El que engaña encontrará siempre quien se deja engañar.
(Nicolás Maquiavelo)
Parecen muy dispuestos nuestros representantes en la Junta Directiva de Sgae, encabezados por su presidente, señor Onetti, a sembrar la confusión alrededor de la falsificación de votos en procesos asamblearios y electorales que estaría siendo investigada en el Juzgado Número 5 de Madrid a consecuencia de la querella interpuesta por el ex-Secretario General de la entidad, señor Ezpondaburu, y de la que se ha hecho amplio eco la prensa.
Ya nos sorprendieron con un comunicado tras la Asamblea General Ordinaria del pasado 29 de junio (en respuesta a las acusaciones del señor Salinas, miembro de la Junta y del Consejo de Dirección, que fue fulminado en el acto por desvelar lo que todos ya sabían, que apuntaba a unos pagos por parte de los candidatos de las pasadas elecciones a una empresa presuntamente vinculada al señor García Pelayo) negando enérgicamente que dichos pagos se hubiesen realizado, lo que resultó a la postre un alegato que faltaba descaradamente a la verdad, como pudimos comprobar en los WhatsApps que publicó el diario ABC, en los que, no sólo se podía leer cómo se realizaron dichos pagos, sino hasta la confirmación de las transferencias realizadas por parte de un gran número de directivos a la cuenta del señor Solana (el autoproclamado "recolectador") con el concepto "Regalo Presidente", que éste sugirió (ver: https://www.abc.es/cultura/whatsapps-sgae-revelan-pagos-directivos-trama-votos-20220721193554-nt.html).
Lo cierto es que, tras la publicación del artículo del periodista Jaime G. Mora en el mencionado diario, uno hubiese esperado un mínimo de dignidad por parte del señor Onetti y su Junta Directiva, tras desvelarse cómo habían mentido a los socios sin el menor rubor, primero en la asamblea y posteriormente en el comunicado en cuestión.
En lugar de ello, sin embargo, la actitud del señor Onetti y sus partidarios fue muy otra. Lejos de entonar mea culpa alguno, se enrocaron en un victimismo de salón y continuaron como si nada hubiese pasado.
Eran conscientes también de la querella interpuesta por el señor Ezpondaburu, que minimizaron (amparándose en una inadmisión inicial por un defecto formal, que sería solventado poco después) desde el convencimiento de que todo quedaría en nada (tal vez propiciado por la sensación de impunidad que ha acompañado a sus numerosos dislates en otras cuestiones no menores), de la misma forma que el señor García Pelayo presumía por los pasillos del seguro archivo de la investigación policial en curso. Confiaban, seguramente, en que la llegada de las vacaciones estivales serviría como distracción que haría olvidar tan enojoso asunto. A la vuelta de vacaciones ya nadie se acordaría de ello y podrían seguir a lo suyo a partir de septiembre.
Resulta, sin embargo, que las expectativas del señor García Pelayo no se han cumplido y la investigación policial, lejos de archivarse, ha sido puesta a disposición del juzgado, al entender que existían claros indicios de delitos varios, habiéndose acumulado al procedimiento abierto a causa de la querella del señor Ezpondaburu, entendiendo la Magistrado-Juez, Doña Carmen Valcarce Codes que:
PRIMERO.- Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, por lo que procede incoar Diligencias previas 1281/2022 de conformidad con lo establecido en los artículos 757 y 774 de la LECrim. SEGUNDO.- Habiéndose incoado con anterioridad en este Órgano judicial, por los mismos hechos las DIP 575/2022 para la investigación de los mismos hechos a los que se contraen estas actuaciones procede acumular el presente procedimiento al ya incoado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 y concordantes de la LECrim.
¿PASAMOS AL PLAN B?
