“España y yo somos así, señora”.
(Eduardo Marquina).
“España y yo somos así, señora”, decía el capitán Diego de Acuña al final del segundo acto de la obra teatral “En Flandes se ha puesto el sol”, de Eduardo Marquina. Y aunque privada de la “E” de España, que pasó a serlo de “editores”, la Sgae es en eso muy española y por ello también muy “así”.
¿Y en qué consiste ser así, oiga?
Podrían escribirse páginas para explicarlo en profundidad, pero creo que serán suficientes unas líneas para comprender la esencia de ese “así” tan español. Basta con decir que nadie como los españoles tenemos tan desarrollada la dudosa virtud de la autoinmolación, mediante la complicidad con nuestros detractores y la resignada, cuando no entusiasta, aceptación de las falsedades históricas que nuestros adversarios lanzan para desacreditarnos, desarmarnos y eliminarnos de su camino hacia una prosperidad que en modo alguno desean compartir con nosotros. Y no solo las aceptamos dócilmente, sino que las extendemos, las difundimos con acomplejado rubor y notable diligencia, mostrando sincero arrepentimiento por nuestros asumidos pecados pretéritos ante quienes nos miran con el desprecio lógico que debe producirles nuestra estulticia.
La muy española Sgae no podía sustraerse a este mal endémico patrio, y su Historia reciente es un ejemplo vivo de ello. Aquí sí me extenderé un poco más, ya que no es fácil explicarlo a una opinión pública muy mediatizada y a la que se ha inundado hasta la saciedad con presuntos ejemplos de la perversión de esta entidad declarada corrupta y avariciosa.
En 2011 la Guardia Civil entró en la Sgae para detener a su entonces primer ejecutivo, Eduardo Bautista, y a varios directivos más, acusados de una presunta desviación de fondos. La entrada fue televisada en directo, ya que las cámaras y los medios en general estaban ya alerta, a las puertas del Palacio de Longoria desde más de una hora antes, lo que demuestra que fueron puntualmente avisados para así dar testimonio de esta ejemplarizante acción judicial. Más de diez años después, se demostró que tal acusación era infundada, archivando una causa que ocupó portadas, ante un silencio casi generalizado y algún vergonzante "ya lo decía yo..." que resultaría hasta cómico, si no fuese patético.
Naturalmente, esta persecución se desplegó, decían, en defensa de los autores que habían sido presuntamente defraudados en 47,6 millones de euros, según el auto de apertura de juicio oral de octubre de 2017 (lejos ya entonces de los trescientos millones de que se habló al inicio del proceso).
Otra víctima de esta farsa fue el denostado Ramoncín, cuyo "delito" no fue otro que dar la cara en la batalla contra una "piratería" normalizada y hasta celebrada, obteniendo a cambio el silencio pusilánime de sus compañeros y la indefensión oportunista (cuando no el ataque frontal) desde esa "Nueva Sgae" que se apuntó al comodín de utilizarlo como "cabeza de turco".
Lo que pasa es que, si analizamos las consecuencias de esta intervención judicial, y al margen de su probada improcedencia, no queda tan claro que nos haya ayudado mucho (a los autores, se entiende). Más bien lo contrario, como ha quedado manifiesto. Y es que como consecuencia de ella, del desprestigio consiguiente de la entidad, de las acusaciones de malversación, voracidad y corrupción, la Sgae pasó, en apenas un par años, de una recaudación de casi cuatrocientos millones de euros, a menos de trescientos, una pérdida de unos cien millones anuales producida esencialmente por la morosidad autojustificada de los usuarios por aquello de: “¿por qué vamos a pagar a esos chorizos?”, haciendo de la morosidad y hasta de esa "piratería organizada" casi un acto de romántica rebeldía y movilización ciudadana.
A esta voluntariosa “ayuda” a los autores se sumó poco después el Gobierno con la eliminación del llamado “canon digital”, eliminación que consistió en dispensar de su pago a la industria tecnológica que debía asumirlo, cargándolo a los presupuestos del estado, eso sí, con una considerable rebaja del 95%, sistema éste que fue anulado por el TSJUE por no ajustarse a la norma de la U.E. Fue, desde luego, un generoso regalo a esa industria, que no bajó los precios pese a ello, y una puñalada a un sector cultural al que remató con la subida del I.V.A al 21% y con una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014 y una orden de metodología tarifaria (que también tumbó después el TSJUE) que hacía muy difícil a las entidades de gestión, y a Sgae en particular, la negociación con los usuarios (muy favorecidos por esta ley). Teniendo en cuenta que en diciembre de 2015 vencían una gran parte de los acuerdos de Sgae con dichos usuarios, incluidas las cadenas de televisión y las radios, públicas y privadas, la cosa parecía sospechosamente inoportuna; o muy oportuna, según se mire.
