"Hoy, el apocalipsis ha dejado de ser una mera referencia bíblica para convertirse en una posibilidad muy real. Nunca antes en el acontecer humano se nos había colocado tan al límite, entre la catástrofe y la supervivencia.“
(Javier Pérez de Cuéllar)
Que nadie espere hoy ninguna concesión a la ironía, simplemente porque no tengo ganas de adornar esta crónica de una muerte anunciada, ni de decorar lo vivido anteayer en la Asamblea General de Sgae, convertida en una ficción que no interesa ya ni a sus socios y que tiene como única finalidad dar carta de legitimidad a las tropelías de unos gestores que han perdido la noción de la realidad, sumidos en una sensación de impunidad contrastada y animados por la ausencia total de consecuencias de sus actos, por insólitos que estos puedan llegar a ser.
La de ayer fue la primera Asamblea que yo recuerdo (y créanme que llevo unas cuantas desde que me afilié, allá por los años 80) en la que los socios, no sólo no eran informados del resultado de sus votaciones tras cada punto del orden del día, sino que ni siquiera al término de la reunión los conocieron, teniendo que esperar al día siguiente (con la excusa de no tener los resultados del voto telemático de los 83 socios que habían asistido virtualmente y que podían votar hasta la media noche). Otra innovación, en definitiva, que no hace sino contribuir un poco más a la opacidad denunciada de estos procesos en los últimos tiempos. Eso por no hablar de la relevancia sociológica en el transcurso de la reunión de esta falta de información sobre el desarrollo de las votaciones, o de cómo el resultado de la votación de un punto puede afectar a los siguientes.
A la mañana siguiente, los socios se encontraron, por fin, con esa información.
Pero, para su estupor, se habían publicado dos estadísticas diferentes: una hablaba de un total de 7.358 votos emitidos, mientras que la otra cifraba estos en poco más de cinco mil.
¿Se imaginan algo así en unas elecciones políticas?
Luego corrigieron "un error técnico que no altera los resultados finales".
Al parecer, en la segunda estadística habían olvidado incluir los votos presenciales de la reunión asamblearia en Madrid.
¡Ni adrede se podrían hacer peor las cosas!
Dadas las circunstancias, el fiasco parece muy inoportuno y el hecho de que exista una investigación policial sobre un presunto fraude en las votaciones de asambleas pretéritas y una querella interpuesta por el recientemente cesado Secretario General, que fue quien lo detectó y denunció en primera instancia (algo que le costó el cargo, por cierto) , no contribuye mucho a la confianza de los socios.
No publican, eso sí, el detalle de los votantes, es decir, el número de socios que participaron en la Asamblea (de los más de 120.000 socios con derecho a voto, que, para no caer en la demagogía tan de moda, advertiremos que eran poco más de 20.000 antes de dar un voto universal que tiene más de estético que de real). En todo caso, la participación con el señor Onetti cae a mínimos históricos, algo que intentan camuflar en los comunicados omitiendo este dato.
Anteayer participaron en la ASAMBLEA GENERAL de Sgae, que aprobaba las cuentas anuales, la gestión y otras propuestas relevantes, un total de 599 socios (según nos dijeron en la reunión).
De ellos, 103 (más 6 por delegación), es decir, 109 socios lo hicieron presencialmente en Madrid, 52 socios participaron en las preasambleas territoriales y otros 373 votaron anticipadamente por medio del voto electrónico. Por último, fueron 83 socios los que asistieron de forma telemática (que fueron, precisamente, la excusa para retrasar la información de los resultados, lo que suena a chiste).
Todo ello nos da un porcentaje de participación del 0,49% (que sería de algo menos del 2,9% si contasemos sólo los 20.000 socios del censo previo al voto universal), lo que dicho de otra manera supone que el 99,51% de los socios de Sgae pasan de la asamblea y de sus propuestas, viéndose vinculados por lo que ha decidido un 75% de ese 0,49% de votantes.
Esa es la legitimidad de la que presumen hoy nuestros dirigentes...
Naturalmente, suena mejor lo que nos dicen en el comunicado oficial, es decir, que "en cuanto al ejercicio económico 2021, de un total de 7.151 votos, 5.370 (75,09%) han sido a favor, 1.590 en contra (22,23%) y 191 se han abstenido (2,67%).