Si añadimos a ello que el fiscal se pronunció favorablemente a la tramitación de la querella (ante la posible existencia, no solo de Delitos Societarios, sino también de Falsedad Documental), una vez solventada la posición como Acusación Popular del señor Ezpondaburu y que parece inminente la publicación del Auto Judicial que lo confirme (algo que, sin duda, ya saben en Longoria), parece que han decidido cambiar de estrategia (según nos cuentan, a instancia de los señores Solana y García Pelayo, ya que el señor Onetti está ya de vacaciones desde hace unos cuantos días y se habrá limitado a dar su placet a esta nueva postura, que roza lo esperpéntico y que parece un intento de soltar una cortina de humo, algo muy típico, por otra parte, cuando las cosas se ponen feas y los argumentos brillan por su ausencia).
Lo cierto es que ahora ya no se trata de negar la mayor (algo imposible ante la contundencia de los mensajes publicados), sino de desviar la atención del asunto principal para reconducirlo hacia una perversa campaña de desprestigio contra esta primorosa Junta Directiva que tantos logros ha conseguido y que es adalid de la transparencia, la justicia y la eficiencia.
¡Y no se les cae la cara de vergüenza!
EL NUEVO COMUNICADO DE SGAE
El día 29 de julio, recibíamos un nuevo comunicado de Sgae, firmado por una inmensa mayoría de su Junta Directiva, que las malas lenguas atribuyen a la presión del duo Pelayo/Solana, y que nos sorprendía con afirmaciones a las que vamos a responder a continuación.
Esencialmente, el comunicado se compone de tres bloques. En el primero de ellos nos manifiestan su total disposición y su voluntad de acogerse al dictado de la Justicia, mientras que el segundo lo dedican a una exposición de sus grandes hitos y virtudes, apuntando ya a ese enemigo oscuro que actúa desde las sombras, preámbulo de lo que será el tercero, en el cual nos dan el mensaje fundamental: Todo obedece a una conspiración para desprestigiar a la actual gestión, a fin de fomentar la desestabilización de la entidad con la intención de impedir la consolidación de sus proverbiales reformas y sus grandes logros.
¿Les suena de algo?
(Debe de existir, sin duda, un texto modelo para casos así, porque uno diría que ya ha leído esto muchas veces)
Pero vayamos con el comunicado por partes:
En su primer bloque encontramos tres mensajes que nos provocan cierto desconcierto.
I-Dice el comunicado en este primer bloque:
1-"El pasado 21 de julio de 2022, el Consejo de Dirección de SGAE aprobó su personación en el procedimiento abierto en el Juzgado Número 5 de Madrid a instancias del ex secretario general, don Eduardo Ezpondaburu, por presuntas irregularidades cometidas en el seno de nuestra entidad".
Dejando aparte el hecho de que califiquen de "presuntas irregularidades cometidas en el seno de nuestra entidad" a lo que la investigación policial y la fiscalía consideran hechos indiciariamente constitutivos de delitos de usurpación del Estado Civil, de Falsedad Documental y de Administración Desleal (lo que dice bastante del rigor con que acometen este asunto los firmantes del comunicado), no podemos dejar de resaltar la gravedad que supone el hecho de que un grupo de directivos, encabezado por el presidente Onetti, utilicen la base de datos de Sgae para dar traslado a más de ochenta y cinco mil socios de su particular punto de vista sobre la presunta trama de corrupción institucional y falsificación de votos en los últimos procesos asamblearios y electorales, toda vez que no existe un acuerdo de Junta Directiva, ni estamos, por lo tanto, ante una comunicación oficial de un órgano de gobierno.
Tampoco hacen mención alguna a que estos hechos que ellos califican de "presuntas irregularidades" incluirían presuntos pagos de facturas por servicios ficticios a empresas inexistentes, relacionadas con personas que habrían participado en las falsificaciones, así como que dichos pagos habrían sido presuntamente gestionados, a instancia del Director de Relaciones Institucionales de la Sgae, señor García Pelayo, por el Director General de la misma, Adrián Restrepo, aprobándose en última instancia por el Consejo de Dirección que preside el señor Onetti y al que pertenecen varios de los firmantes del comunicado.
