A una colectividad se le engaña siempre mejor que a un hombre. (Pio Baroja)
Es curioso cómo el señor Onetti y su Junta Directiva nos bombardean con comunicados cada vez que quieren vendernos alguna de sus ocurrencias, o contarnos alguno de sus presuntos logros (a menudo, por no decir en general, más humo que otra cosa) y sin embargo callan cuando reciben tirones de orejas, algo que cada día es más frecuente.
No sé ustedes, pero yo, al menos de momento, no he recibido comunicado presidencial alguno para informarnos del último varapalo con que la Justicia ha obsequiado a la Sgae y que supone un serio contratiempo, que era de esperar, por otra parte, por todos menos por nuestros gestores y sus avezados asesores de cabecera. Parece que el señor Onetti no considera necesario informar a los socios de que un juez ha declarado la nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) celebrada el 30 de enero de 2020 correspondiente al punto 5 del orden del día de la convocatoria de la mencionada Asamblea General Extraordinaria consistente en la incorporación en los ingresos de la entidad de la diferencia existente en los derechos pendientes de reparto Y CONDENANDO a la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) a estar y pasar por esta declaración, a abstenerse a ejecutar el acuerdo o promover sus efectos en el futuro, y a reponer la totalidad de la cantidad que hubiera sido incorporada en los ingresos de la entidad en ejecución de dicho acuerdo a la cuenta contable correspondiente del pasivo de la misma.
Dicho en plata: que los casi 10 Millones de € del pendiente de reparto que la Junta Directiva de Sgae decidió apropiarse para mejorar sus paupérrimas cuentas, pasando como por arte de magia un pasivo a un activo, van a tener que devolvérselos a sus legítimos dueños, es decir, a los socios de esta casa, a los que mintieron y embaucaron para que aprobasen una propuesta ilegal, más propia de trileros que de unos administradores que deberían velar por los intereses de sus administrados, pero que eligieron el camino fácil para ocultar sus miserias.
Esto ocurrió en la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de 30 de enero de 2020 y algunos lo advertimos, antes, durante y después de la misma, cosechando el habitual desinterés de una masa social que cada día se lo pone más fácil a quienes aligeran sus bolsillos, e incluso las críticas de esa escasa "claque" de asistentes estimulados por la frenética actividad preasamblearia de los conseguidores de siempre, dispuestos a dar rienda suelta a ese aborregado síndrome de Estocolmo que algunos padecen.
Para no aburrir a los lectores, emplazo a aquellos que tengan algún interés sobre esta casuística, o quieran recordar lo que dijimos entonces, avisando de lo que, en definitiva y como no podía ser de otra manera, ha ocurrido, a los artículos que publiqué al respecto en este mismo blog, antes: https://www.asesorautor.com/post/la-donación-del-30-de-enero-damunt-de-cabró-a-la-presó
y después de dicha asamblea: https://www.asesorautor.com/post/el-gran-engaño-de-pilar-jurado-y-el-informe-fantasma-de-cuatrecasas, denunciando, no sólo la ilegalidad de la propuesta, sino la inaceptable manipulación informativa con la que fue trasladada a unos socios a los que, no sólo se les omitió información, sino que se les mintió descaradamente, haciéndoles creer en la existencia de un informe jurídico externo que la avalaba que, no es que no existiese, sino que, parece ser, decidieron no mostrar porque decía justamente lo contrario.
Lo más relevante de esta sentencia (que el señor Onetti y su Junta Directiva han preferido no comunicarnos) es que deja claro lo que ya habíamos advertido respecto de la falta de información que se ofreció a los socios, siendo meridiana cuando dice, textualmente, que la "información proporcionada en la convocatoria, claramente era insuficiente dada la trascendencia económica del asunto a aprobar, e impidió a los socios formarse una cabal idea del asunto que se iba a aprobar como para tomar sus decisiones al respecto", así como también el que se mintió a los socios cuando se les dijo que existía un informe jurídico externo favorable a la propuesta, concretamente del despacho de CUATRECASAS.
Arriba vemos el documento que Sgae publicó en su web antes de la asamblea. En él hay dos elementos muy importantes: la reserva de un 10% durante cinco años por motivos de prudencia y el mencionado informe favorable de CUATRECASAS.
En la Asamblea, sin embargo, después de que ya hubieran votado todos aquellos que lo hicieron anticipadamente mediante el voto electrónico, cambiaron el documento, eliminando de él la referencia al informe de CUATRECASAS y convirtiendo esa reserva prudencial del 10% en méramente "hipotética" y sujeta a un análisis posterior. Esta "menudencia" sólo la pudieron ver los 265 asistentes a la reunión asamblearia, mientras que la versión anterior, que ha resultado falsa a la postre, es con la que contaron los 365 socios que delegaron su voto y los 567 que votaron anticipadamente. Hagan ustedes cuentas...