Y no crean que el resto de las cosas las cuentan de forma muy diferente...
Pero no voy a extenderme en los asuntos aprobados anteayer (y que ya comenté en mi entrada anterior). Prefiero limitarme a los hechos concretos que hacen de esta Asamblea una ficción sin rigor alguno y una prueba clara de la descomposición de una entidad centenaria como es la Sgae, necesitada de un tratamiento drástico y urgente por parte de quien tiene la facultad de velar por su viabilidad, su transparencia y su rigor en la defensa de los derechos de sus socios, que parecen haber tirado la toalla y que han dejado que un grupo de apenas unos seiscientos asumieran la responsabilidad de aprobar unas propuestas que afectarán muy gravemente al conjunto. Los socios, es evidente, se han cansado de las mentiras y los despropósitos de sus dirigentes y muchos de ellos están ya buscando una alternativa para la gestión de sus derechos, desanimados por lo que han visto, leído y escuchado durante estos últimos cuatro años (y muy especialmente en esta última legislatura).
Empezaremos por el INFORME DE GESTIÓN, que despachó el señor Restrepo con un video que insulta a la inteligencia de los asistentes y que no incluía ninguno de los asuntos que hoy preocupan a la masa social:
-Ninguna referencia a la cuestión de los anticipos, que fueron eliminados y que, pese a los buenos augurios que nos venden, no parece que vayan a ser restablecidos a corto plazo (algo natural, por otra parte, si nos atenemos a la situación real de la Caja, que no es ni mucho menos tan esperanzadora como nos quieren vender).
-Nada respecto SEGURARTE, el seguro que también se eliminó y que ha dejado a muchos socios a expensas de los rigores de la profesión.
Naturalmente, para lo uno y lo otro se escuda el señor Onetti en la pandemia, o en la crisis provocada por la guerra, lo que nos hace preguntarnos, por ejemplo, cómo habrá hecho la AIE presidida por Luis Cobos para afrontar el mismo escenario sin desproteger a sus socios (y con recursos mucho más limitados), lo que tiene, seguramente, mucho más que ver con la gestión que con los golpes de pecho del presidente de Sgae).
-Nada tampoco sobre el descuento de administración (que ya subieron al 20%) y la situación patrimonial. De hecho, ante la pregunta concreta al nuevo director financiero, Rafael Parada, que sólo precisaba de una simple respuesta, afirmativa o negativa, sobre si el patrimonio neto negativo superaba el límite del 20% que establecen nuestros estatutos para regularizar el descuento (algo que eluden irresponsablemente, pero que suplen con pellizcos al reparto de los socios y otras maniobras contables de dudosa legitimidad), el señor Restrepo no le permitió responder y tomando la palabra se limito a decir (de forma reiterada ante cada insistencia para que diese una respuesta concreta) que "tenemos un plan a cuatro años" (como si sus planes tuvieran la potestad de ignorar la normativa estatutaria con la mayor impunidad). Se negó a dar mas explicaciones, en una actitud inconcebible para quien debe servir a los intereses de los socios de Sgae. Su prepotencia y sus formas hacen de él un individuo muy prescindible para esta entidad (sin que su gestión, desgraciadamente, aporte nada que pueda compensar estas carencias).
En su auxilio salió el Presidente para advertirnos de que no pensáramos que esto era "un interrogatorio en el que se podía preguntar cualquier cosa" (la sesión está grabada, les recuerdo). Por lo visto, los socios no pueden preguntar por cuestiones que afectan a la viabilidad de su sociedad y deben conformarse con lo que su presidente, o su director general, estimen que deben saber.
Eso sí, él puede extenderse en sus intervenciones más allá del tiempo acotado que conceden a los socios de a pie y replicar tantas veces como lo considere oportuno porque, como le dijo a un interviniente que protestó por ello...
"¡Yo soy el Presidente de la Sgae!"
-Tampoco consideró el señor Onetti necesario informar a la Asamblea sobre los recientes requerimientos de la Subdirección de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y que afectaban, entre otras cosas, a la investigación policial sobre un presunto fraude en las votaciones de las últimas convocatorias, o a la falta de cumplimiento de la necesaria aprobación asamblearia de un reglamento que, pese a ello, habían aplicado para la convocatoria de esta reunión.
