizar la trazabilidad de los ingresos.
Concretamente, por ejemplo, en opinión de UNIDOS PODEMOS, siempre según el periodista, se trataría de “garantizar la trazabilidad del proceso de recaudación y reparto de los derechos”. Por primera vez los titulares de los derechos podrán identificar y seguir todas las etapas de la recaudación, desde el origen al reparto, añade el propio Riaño (lo que evidencia que desconoce absolutamente el funcionamiento de la SGAE y de las entidades similares en general).
Para UNIDOS PODEMOS la “trazabilidad” impide ocultar la trampa, que es lo que sucede en el mecanismo instalado y consentido de “la rueda” (...) y abogan por “Un sistema de digital de localización de repertorio", que dicen "es lo normal en las entidades serias y ya funciona en las europeas. Queremos que no se recaude a bulto, de manera genérica, que se detalle todo, para evitar las malas prácticas”.
Desgraciadamente y sin poner en duda la buena intención de diagnóstico y tratamiento, estas afirmaciones reflejan también una falta de conocimiento del medio muy marcada. Sería muy conveniente que hicieran un estudio algo más profundo de los modelos de recaudación, las tarifas por uso o por disponibilidad (siendo esta última a la que, seguramente, se referirán con el término "a bulto" y que es difícilmente evitable en determinados supuestos), o del propio concepto de "trazabilidad", que no es precisamente una cuestión particularmente confusa en el asunto de la llamada "rueda", ya que es justamente el perfecto conocimiento de las emisiones y sus circunstancias lo que determina el volumen de las liquidaciones.
Confunden aquí esa cuestión con el conflicto audiovisual, en el que sí existe esa falta de "trazabilidad" entre la tarifa recaudada y el reparto, motivada por un sistema de bolsa única algo arbitrario y que es manifiestamente mejorable (y en ese sentido será bienvenida, por parte de los autores y editores musicales, la exigencia de hacer dicha separación de bolsas, aunque no estoy seguro de que lo sea tanto por la parte audiovisual que, en contra de lo que algunos se empeñan en señalar, se ha visto tradicionalmente favorecida por el actual sistema).
Interesante es, y mucho, la reforma del artículo 71, que también presenta este grupo parlamentario (aunque no parece suscitar el interés de Riaño), y que recoge una antigua demanda social del colectivo autoral desatendida hasta la fecha (y a la que ya me referí en la entrada de asesorautor.com "El Contrato Editorial: Una guía para los autores I" ).
De todo ello hablaremos cuando abordemos en posteriores entradas un análisis más profundo y detallado del conjunto de enmiendas presentadas, sus causas y sus consecuencias.
También de las propuestas de los grupos parlamentarios de PSOE, CIUDADANOS y PP, aunque este último, responsable del texto que se pretende reformar, mantiene que “No partimos de cero, ni es una enmienda a la ley del Gobierno Rajoy. No me parece nada extraordinario respecto a la que presentamos nosotros. Se ha mejorado algo, claro, se refuerzan la transparencia y los mecanismos de control”, en palabras de su portavoz (y siempre según Riaño).
A este respecto solo apuntaría que se "mejora" lo bueno y el texto del PP dista mucho de serlo. Lo malo, se corrige, lo que, mucho me temo y con alguna puntual excepción, está también lejos de ocurrir en este caso. La realidad apunta más bien a una revisión oportunista y teledirigida que poco va a ayudar a los creadores a protegerse de quienes pretenden hacer de sus derechos un mercadeo al por mayor en beneficio de intereses multinacionales muy concretos (y, por lo visto, muy poderosos).
En próximas entregas analizaremos detalladamente, como he dicho, todas estas enmiendas y veremos que, ¿casualmente?, coinciden en gran medida con las exigencias de unas multinacionales discográficas que, con la inestimable ayuda de organismos como la ICMP, o la propia CISAC, han aleccionado con total precisión a nuestros representantes electos, quienes han hecho suyas, y con total entusiasmo, además, las demandas, tesis, y juicios de quienes serán a la postre los únicos beneficiarios de esta reforma (como ya lo son del texto vigente).
José Miguel Fernández Sastrón.
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