Aparte de esto, la primera decisión que nos trasladan es, sin duda, inquietante. Y lo es porque:
-En primer lugar, no nos dicen en calidad de qué se personará la Sgae en dicho procedimiento.
-¿Lo hará como acusadora, o como simple perjudicada?
La gran paradoja es que, en uno u otro caso, el consejo que habría aprobado dicha "personación" estaría presidido por uno de los denunciados en dicho procedimiento, que habría, además, participado en dicha votación (lo que es un hecho insólito y bastante irregular), sin que conste advertencia alguna al respecto por parte de quien tuviera que hacerlo (entendemos que la Secretaría General, o los SSJJ, cuya más alta responsabilidad recae en ambos casos a día de hoy en la misma persona).
Y, dado que no es un procedimiento contra la Sgae, sino contra personas concretas, dentro y fuera de la entidad, no podemos dejar de preguntarnos:
- ¿Va la Sgae a acusar, o a reclamar un perjuicio a su Presidente, su Director General, su Director de RRII y su Director de Sistemas, mientras estos se mantienen en sus funciones?
- ¿Asistirán todos, o alguno de ellos, a las deliberaciones que los órganos de gobierno puedan sostener respecto de su estrategia jurídica como acusadores, o como perjudicados?
No encontrarán ninguna aclaración a estas cuestiones.
Añade el comunicado en este primer bloque:
2-"Esta decisión es consecuencia de la denuncia interpuesta hace un año ante la policía por esta Junta Directiva, justo al día siguiente de ser informada por el mencionado ex secretario general en su sesión extraordinaria del día 23 de julio de 2021, convocada al efecto, y responde a la determinación de la Junta de perseguir cualquier práctica irregular y el esclarecimiento de los hechos".
No dicen, sin embargo, que la Junta Directiva pudo tomar esa decisión en la misma sesión en que fue informada. Podrían aducir que la misma no constaba explícitamente en el orden del día, claro, pero todo aquel que conoce el funcionamiento de estas reuniones sabe que, de existir unanimidad, se solventaría este obstáculo formal. Pero no la hubo, ya que fueron varios, según nos dicen (y así constaría en el informe del Secretario General y en el acta de la reunión) los junteros que se mostraron contrarios a interponer la denuncia, ya sea porque abogaban por una investigación interna (como el señor Meliveo), o por considerarlo prematuro (caso del señor Cabal, el cual, parece ser, saltándose el deber de confidencialidad,
contactó con el señor García Pelayo en plena reunión para informarlo de lo que allí se debatía, pasando después a una actitud de defensa proactiva de aquel), o, incluso, por alegar dudas sobre la credibilidad del informe del Secretario General (como, según nos cuentan, argumentaba el señor Urkixo). Otros se mostraron más ambiguos, pero contrarios, en todo caso, a tomar decisión alguna (como el señor Marvizón, siempre fiel a su ni sí, ni no, sino todo lo contario). También los hubo, y es justo decirlo, que entendieron la gravedad del asunto y proclamaron su posición firme y clara de interponer la denuncia sin más dilación (como algún representante del Pequeño Derecho, o del Colegio Editorial).
La decisión, por lo tanto, tuvo que posponerse a una siguiente reunión, con caracter extraordinario, en la que fue determinante el hecho de que el Secretario General mostrase su intención de interponer la denuncia a título personal en caso de no obtener la autorización de la Junta para hacerlo en su nombre.
Por todo ello, podemos deducir que esa "determinación de la Junta de perseguir cualquier práctica irregular y el esclarecimiento de los hechos" de la que hacen alarde en su comunicado fue, cuando menos, poco entusiasta y bastante forzada por las circunstancias...