Sólo a instancias de las preguntas de algunos asistentes (entre ellos, yo mismo) entró Onetti en esas cuestiones, a desgana y dando pocas explicaciones, más allá de defender su actuación y la de su equipo en dichos conflictos (algo sobre lo que, me temo, deberán pronunciarse los tribunales, llegado el caso) y vanagloriarse de que la Junta Directiva autorizó (que no propuso) la denuncia oportuna (lo que, siendo verdad, no es toda la verdad, ya que omite que se precisaron dos reuniones de la junta para autorizar dicha denuncia y que hubo una gran resistencia por parte de algunos de sus miembros, que abogaban por una mucho más discreta (y controlable, supongo) investigación interna. Sólo la determinación del Secretario General, señor Ezpondaburu, y su advertencia de que, de no hacerlo la Junta Directiva, él procedería personalmente a denunciar los hechos, pareció inclinar la balanza hacia tal decisión.
- El nuevo director financiero, señor Parada, fue también incapaz de explicar cómo es posible "la regularización de un pasivo contable por un importe de 9.964.821,42 €" (tal y cómo se proponía en el Punto 8 del Orden del Día), cuando ese pasivo no existía, ya que había sido incorporado a fondos propios de la sociedad en la Asamblea de junio de 2021 (acuerdo anulado por sentencia judicial y que está en proceso de recurso por parte de Sgae). Hubiera sido fácil y sin complicación alguna el proponer una revocación del acuerdo pretérito, devolviendo esa partida al pasivo, y aprobar a continuación su regularización. Eso, aunque no elimina la ilegalidad de fondo de la propuesta (por razones ya comentadas en otras ocasiones), sí, al menos, hubiera evitado un nuevo esperpento que acabará como el primero, y si no al tiempo.
También fue notable el esfuerzo de Parada por matizar la clara falta de veracidad del Informe de Auditoría en relación al Procedimiento ordinario 782/2019 tramitado ante el Juzgado 1ª instancia nº 71 de Madrid, que estaría, dice el auditor, "pendiente de sentencia". Y esto lo firma a 28 de abril, cuando a la Sgae le fue notificada ésta sentencia a 8 de abril 2022 (20 días antes de la fecha del Informe de Auditoría). Lógicamente (y eso no quedó claro en el confuso discurso de Parada) o bien el auditor de E&Y decidió omitirnos ese dato, o desde la Sgae se optó por ocultárselo a los auditores. Cualquiera de las dos posibilidades es de una enorme gravedad sobre la que tendrán que explicarse en el foro oportuno (que, ya hemos visto, no es la Asamblea General).
Eso por no hablar de su valerosa defensa sobre el hecho de la normalidad (y eso que, dice, él es de la profesión) de que un mismo auditor (y no sólo la persona jurídica, sino la persona física que lo representa) lleve once años consecutivos supervisando nuestras cuentas (un matrimonio que dice poco de la necesaria independencia de tal función, aunque sea sólo por la complicidad que, humanamente, puede producir tan longeva relación).
Pero el señor Parada, conocedor probablemente de que a su antecesor, el señor Soria, le costó el puesto el advertir de ciertas irregularidades en el proceso de reparto, auspiciadas supuestamente por el director general, optó por defender el relato oficial, por incongruente que éste fuera.
O eso, o las finanzas de Sgae están en manos de un verdadero incompetente, lo que no sé ya si es peor.
LA DENUNCIA DE SALINAS
Pero con todo, el episodio más delirante se produjo al final de la reunión asamblearia (cuando ya, lamentablemente, apenas quedaban unos pocos de entre los escasos asistentes y una mayoría se había marchado, aburrida seguramente por la verborrea de la mesa presidencial y sin el aliciente de esperar a conocer unos resultados que, ya habían advertido, no se comunicarían al término de la reunión).
A raíz de las explicaciones que desde la presidencia se daban acerca del grave asunto del presunto fraude en las votaciones en asambleas previas, un consejero y ex-vicepresidente de Sgae, Pablo Salinas, salió al estrado para dar su versión sobre lo acaecido, para sorpresa de los presentes y la perceptible contrariedad de la mesa presidencial, desde la que el señor Onetti intentaba esquivar las estocadas del ponente, ante la figura cabizbaja del presidente de la Fundación Sgae, señor Solana, que parecía muy afectado por las declaraciones de su compañero de junta.