Y la sentencia también lo tiene claro cuando dice que "En el presente caso, ha quedado acreditado que solo se dio información más detallada en la parte privada de la página web de la SGAE (doc.no 8 de la demanda) sin remisión alguna en la convocatoria a la misma (doc.no 6), pero que en cualquier caso, de las declaraciones practicadas se infiere que no se correspondía con la realidad de lo acontecido, pues si bien el representante de Grant Thorton sí es cierto que realizó un estudio jurídico, no hay informe jurídico del despacho de abogados Cuatrecasas reconociendo la presidenta en su interrogatorio que quedó en una propuesta...".
Todo esto, aunque les cueste creerlo, se avisó durante la asamblea, ante la desidia de la mayoría de los presentes y la absoluta negación de la evidencia por parte de la Mesa Presidencial.
En el acta vemos, por ejemplo, como el entonces Secretario General de Sgae, Germán Bercovitz Álvarez, se lavaba las manos cuando decía que el asunto había sido estudiado por los Servicios Jurídicos y financieros, aludía a "apoyos externos" (sin mencionar a CUATRECASAS) y se cubría de gloria al erigirse en garante de la legalidad de una asamblea que ha acabado desautorizada por el juez. Claro que tampoco queda en muy buen lugar la dirección de los Servicios Jurídicos, en quien todos parecían apoyarse y que avaló la propuesta que hoy ha descalificado el juez. Ni el señor Bercovitz, ni la señora Beca tenían dudas, y así lo transmitieron a los escasos asistentes a la asamblea, que, además de con una información insuficiente, e incluso falsa, como hemos visto (nosotros y el juez), contaba con el asesoramiento de estos técnicos que, a la postre, han demostrado ser poco fiables, y trabajar más para quienes maladministran nuestros derechos que para los que pagamos sus nada despreciables salarios.
Un papelón, en todo caso, el de unos y otros, y un serio problema el que tienen hoy el presidente Onetti y su Junta directiva para deshacer este entuerto. Porque, aunque previsiblemente recurrirán esta sentencia (recurso en el que yo no depositaría muchas expectativas y que sólo supondrá un coste mayor para los socios, que son en definitiva los que pagan la "fiesta"), ni siquiera la proverbial flexibilidad que han venido demostrando en este asunto los eternos auditores de Ernst &Young va a poder evitar la obligada provisión de estos casi diez millones sustraídos a los socios, lo que los colocará de nuevo en ese incómodo pasivo que tanto dice de la incompetencia de nuestros gestores y que quisieron aliviar irregularmente, mientras se resuelve en una instancia superior su postrero intento por evitar devolverlos a sus legítimos dueños.
La pregunta ahora es:
¿Van el señor Onetti y la actual Junta Directiva a incluir este punto en la próxima Asamblea, para informar a los socios de esta lamentable circunstancia y sus consecuencias?
Permítanme que lo dude. Como tampoco, como sería lo lógico, pondrán sus cargos a disposición de quienes se han visto burlados por su nefasta gestión.
Pero si esto ha ocurrido, si los socios de Sgae, pese a su tradicional indiferencia y escasa participación en la vida societaria, van a recuperar su dinero no ha sido porque su actual presidente, señor Onetti, haya decidido corregir este desmán de su predecesora en el cargo, ni porque la Junta Directiva se lo haya exigido. De hecho, intentarán probablemente escurrir el bulto, argumentando ese tópico de un "conflicto heredado". Lo que pasa es que, si bien es cierto que la presidencia entonces estaba ocupada por la señora Pilar Jurado, no lo es menos que el actual presidente era ya entonces vicepresidente (además, apoyó esta propuesta) y, por lo tanto, coresponsable directo de todo ello; como tampoco lo es el que en la actual junta tenemos a un nutrido grupo de directivos que ya estaban en la junta anterior y que propusieron a la asamblea el desaguisado que ahora "heredan". De hecho, la práctica totalidad del Colegio Audiovisual (8 de 9, incluido Onetti), y la mitad del de Gran Derecho (3 de 6, incluido su vicepresidente, Fermín Cabal), se estarían "auto-heredando".
Sólo cuatro de los del mermado Colegio de Pequeño Derecho (le han esquilmado un representante por el morro, pasando de 16 a 15, ante la incapacidad de su vicepresidente, Sabino Méndez, de exigir que se corrija esta burla a los autores musicales, de los que, se supone, es el máximo representante) son "repetidores" (dos de los cuales han venido mostrándose críticos con la actual gestión y exigiendo explicaciones que raramente consiguen, ante el silencio de sus compañeros).
Lo cierto es que el único Colegio que puede argumentar, por lo tanto, una absoluta irresponsabilidad por estos hechos sería el de EDITORES, ya que ninguno de sus actuales miembros estaba en la junta anterior, ni participaron en la propuesta hoy impugnada exitosamente en los Tribunales de Justicia. De hecho, y al acta me remito, dos de sus representantes en la actualidad, los señores Carlos Martínez (M20) y Rafael Aguilar Grabowski (Peer Music) también fueron críticos con la propuesta hoy desautorizada judicialmente durante la reunión asamblearia en que ésta se aprobó (con el voto negativo expresamente declarado, en el caso de Aguilar, y probablemente también en el del señor Martínez, a tenor de su intervención, en la que dejó claro su criterio de que, "si ese dinero existía, debía repartirse a sus legítimos dueños").