Concluye el comunicado este primer bloque diciendo que:
3-"La intención será siempre seguir el dictado de la Justicia y actuar en consecuencia tomando las medidas oportunas".
Poco se puede decir sobre esto, excepto, quizás, que el movimiento se demuestra andando.
Y ya hemos visto que el paso de nuestros junteros ha sido más bien perezoso en este caso.
II-En el segundo bloque del comunicado leemos que:
"Durante el último año y medio de esta nueva legislatura, la actual Junta Directiva ha conseguido restablecer la normalidad institucional de la entidad, perdida como consecuencia de unas malas prácticas que hoy se juzgan en la Audiencia Nacional, y que estuvieron a punto de provocar la retirada de la licencia concedida por el Ministerio de Cultura y Deporte y la expulsión de los organismos internacionales que agrupan a las entidades de gestión de derechos de autor".
Aquí comienza la fase de autobombo, que persigue, en realidad, describir un escenario idílico que sería el objeto de las conspiraciones que luego nos desvelarán.
Resulta casi obsceno hablar de normalidad institucional cuando se está cuestionando la legitimidad de la propia Junta Directiva y la transparencia de los procesos asamblearios y electorales de la entidad, como consecuencia de la denuncia de un Secretario General (al que defenestraron, como primera medida). O cuando un juez ha invalidado los acuerdos de dos Asambleas (y hay algunas más impugnadas y pendientes de resolución) por las irregularidades cometidas en su convocatoria y desarrollo.
Tampoco parece que la relación con el Ministerio sea la mejor, si tenemos en cuenta que se han recibido al menos tres requerimientos en los últimos dos meses, de cuyo contenido no se ha informado a los socios.
Y eso por no hablar del éxodo masivo de socios hacia otras entidades de gestión que viene produciéndose en estos últimos dos años.
Añaden en este segundo bloque que:
"Igualmente se han dado grandes pasos en la modernización y transformación digital de SGAE, en su saneamiento económico y en la aprobación de un marco regulatorio que acabe con la injusticia y la falta de equidad sufrida en el reparto de derechos en épocas pasadas".
Esto ya invita a pensar que el redactor de este panfleto propagandístico, pues no puede calificarse de otra forma, ha optado por tirarse a la piscina y confiar en una proverbial indiferencia de los socios, poco dados a analizar estas cuestiones en profundidad.
-Hablaremos de esa "modernización y transformación digital de SGAE" en otro momento, pero será para pedir explicaciones acerca de la ejecución presupuestaria en el ámbito de Sistemas de Información y sobre algún que otro contrato con alguna empresa radicada en territorios lejanos, cuyo procedimiento ha sido, en el mejor de los casos, de dudosa transparencia (una vez más, ante la indiferencia de una Comisión de Supervisión que no sabemos a qué se dedica).
-Sobre el saneamiento económico, basta con recordar que, a día de hoy, la Caja esta temblando y la cifra del deficit de Sgae (léase Patrimonio neto negativo) es la peor de su historia (y eso pese a los manejos contables y movimientos del pasivo a fondos propios a los que ya nos hemos referido en otras ocasiones), con una recaudación que ha caído en picado desde el año 2018. Todo ello, después de presentar unas cuentas anuales que no reflejan la realidad patrimonial de la entidad y un Informe de Auditoría en el que se falta a la verdad, como se denunció en la reciente Asamblea General.
-Sobre ese "marco regulatorio que acabe con la injusticia y la falta de equidad sufrida en el reparto de derechos en épocas pasadas" del que presumen, habría que recordarles los procesos judiciales abiertos (y algunos ya cerrados con sentencias contrarias) en materia de repartos, que ponen en tela de juicio la transparencia, el rigor y hasta la legalidad de la actuación de la entidad en este terreno, por no hablar del asunto del reparto decidido por el señor Restrepo, que primó el repertorio Audiovisual en detrimento del musical, de forma arbitraria e irregular (algo que denunció el anterior Director Financiero, señor Soria, que fue fulminantemente cesado a continuación), o los también arbitrarios rescates del Pendiente de Identificar de cuyo detalle no se informa.