El señor Salinas dejó claro que era un hecho que un número importante de los miembros del Colegio de Pequeño Derecho, antes de las elecciones y en su condición de candidatos, habría abonado al señor García Pelayo 800€, quien, a cambio, les aseguraba la posibilidad de salir elegidos. Añadió, además, que otro tanto le habría cobrado el mismo García Pelayo a la Sgae.
Ante las protestas del señor Sabino Mendez, vicepresidente del Colegio de Pequeño Derecho, que negó haber pagado cantidad alguna, Salinas pidió que levantasen la mano aquellos de entre los presentes que hubieran pagado esa cantidad, a lo que sólo accedió uno (aunque, según nos dicen, había alguno más). El señor Salinas insistió en que, en las elecciones de 2018, los dieciséis miembros de su Colegio habían realizado ese pago.
También afirmó que, frente a la ficción de las listas abiertas, había listas cerradas "de facto" que eludían de esa forma la Ley D'Hondt.
El señor Onetti, por su parte, negó que bajo su presidencia la Sgae hubiese hecho pago alguno a García Pelayo (al margen, es de suponer, claro está, de los 120.000€ anuales de su remuneración como Director de RRII de la entidad) y seguía empeñado en defender la actuación de Sgae, que, insistía, había puesto la oportuna denuncia ante estos hechos (episodio que ya hemos aclarado antes). La cuestión es que, según el Informe del Secretario General, existirían facturas que revelaban pagos en concepto de asesoramiento para la campaña electoral y cosas así, emitidas por empresas de dudosa vinculación con el sector (como es el caso de una empresa de comercializaciones cárnicas, por ejemplo). Todo ello obra en poder de la investigación policial y en los juzgados, por lo que serán estos los que nos dirán la verdad de lo ocurrido.
La cuestión, en todo caso, merece una reflexión:
- Según parece, ni al señor Onetti, ni a ningún directivo más (con la excepción del señor Salinas) parecía inquietarle el simple hecho de que un empleado de la entidad, el señor Iván García Pelayo, Director de RRII, para más inri, hubiera podido participar en la campaña electoral de determinados candidatos a la Junta Directiva, independientemente de que hubiera, o no, realizado alguna actividad fraudulenta (lo que ya entraría en un ámbito diferente). Ni tampoco que hubiera podido cobrar, además, a cada candidato 800€ por hacerlo, ya fueran dieciséis, ocho, o sólo dos.
COMUNICADO DE SGAE
Poco han tardado en reaccionar al artículo del diario ABC que narraba este episodio asambleario. Hace pocos minutos hemos podido leer un nuevo artículo, en el mismo diario, que incluye el que sería el comunicado oficial de la Sgae ante este episodio.
Dice así el comunicado:
«Los abajo firmantes, miembros de la actual Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Editores, rechazamos de manera contundente las declaraciones realizadas en la Asamblea General Ordinaria 2022 de la entidad por don Pablo Salinas, miembro también de esta Junta Directiva. Es rotundamente falso que los puestos de la Junta Directiva hayan sido designados a dedo por persona alguna o que ninguno de nosotros hayamos tenido que pagar para obtenerlo»
Obviamente intentan desviar la atención del asunto más relevante, en términos de gestión.
¿Están diciendo que, de ser el caso que sólo algunos junteros hubieran pagado al señor García Pelayo evita el hecho incontestable de que se está permitiendo que un empleado de la casa cobre a sus socios por hacerles la campaña? (y no entro en si lo hace de forma fraudulenta o no, que eso ya lo dirá quien tenga la potestad para ello).
El primer comunicado del señor Onetti debía haber sido el anuncio del despido fulminante del señor García Pelayo (por qué lo mantienen en su puesto, pese a los indicios existentes ya antes de la asamblea, y ahora con la confirmación de quienes afirman haber hecho ese pago, es algo que tendrán que explicar en el foro oportuno).
No me extrañaría, sin embargo, que su primera prioridad hoy sea cómo purgar al señor Salinas y librarse de él. Buscará el apoyo de la Junta Directiva, en la que, unos por complicidad, otros por cobardía y alguno por albergar alguna expectativa en el organigrama, se prestarán a su linchamiento político, dejando sus firmas para el recuerdo de un episodio que ocupará un lugar preferente en la Historia de la ignominia de la entidad.