Bien, pues todo esto ocurrió ante la mirada acomplejada de los autores, un colectivo que, lejos de pedir explicaciones por estos ataques y exigir respuestas ante un proceso judicial que se dilataba en el tiempo con las consecuencias mencionadas, se convertía en el mayor censor de la Sgae (guiado, eso sí, por algún alto ejecutivo de la casa), clamaba por una “Refundación” que aboliera todo el sistema anterior (el que recaudaba casi 400 millones, sí) y exigía públicamente transparencia y buenas prácticas, humillándose ante quienes se frotaban las manos con esta situación. Y la recaudación de la "Nueva Sgae", claro, en caída libre.
Llegado 2017 la cosa parecía ir mejorando un poco. La recaudación iniciaba una tendencia a la recuperación (superando, por primera vez en 2018, desde el descalabro, los trescientos millones después de unos años paupérrimos), la situación parecía más desahogada en general y no se hablaba tanto de Sgae en los medios.
Pero, he aquí que surge entonces otro proceso judicial, el llamado caso “Rueda”, que investigaba una supuesta trama de “corrupción entre particulares” y que supuso, de nuevo, la entrada policial en la sede de Sgae, todo ello con la publicidad acostumbrada. La visita policial no suponía que la entidad estuviese investigada (y de hecho aparecía como “parte perjudicada” en el proceso en cuestión). Simplemente se solicitaba información sobre determinados socios, autores y editores, que presuntamente podrían haber realizado prácticas delictivas en su actividad particular (y que hoy, una vez más, se ha demostrado que no existieron).
En todo caso, la circunstancia se utilizó para deslegitimar nuevamente a la Sgae y a la gestión colectiva en general, y de nuevo con el aplauso de un nutrido colectivo autoral que caía en la trampa de siempre.
La denuncia partía en este caso de un grupo de autores, debidamente estimulados, entre los que estaba el expresidente de la entidad, Antón Reixa, que denunció públicamente estos supuestos abusos (y que se desdijo posteriormente en sede judicial por lo que consideraba una mala interpretación de su declaración original). Pero, una vez más, se utilizó el caso para desprestigiar a la entidad, con el apoyo de muchos autores incapaces de comprender su papel de “tontos útiles” (entiéndase en su sentido conceptual y sin intención peyorativa) en esta cuestión, con la actividad frenética de los editores multinacionales (y sus cómplices entre los independientes, guiados por algunos con intereses muy definidos), que han llegado a emplear importantes recursos en una campaña de desprestigio internacional de Sgae sin precedentes. Y ello, además, con la ayuda de la autoridad cultural gubernamental que, incapaz de enfrentarse a una regulación eficaz de la cuestión principal, el posible abuso de posición de las cadenas de TV que tanto les preocupaba, en apariencia, asumió el relato oficial contra la Sgae, cediendo ante la presión política y mediática, contribuyendo más que ningún otro actor a la desconfianza que tan oportunamente algunos habían sembrado.
Sin embargo, es difícil entender todo este asunto sin conocer quiénes están detrás del conflicto eterno de la sociedad española de autores y editores.
¿Qué desafectos y qué intereses marcan la política de desencuentros y tensiones en los órganos de gobierno de la SGAE?
Para responder a esta cuestión es necesario hacerse algunas preguntas:
¿Es posible la convivencia de autores y editores en una misma sociedad? ¿Y la de la música y el audiovisual?
Obviamente, debe serlo, pues con ello se fortalece la entidad frente a los usuarios. No existe razón alguna para el conflicto, si las cosas se hacen bien.
¿Necesitan los autores dramáticos de la gestión colectiva?
Parece disparatado excluir de ella a quienes fundaron la Sociedad de Autores de España, primera en asumir la defensa de los derechos de los autores en nuestro país, en 1.899.
¿Deben las multinacionales discográficas, a través de sus editoriales, participar en los órganos de gobierno de la entidad? Y si lo hacen, ¿por qué no han de hacerlo también las cadenas de televisión a través de sus propias editoras?