El baile de modificaciones reglamentarias "a la carta" de estos últimos dos años, aparte de haber sido un fracaso absoluto (y con cada nuevo cambio sobre lo cambiado, sin conseguir un modelo estable, lo están demostrando), ha propiciado una inseguridad jurídica sin precedentes en la Historia de la Sgae.
Nada, por lo tanto, de lo que presumir, mucho me temo, tampoco en este ámbito...
III-Y llegamos al tercer bloque del comunicado:
Todo lo anterior, en realidad, es mera preparación para el mensaje que quieren imponer ante la imposibilidad de negar la evidencia...
Veámos lo que dicen:
"Existen motivos para detectar que se está intentando impulsar una campaña de desprestigio procedente de aquellos sectores que, temiendo la consolidación de estas reformas, no ven otra manera de impedirlas que desestabilizando la institución por el método de desacreditar a sus órganos de gobierno a través de informaciones falsas. Seguiremos trabajando para reflotar la Sociedad General de Autores y Editores y devolverla al lugar que le corresponde, actuando además ante la justicia para exigir las responsabilidades a las que haya lugar".
Al margen de que alguien debería decir al señor Onetti y sus palmeros que cuando un dirigente empieza a calificar de contubernio y conspiración la oposición a sus políticas y de campañas de desprestigio las críticas a su gestión es señal de que debería plantearse un descanso, sería bueno que nos dijeran cuáles son esos "motivos para detectar que se está intentando impulsar una campaña de desprestigio..." (su propia redacción los traiciona y desde luego, los motivos para que se esfuercen en ello parecen evidentes) y, sobre todo, que nos expliquen cómo tan conspicuos conspiradores habrían conseguido reclutar para su causa a todo un Secretario General de la entidad, a los policías que han investigado los hechos denunciados, al fiscal que los ha considerado indiciariamente constitutivos de delitos diversos y hasta a la Juez del Juzgado Número 5 de Madrid que parece ser de la misma opinión.
Hace falta haber visto muchas películas para soltar semejante retahíla de alucinaciones y pretender que te tomen en serio.
¿Qué nos deparará el próximo comunicado? ¿Se nos desvelará una trama auspiciada por negacionistas de las bonanzas de la gestión de Onetti y su tropa de Salvadores de la Patria, o se argumentará que las falsificaciones fueron causadas por el cambio climatico o la viruela del mono?
El señor Onetti y sus partidarios deberían entender que, si bien seguramente es cierto que su gestión y sus reformas han causado rechazo en gran parte de la masa social (lo que, por mucho que les sorprenda no es nada raro, ni censurable, ni precisa de conspiración alguna para expresarlo, ya que su descrédito se lo han ganado a pulso día a día), lo único que exigen los socios es poder manifestarlo en unas asambleas transparentes, sin votos falsos ni manipulaciones extrañas que perviertan la voluntad societaria y consoliden una farsa inaceptable que parecen dispuestos a tapar bajo el manto de un victimismo patético y hasta esperpéntico (cuando no otra cosa).
También deberían asumir que, hoy, después de lo ocurrido, no se espera de ellos que sigan "trabajando para reflotar la Sociedad General de Autores y Editores y devolverla al lugar que le corresponde", sino, más bien, que tengan un poco de dignidad y se vayan a sus casas, dejando la entidad en manos de una gestora que pueda garantizar la limpieza y la transparencia que exigen unas nuevas elecciones para conformar unos órganos de gobierno legítimos que devuelvan la confianza a los socios y reparen todo el daño que han hecho a la entidad y a su credibilidad y solvencia.
Pero mucho me temo que habrá que esperar a que alguien se lo sugiera desde un púlpito más elevado...
José Miguel Fernández Sastrón
(31 de julio de 2022)
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