¿Una Comisión de Supervisión, para qué?
- asesorautor
- 22 jul 2022
- 7 Min. de lectura
Actualizado: 31 ago 2022
Si algo llama la atención respecto de los graves acontecimientos desvelados recientemente, en relación con la denuncia del ex-Secretario General de Sgae, señor Ezpondaburu, a los que ya nos hemos referido detalladamente en nuestra anterior entrega, es que estos se hayan producido, precisamente, cuando más protegidos deberíamos de estar de cualquier irregularidad en la gestión de la entidad, merced a la existencia de un Compliance Officier y, sobre todo, a la reciente creación de una Comisión de Supervisión que, se supone, tiene la misión de velar porque estas cosas no sucedan; o, al menos, de que, si suceden, estas sean debidamente detectadas y depuradas las responsabilidades a que pudieran dar lugar. Para ello, dicha comisión cuenta con amplias competencias y, naturalmente, con la facultad de exigir toda la información necesaria para el cumplimiento de su función.
La cuestión, una vez visto lo visto, sería:
¿Ha cumplido la Comisión de Supervisión con su función en un asunto que, según parece, ha pasado a la investigación policial y está ya en los juzgados sin intervención alguna por su parte?
La Comisión de Supervisión hizo un informe sobre su actividad, como es preceptivo, para la Asamblea Ordinaria del pasado 29 de junio. En él, despacha en apenas página y media tan grave asunto, lo que resulta ya de por sí algo alarmante, sobre todo teniendo en cuenta que, con la misma información de que ellos dispusieron, tanto la Investigación policial, como la propia fiscalía (y de hecho también el propio juez, sólo pendiente de un trámite formal para la admisión de la querella interpuesta por el señor Ezpondaburu en relación a estos hechos) han encontrado indicios de delitos, presuntamente vinculados a determinados cargos de la entidad, dando lugar a las oportunas diligencias previas.
¿Y qué dice la Comisión de Supervisión?
En su informe a la Asamblea (que firman, por cierto, sólo ocho miembros, cinco internos y tres externos, lo que supone, para empezar, que estaríamos ante una comisión irregularmente configurada ya que los estatutos exigen que sean diez) dicen haber contado con la siguiente documentación:
– Informe de la Secretaría General (en su caso en vivo y en directo, compareciendo ante la comisión en su reunión de 14 de diciembre de 2021, en la que trataron esta cuestión).
– Actas de los Órganos de Gobierno.
– Informe del Compliance Officier.
Tras el análisis de esta documentación, los comisionados concluyen que "Dado el estado del asunto, en proceso de investigación por la UDE e involucrando información muy sensible, se acuerda esperar al resultado de esa investigación, recomendando extremar las medidas para garantizar la confidencialidad sobre dicha información".
El caso es que no parece que hayan tenido mucho interés en seguir el recorrido de la denuncia, después del pasado 14 de diciembre, fecha en que trataron este asunto (que, según refleja el acta correspondiente, despacharon también en apenas media página sobre la comparecencia del Secretario General y, de hecho, en el punto correspondiente a la comparecencia del Compliance Officier, vemos que ni siquiera tocaron el tema, lo que nos hace preguntarnos cuándo se produjo esa "general alineación" con el criterio de éste).
Tampoco hacen mención alguna a la querella posterior. Se limitan a decirnos, como hemos visto, que "La Comisión se alinea en general con las recomendaciones del Compliance Officer en este asunto", que, por otra parte, no hemos visto (el tema no estaba en el orden del día de la asamblea y, si no fuera por las preguntas de algunos socios, no se habría ni siquiera tratado por parte de la presidencia, la dirección general, o los servicios jurídicos).
Su conclusión, en todo caso, es algo así como "pelillos a la mar" y ya se han tomado medidas para que no se repita... (lo que constituye, en si mismo, una confesión nebulosa de qué algo habría ocurrido, de alguna manera...)
Si tenemos en cuenta que la Junta Directiva necesitó de dos reuniones para autorizar la denuncia policial propuesta por el señor Ezpondaburu y que algunos de sus miembros mostraron serias reticencias y aconsejaban una investigación interna que evitase la publicidad que podría suponer una investigación externa, podemos llegar a la conclusión de que de haberse impuesto este criterio no hubiéramos llegado a conocer los detalles que nos han ofrecido desde la investigación policial y las primeras diligencias judiciales, que son claras a la hora de establecer que existen unos indicios de delitos que, ni el señor José Carlos Gómez (responsable del Compliance), ni la Comisión de Supervisión presidida por el señor Aguilar han sabido, o han querido ver.
Pero más preocupante, sin duda, es el hecho de que los medios de comunicación hayan hecho una investigación más detallada y rigurosa que la de nuestra inédita comisión, lo que nos habla, en el mejor de los casos, de una falta de diligencia muy notable y nos hace preguntarnos:
¿Para qué sirve la Comisión de Supervisión?
Su presidente, señor Manuel Aguilar, nos lo explicaba en un video cuando presentó su candidatura en 2020.
Parece evidente, sin embargo, que la comisión que hoy preside no se ha esforzado mucho en desvelar este feo asunto de los votos falsos y el pago a una empresa por parte de los candidatos para que gestione la campaña electoral (y, lo que es más sorprendente aún y confirma el señor Solana en los WhatsApps publicados por el Diario ABC, también para gestionar las Asambleas).
Tampoco parece haber seguido con mucho interés el recorrido del mismo. Si vemos las actas de las reuniones posteriores de la comisión (que fueron seis en 2022, hasta mayo) comprobamos que:
-Hubo dos en enero, pero no se trató el tema en ninguna de ellas.