Nungún usuario debería formar parte de los órganos de gobierno de la entidad con la que debe negociar. No existe argumento que justifique la presencia de las cadenas de televisión (hoy usuarios de la mayor relevancia). Tampoco de las compañías discográficas (hoy integradas en las principales plataformas de distribución online-vía streaming). Pero no es realista pensar que las editoras multinacionales, que representan un amplio repertorio nacional e internacional y aportan unos ingresos sociales muy importantes, puedan quedar al margen de la gestión de sus derechos por parte de la entidad, sometidas, eso sí, a las mismas reglas que el resto de los socios. Lo que no puede aceptarse es que pretendan imponer sus intereses particulares a los del resto de los autores y editores, debiendo exigírseles una lealtad institucional que favorezca la unidad y fortalezca nuestra capacidad negociadora frente a los usuarios. Estamos en el mismo barco y todos queremos llegar a buen puerto.
¿Qué es la CISAC (“International Confederation of Societies of Authors and Composers”) y cual es su papel real en el entorno de la gestión colectiva a nivel internacional? ¿Se ha convertido, como algunos mantienen y su actitud en el caso de Sgae parece sugerir, en una agencia de cobro del repertorio internacional (principalmente el anglosajón)? ¿Está manejada por las multinacionales para defender sus intereses?
Hoy la CISAC ha perdido algo de su naturaleza original y existe entre los autores una cierta desconfianza ante sus prioridades.
Conclusiónes...
Vivimos en un mundo globalizado en el que la demanda de contenidos es seguramente la mayor de la historia. Los derechos de propiedad intelectual, y entre ellos muy especialmente los derechos de autor, se han convertido en una preciosa mercancía. Demasiado, seguramente, para estar en manos de sus propietarios, los autores, en opinión de algunos.
Se acusa a las entidades de gestión colectiva de ser un monopolio que actúa con falta de transparencia y abuso de posición dominante. Y se dice defender a los autores dividiéndolos, exigiendo a sus entidades todo lo que no exigen a quienes pretenden devaluar el precio de sus derechos, si no directamente apropiárselos, penalizando la negociación colectiva. Pero, en realidad, se defiende preferentemente a una industria multinacional que concentra más del 70% del repertorio mundial y a la que no se exige, ni dividirse, ni el ejercicio elemental de transparencia que supondría que los autores y artistas supieran la remuneración de las compañías discográficas por parte de las plataformas de música online, información protegida por contratos confidenciales tan transparentes como el plomo.
Pero nada de lo que ocurre es casual. Todo obedece a una estrategia bien planificada. No piensen en conspiraciones ni nada tan excitante o esotérico, no se trata de eso... Todo es mucho más prosaico y terrenal. Se trata de imponer mis intereses a los tuyos. Nada personal.
La historia reciente de Sgae es un claro exponente de ello. Y lo que le ocurre tampoco es casual, ni mucho menos. Sgae puede ser un elemento muy perturbador para el plan global de una cultura uniformada y manejada por unas multinacionales que ya han tomado posiciones en todos los ámbitos necesarios. La prospera Sgae anterior a la entrada de la guardia civil en 2011 era desasosegadora para algunos, y su influencia en el entorno Iberoamericano muy inquietante para determinados intereses. Hoy sabemos que el proceso SAGA no descubrió ninguna desviación de fondos, como decían, y así ha quedado demostrado. Pero también sabemos que cada vez son menos los fondos susceptibles de ello y que la nueva Sgae "refundada" ha perdido su influencia transoceánica y su prestigio internacional. Digamos que se ha “redimensionado” a la baja y convertido en una entidad casi irrelevante en el escenario internacional, más acorde a las expectativas e intereses de entidades extranjeras como la SACEM francesa (hoy bajo la égida multinacional de UNIVERSAL/VIVENDI), la PRS británica (controlada por las “majors” desde hace ya mucho tiempo) y, en general, de la CISAC, que las aglutina a todas y vela por el “orden establecido” y la "supremacía multinacional".
Curiosamente, esa mencionada tranquilidad de 2017 duró hasta que constataron que en Sgae intentabamos impulsar de nuevo una política de cooperación iberoamericana, con la idea de fortalecer nuestros repertorios y nuestra identidad cultural y su valor de mercado frente a la “colonización” anglosajona (no necesariamente enriquecedora) e iniciamos una campaña para exigir transparencia y claridad a las editoras multinacionales dentro de la entidad (mediante una auditoría que, poco después, pasó a dormir el sueño de los justos en el fondo de algún cajón), a la vez que se impulsó un arbitraje por parte de la OMPI que posteriormente las cadenas de TV (que tenían su propia hoja de ruta), consiguieron desautorizar en los juzgados por una cuestión de forma, iniciándose una guerra en toda línea entre multinacionales discográficas y cadenas de televisión, con los autores en medio, como comparsas, empobrecidos, sí, pero aplaudiendo con infantil entusiasmo a unos u otros contendientes, según creyeran que les iba en ello, ignorantes de que ambos los utilizaban para sus propios fines.