Y añaden en el comunicado:
«Son los socios, y únicamente los socios, los que eligen con sus votos a sus representantes en los órganos de dirección de la entidad, a través de las elecciones que se llevan a cabo siguiendo estrictamente lo que marcan nuestros estatutos, y que se realizan con todas las garantías legales y societarias, bajo la supervisión de una Comisión Electoral independiente»
Esta declaración contrasta, sin embargo, con lo que decía el cesado Secretario General en su informe (que los firmantes conocen bien).
«De la investigación realizada –advertía el ex secretario general–, estos hechos han sucedido en el tiempo, al menos desde la Asamblea de 30 de enero de 2020, Asamblea de 30 de julio de 2020, Asamblea de 30 de noviembre de 2020, y Asamblea de 23 de junio de 2021 donde se han detectado las falsificaciones mencionadas y otras bolsas de voto falsificadas».
Decía muchas más cosas, pero dejemos eso a la investigación policial y a quienes tienen la responsabilidad de llegar hasta el final de este feo asunto.
Dice, por último, el comunicado:
«Así mismo, los miembros de los colegios de Gran Derecho, Audiovisual y de Editores, queremos manifestar nuestra mayor solidaridad con los miembros del colegio de Pequeño Derecho que han sufrido públicamente un ataque tan injusto como injustificado por parte del señor Salinas –continúa el comunicado–. Esta Junta Directiva lleva casi dos años trabajando intensamente para defender la honorabilidad de nuestra entidad y restablecer la confianza en su funcionamiento, y no vamos a consentir este tipo de falsedades que solo persiguen el desprestigio de nuestra entidad por intereses espurios».
Vuelven a desviar la cuestión. El señor Salinas no ha atacado a los miembros de Pequeño Derecho, si no a un entramado de presunta corrupción institucional bajo investigación policial, por lo que no necesitan de la solidaridad de un presidente y de una junta que vuelve la mirada ante hechos de tanta gravedad, haciendo de la denuncia el delito y eludiendo pronunciarse sobre el verdadero fondo de la cuestión.
El escrito lo suscriben 32 de los 39 miembros de la Junta (entre ellos, sorprendentemente, el señor Fernández Galvez, que fue precisamente el que levantó la mano en la asamblea para confirmar la denuncia de Salinas, lo que nos da una idea de la presión a la que habrán sometido a los junteros y de cómo se las gastan el señor Onetti y su camarilla), pero no puede hablarse de un COMUNICADO OFICIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA toda vez que no ha habido reunión de dicho órgano, ni acuerdo votado que refleje acta alguna. Es una chapuza más de un presidente acorralado que pretenderá, una vez más, "matar al mensajero", como ya hiciera en el caso del señor Ezpondaburu, y en el del señor Soria (en este caso, con la colaboración imprescindible de señor Restrepo). Ambos habían cometido también la osadía de denunciar presuntas irregularidades y eso, hoy, no está bien visto en el Palacio de Longoria.
El señor Salinas ha denunciado unos hechos que, tanto Onetti, como el resto de la junta, ya conocían (porque antes lo había hecho en el Consejo y en la propia Junta Directiva, sin que le hicieran el menor caso) y sobre los que no tenían la menor intención de informar a los socios. Lo que parece haberles molestado es que esos hechos se hagan públicos, puesto que ello los obliga a tomar una determinación sobre un asunto muy incómodo, que prefieren, visto lo visto, guardar en el baul de los recuerdos.
Anteayer, Salinas lo hizo una vez más, en esta ocasión en el Órgano Soberano de la entidad, la Asamblea General, lo que, no sólo no es una deslealtad, como pretenderán hacernos creer, sino que es su obligación, ante hechos de semejante gravedad y la inaceptable negligencia de sus compañeros.
Si esta Junta Directiva y su Presidente no dimiten de forma inminente, definitivamente, en esta Sgae ya cabrá cualquier cosa y valdrá todo, con tal de aferrarse al sillón y vivir de las dietas y demás remuneraciones que sufragan los socios, a los que conducen hacia la ruina más absoluta y el desprestigio más humillante e irreversible para un colectivo que parece desconectado de su propio futuro.
José Miguel Fernández Sastrón
(1 de julio de 2022)
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