-Hubo una en febrero, en la que, a pesar de que que compareció el Compliance Officer, tampoco se habló del asunto (lo que invita a pensar en que no era algo que los inquietase particularmente).
-Tampoco en la única de marzo se ocuparon de este grave asunto.
-En la de abril, al menos, se pregunta al Compliance Officier por el informe de falsificación de votos encargado por la Junta Directiva. Éste indica que está trabajando en ello para tenerlo terminado el próximo 21 de abril.
Casi un año después de la denuncia no parecían tener mucha prisa...
-Finalmente, en la de mayo, en la comparecencia del Compliance Officier, después de tratar otros temas, se presentaron las conclusiones en relación con el documento presentado por el anterior Secretario General referido a las delegaciones de votos "presuntamente falsificadas", así como las recomendaciones y medidas a adoptar y/o estudiar para mejorar los procedimientos en compras y de aseguramiento de los votos.
Nada consta en el acta sobre el contenido de dicho informe de conclusiones, ni sobre esa "alineación general" de la comisión con el criterio expuesto.
Eso es todo lo que ha dado de sí el tema en una comisión que, pese a haberse reunido seis veces en los primeros cinco meses de 2022, es decir, más de una reunión mensual (los estatutos sólo exigen una reunión trimestral), apenas ha dedicado al asunto un par de párrafos sin mucho detalle en sus actas. Y sólo para concluir que aquí no ha pasado nada...
Mientras tanto, la investigción policial, la fiscalía, y la propia juez del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Madrid han encontrado indicios de delito en unos hechos que nuestros "centinelas" internos (Compliance y Comisión de Supervisión) han considerado, parece ser, que no ofrecen duda alguna respecto de la exquisita legalidad de las actuaciones de los denunciados en este asunto.
A día de hoy, sin embargo, y más aún cuando se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el fraude afecte a las pasadas elecciones de 2020 (en las que, por cierto, fueron elegidos también los propios miembros de esta comisión), sería muy conveniente, a la par que higiénico, que el señor Manuel Aguilar, presidente de la misma, diera alguna explicación acerca de su postura ante estos nuevos hechos (incluida la detallada denuncia del propio señor Salinas en la Asamblea) que complementan y, de hecho, corroboran aquellos que ya conocieron, pero que consideraron poco relevantes a tenor de lo que leemos en su informe. Y que contemplase, incluso, la dimisión (la suya y la del resto de los integrantes de la Comisión de Supervisión), de cara a evitar toda sombra de sospecha sobre su propia configuración e independencia.
¿Y el Compliance Officier?
Tampoco parece muy creíble, como hemos visto, la actuación del señor José Carlos Gómez (Compliance Officier de la Sgae), lo que hace pensar que la supervisión de la entidad está en manos de personajes cuya independencia, o, tal vez, simplemente, cuya competencia en materia jurídica, son, por lo menos, cuestionables a la vista de los resultados y de la sorprendente discrepancia (pese a haber manejado la misma información) respecto del criterio policial y judicial en lo referente a este conflicto.
Porque lo que hoy tenemos es una Junta Directiva que ha mentido a los socios, tanto en la asamblea del pasado día 29 de junio, como en el comunicado del día posterior (según han demostrado los WhatsApps publicados por el diario ABC) cuyos integrantes están, además, bajo sospecha de un posible fraude electoral y que está "vigilada" por un Compliance Officier (contratado por aquellos a los que debe vigilar) que ha ignorado completamente los informes de la Secretaría General y por una Comisión de Supervisión mal configurada, cuyos miembros provienen de esos mismos comicios bajo sospecha.
Lo único que le queda a los socios es parafrasear al recordado Eugenio para decir:
Ya, pero..., ¿hay alguien más?
Y sí lo hay, en realidad.
De hecho, la máxima responsabilidad en la supervisión y tutela de la entidad la tiene el Ministerio de Cultura y Deportes, que ejerce a través de su Dirección General de Propiedad Intelectual, desde donde me consta que ya se envío un requerimiento de información sobre este grave episodio, pero que, a la luz de los nuevos acontecimientos, tendrá sin duda que hacer muchas más preguntas y tomar las medidas necesarias que protejan a los socios de Sgae frente a presuntas irregularidades en la gestión de su voluntad democrática y garanticen la legitimidad de sus órganos de gobierno.
Parece ser, para añadir mayor incoherencia a este episodio dantesco, que el Consejo de Dirección de Sgae habría decidido ayer por mayoría la personación de la entidad en la Causa (con el voto, lo que ya es insólito, de alguno de los querellados, como es el caso del presidente Onetti, sin que nadie, desde la Secretaría General, o los Servicios Jurídicos hiciese la menor advertencia sobre un conflicto de interés "de libro"). Lo que no hemos llegado a saber es si se personarán como Acusación, o como Perjudicada... (recordemos que la causa se dirige, entre otros, contra el Presidente, el Director General, el Director de RRII y el Director de Sistemas de la propia entidad, que desde sus puestos pilotarían la estrategia judicial de la Sgae en en un proceso en el que serían ellos mismos investigados...)
¡Surrealismo puro en Longoria!
Independientemente de las responsabilidades penales que los tribunales puedan determinar, la exigencia de unas elecciones sin más demora, tuteladas, transparentes y libres de toda sospecha de fraude parece, no solo algo conveniente, sino hasta inevitable, toda vez que ni el presidente Onetti, ni una mayoría de su Junta Directiva parecen dispuestos a dar ningún paso en esa dirección, apostando por mantener el sillón, aunque sea a la sombra de una legitimidad en entredicho.
José Miguel Fernández Sastrón
(22 de julio de 2022)
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