A partir de ahí, casual o no, vivimos la mayor campaña de desprestigio, a nivel nacional e internacional, que se pueda recordar. Desde algunos medios de comunicación, las referencias a la pésima gestión de Sgae eran diarias. Hemos visto titulares como: “Bruselas interviene las cuentas de SGAE”, que interpretaban de esta extravagante manera la exigencia de la creación de un órgano interno de supervisión que imponía la directiva europea de 2014 a todas las entidades de gestión de la Unión. El ámbito internacional hervía con las denuncias de la ICMP (la internacional de editores) ante la CISAC, que las asumía diligentemente.
A nivel político, los responsables de Cultura del gobierno contribuyeron a la desconfianza y desprestigio de la entidad de manera notable, cediendo ante la presión mediática, en un insólito episodio de indefensión, por ser benévolos en el calificativo, del sector autoral de este país.
Y todo, lamentablemente, con la ayuda inestimable de una parte del colectivo autoral, engañado a veces, en defensa de intereses particulares a menudo, acomplejados casi siempre, mal informados por especuladores oportunistas en ocasiones, e imbuidos de una vanidad fácilmente manejable otras tantas.
En todo caso, una activa e ingenua comunidad que hace mucho daño al colectivo de autores en general, que merece mucho más que eso, y de la que se aprovechan aquellos enemigos, no ya del derecho de autor (del que sacan pingües beneficios), sino de que éste sea gestionado por y para los autores.
Hoy, Sgae se enfrenta a un nuevo proceso electoral, previsto para este otoño, y su actual Presidente, Antonio Onetti, que aspira a una más que improbable reelección (su penosa gestión musical compite con el descalabro audiovisual y un éxodo sin precedentes en este ámbito social), sigue esgrimiendo el famosos caso "Rueda", que ha sido también sobreseído, pese al recurso, ya desestimado, de la OPEM (Organización Profesional de Editores de Música), sin ni siquiera llegar a abrirse juicio y tras una larga instrucción (muy provechosa para determinados intereses), como argumento principal para defender una gestión calamitosa y aparecer como el "limpiador de la casita" de una mácula que se ha demostrado inexistente (y con la que pretende eclipsar una causa judicial, esta sí vigente, por una presunta trama de falsificación de votos que le afecta muy directamente y en la que comparece en calidad de "Investigado", junto a otros altos directivos de la entidad).
Pero, además del hecho, ya de por sí bastante insólito, de que sean unos gestores bajo la lupa del juez por esa presunta manipulación de votos quienes vayan a gestionar y supervisar de nuevo el proceso electoral, hay otras consideraciones que deben llamar nuestra atención.
Incoherencia ministerial.
Si retrocedemos a 2012, tras la mencionada intervención judicial de la Sgae y la detención de su cúpula, veremos que el Ministerio de Cultura (y muy concretamente el entonces Secretario de Estado, señor Lassalle) impulsó, asesorado por el entonces responsable de los Servicios Jurídicos de la entidad, Pablo Hernández (hoy "factotum" en la sombra), una reforma estatutaria de cara, supuestamente, a "democratizar" el proceso electoral que se abría entonces. Entre las modificaciones, estaba la penalización del sistema de "listas cerradas" que imperaba, mediante la aplicación de la Ley D'Hont, favoreciendo las candidaturas individuales (que calificaban de más democraticas y plurales) lo que conllevó a una composición polarizada y dividida de la Junta Directiva que facilitaba su control por parte del propio Hernández y potenciaba la influencia de las editoras multinacionales (estas siempre bien organizadas y sin competencia), que pasaron a dominar el escenario con la complicidad de unos ingenuos colectivos audiovisual y dramático.
Pero hoy, ya lo ven, parecen haber cambiado de opinión y, no sólo han despenalizado las listas cerradas, sino que las han hecho obligatorias, eliminando la posibilidad de que los autores puedan presentarse de forma individual. Es decir, no sólo es que hayan vuelto a la situación que calificaban en 2012 de poco plural y democrática, sino que la han reforzado en esos principios otrora denunciados. Y todo ello con la complaciente permisividad de un Ministerio de Cultura, que se une a esta incoherencia con diligente premura, autorizando dichos cambios estatutarios con entusiasta celeridad.