En todo caso, insisto, no ha sido tampoco esta oposición que mostramos algunos durante la asamblea lo que permitirá que el señor Onetti y su Junta Directiva devuelvan a los socios lo que es suyo. Ni las denuncias que hemos venido haciendo desde este blog. No ha existido, que sepamos, una reclamación masiva por parte de los perjudicados, en realidad todos los socios de Sgae, ni exigencia alguna frente a un expolio que, hoy, un juez nos ha confirmado. Y no faltarán las voces que desde los Servicios Jurídicos de la entidad pretendan vendernos que estamos ante una mera cuestión formal (como si fuera cosa baladí que un juez revele que, no sólo la información fue insuficiente, sino que mintieron a los socios esgrimiendo un informe inexistente), que no afectaría al fondo de la cuestión (que no es otro que la ilegalidad manifiesta de la apropiación de ese dinero del reparto por parte de unos gestores que han querido utilizarlo para maquillar sus malogradas cuentas), intentando defender lo indefendible (es decir, tanto la legalidad quebrantada, como su propia incompetencia procesal). Lo que no dirán es que ni siquiera ha hecho falta entrar en el fondo de la cuestión. Con las opacas maniobras para obtener la aprobación por parte de una asamblea desinformada y hasta engañada ha bastado para que el juez les desmonte el chiringuito.
La única razón por la que los socios de Sgae podrán recuperar su dinero es porque uno de ellos, el Socio 55.266, para más detalles, a título personal, pero en defensa de los intereses generales, acudió a los tribunales para denunciar este expolio. Hablamos del socio Rafael De Tena, cuya iniciativa ha permitido este éxito de todos los socios de Sgae en defensa de sus derechos. No tardaremos, sin embargo, en escuchar de nuestros gestores y los "palmeros" de rigor aquello de que la denuncia de este socio ha creado un problema a la entidad (ya saben, la "entidad" son ellos), intentando descalificar su actuación frente a la masa social (a menudo dócil y crédula ante estas burdas maniobras de nuestros mediocres gestores).
–¡Fijaos en qué lío nos ha metido el señor Tena! -dirán.
Y cuando nos presenten las próximas cuentas, en las que el patrimonio neto negativo se disparará y exigirá estatutariamente un nuevo aumento
del descuento, lo atribuirán a esta perversa sentencia propiciada por el malvado Socio 55.266, omitiendo que, de hecho, ya debieron aumentarlo en la última asamblea ordinaria del pasado 23 de junio, pero se saltaron a la torera el artículo 95 de los estatutos, algo que reconoció la propia directora de los Servicios Jurídicos, señora Beca (como puede comprobarse en el extracto del acta a la derecha, en que podemos leer su laxitud jurídica, que pretendió justificar desde criterios financieros, algo insólito dada la naturaleza de su responsabilidad). Es decir, ni siquiera con esos casi diez millones que se embolsaron para engordar sus cuentas pudieron evitar sobrepasar ampliamente el límite estatutario del 20%. Simplemente obviaron la norma, algo que no podrán hacer en la próxima asamblea, seguramente, y de lo que intentarán culpabilizar al señor De Tena, simplemente por impedirles falsear sus cuentas a costa del dinero del pendiente del reparto, que es de los socios.
Después de todo, no sería la primera vez que intentan hacernos creer que el problema no es que nuestros gestores cometan una irregularidad y decidan esquilmar los bolsillos de los socios, sino que el verdadero problema es que un socio los denuncie y un juez los condene.
El mundo al revés y las mentiras de siempre.
Lo que pasa con las mentiras, como alguien dijo, es que siempre hay gente dispuesta a creérselas. Y más en esta casa, donde llevamos escuchándolas durante los últimos dos años de manera recurrente y compulsiva.
Ante situaciones como esta, uno no puede dejar de preguntarse a qué se dedica la afamada Comisión de Supervisión, que, pese a tener cumplida información de esta cuestión (como de tantas otras) no ha dicho esta boca es mía. La condena de un juez sobre un asunto que deberían haber estudiado y sobre cuya calificación deberían haberse anticipado, dice poco de este grupo de socios y "expertos" que, ya vemos, no sirven de mucho (quiero pensar que a estos últimos no se les informe debidamente).
Personalmente, de hecho, todavía estoy esperando la respuesta de su presidente, Manuel Aguilar Figuero, a las cuestiones que le planteé durante la pasada asamblea y que, a petición suya, le trasladé posteriormente en un correo dirigido a la Secretaría General, del que hicieron acuse de recibo desde dicha comisión, pero sin que haya obtenido respuesta alguna a mis consultas, después de casi siete meses.
Pero de eso ya hablaremos otro día...
José Miguel Fernández Sastrón
(13 de enero de 2022)
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