También conviene recordar que en la mencionada reforma de 2012, el Ministerio (a instancias del mencionado Pablo Hernández) exigió una modificación de la composición de la Junta Directiva que contemplase el peso recaudatorio real de cada colectivo profesional, y que supuso la ampliación del Colegio Audiovisual en dos miembros (pasando de 7 a 9, y, de paso, eliminando a un músico audiovisual, pasando este colectivo de dos a un solo miembro).También la reducción del Gran Derecho de 7 a 6 miembros, que de nuevo supuso la pérdida de un músico de Artes Escénicas, pues fue éste el sacrificado. En definitiva, los músicos pasaron de ser 20 (lo que suponía una mayoría en una Junta Directiva de 38 miembros) a 18 (en una junta de 39, sin posibilidad de esa mayoría). Todo según el diseño del ínclito Hernández (cuyos frutos están a la vista) y con la complicidad del señor Lassalle (que se lo "compró" y exigió su puesta en marcha).
En esta última reforma, sin embargo, este principio de proporcionalidad no ha tenido cabida y el Colegio Audiovisual, hoy casi residual en términos de recaudación tras la gestión de los últimos años (y el éxodo multitudinario hacia la competencia, DAMA, que, dicen, paga mejor a sus socios) mantiene sus nueve miembros, tres por encima del colectivo de Gran Derecho, pese a que la recaudación de éste es superior (algo que deberían tener en consideración los votantes de Gran Derecho, Colegio por el que, dicen las malas lenguas, se presentará en esta ocasión Onetti, consciente, seguramente, de su escasa credibilidad ya entre el colectivo audiovisual que queda aún en la casa).
Y el señor Ministro, o a quien corresponda, no ha dicho tampoco ni esta boca es mía, aprobando diligentemente la reforma que ignora lo que, en su día, se exigió como criterio innegociable.
¿Qué podemos hacer?
Es evidente que, ante las próximas elecciones y al margen de los cantos de sirena del señor Onetti, los socios deben plantearse el futuro de Sgae. Un futuro que ponga fin a las guerras intestinas por hacerse con una porción mayor de un pastel exiguo y se centre en trabajar para conseguir una recaudación a la altura de otras entidades de nuestro entorno.
Presume el presidente de una recaudación cercana a los 350 millones de € (que, dice, era la que teníamos en 2007, ¡hace casi veinte años!). Pero omite que, por ejemplo, la SACEM francesa y la PRS británica superan hoy los mil millones. Incluso la SIAE italiana nos supera ampliamente con 500 millones de € de reacaudación.
Se conforma con poco el presidente saliente...
Dice también (es su eslogan electoralista, por lo visto) que "hemos mejorado mucho en la relación con los socios, con las instituciones y con la sociedad, que ya empieza a mirar a la SGAE como una cosa normal y no como una cueva de ladrones. Ya no existe ese desprestigio".
Pero lo hace con insólito cinismo, con unos dirigentes (el propio Onetti entre ellos) bajo sospecha de fraude en el cómputo de la voluntad societaria, investigados judicialmente por una presunta trama de manipulación de los votos en asambleas y elecciones.
Pero..., ¿es que cabe desprestigio mayor?
Difícilmente podrá la Sgae afrontar los retos del futuro bajo estas circunstancias. Alguien debería decir al señor Onetti que no se trata de consolidar una gestión que ha sido calamitosa y sospechosa, sino de mejorarla y atender a las verdaderas necesidades de nuestros socios.
La próxima Junta Directiva deberá trabajar para recuperar la credibilidad frente a un colectivo audiovisual que se ha visto obligado a hacer las maletas. Y ofrecer soluciones a un Gran Derecho desatendido y cada día más descreído de la gestión colectiva. Y, por supuesto, lograr la paz institucional entre autores musicales y editores, en un frente común que deje de pelear por las migajas que nos arrojan unos usuarios crecidos ante nuestra desunión y contribuya a fortalecer a la entidad frente estos, que han aprovechado nuestra debilidad para disminuir sus tarifas y consolidar las "rebajas" del derecho de autor en nuestro mercado.
Gestionar, en definitiva, con transparencia, rigor y eficiencia.
No se trata tampoco, señor Onetti, como ha dicho usted recientemente, de resarcir con vanas palabras a Eduardo Bautista de la injusticia que padeció (y que hoy, por lo visto, hasta usted reconoce). Teddy no necesita que usted lo reivindique tardíamente. Tras el vodevil judicial que le montaron para quitárselo de en medio, hoy desenmascarado, lo único que cabe es retomar su legado y devolver a la Sgae al lugar que le corresponde.
Y eso, mucho me temo, al menos por lo que ha demostrado hasta ahora, está muy lejos de sus capacidades, señor Presidente...
José Miguel Fernández Sastrón
(21 de julio de 2024)
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