“Sólo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo.”
(Warren Buffett)
Cuando se venía cuestionando la legalidad de los procedimientos de reparto de Sgae y un juzgado ha investigado una denuncia (a la postre injustificada) contra algunos de sus socios, lo normal (al menos en cualquier otra organización) sería que una decisión judicial que, tras una larga y minuciosa instrucción, determinase que no existen indicios de delito alguno que fundamenten dicha acusación por parte de terceros, dando por archivado el caso sin que ni siquiera proceda la apertura de juicio, fuese una buena noticia para los responsables de la entidad. Pero en esta Sgae del señor Onetti las cosas casi nunca son normales, por lo que parece...
Las recientes declaraciones de la Directora General de Sgae, Cristina Perpiñá, son un ejemplo de lo que no se esperaría de la primera ejecutiva de una organización seria, además de una deslealtad inaceptable hacia unos socios que han tenido que esperar más de ocho años a que se desmontase una acusación infundada, que ven cómo aquella que encabeza una gestión que debería defenderlos y celebrar que se haga justicia, se permite, no sólo cuestionar un auto judicial, sino poner en tela de juicio su actividad profesional, afirmando que, pese a lo dicho por el juez, "se enriquecieron a costa de gente que trabajaba de forma normal" , tildando su conducta de "moralmente reprobable" y permitiéndose calificarlos de "sinvergüenzas".
Lo de la señora Perpiñá es un caso insólito, sin duda, que requiere de medidas urgentes y drásticas por parte de una Junta Directiva que, salvo honrosas excepciones, dando la callada por respuesta, vuelve a demostrar su negligencia (y eso en el mejor de los casos) y de un presidente que parece más interesado en tapar sus propias "vergüenzas" que en exigir a su equipo directivo el respeto debido a sus socios. Y es que es el señor Onetti, junto a otros altos directivos de la entidad, el que sí se halla a día de hoy investigado en los juzgados, y, además, por un asunto de la gravedad de una presunta falsificación de votos (que afectaría a varias asambleas durante su mandato, incluida aquella en que se eligió a la actual Junta Directiva y que lo nombró a su vez para el cargo que hoy ostenta sin plantearse dimitir por una mera cuestión de ética, toda vez que su propia legitimidad está, y nunca mejor dicho, "en tela de juicio". Respecto de ello, la señora Perpiñá se ha mostrado más prudente cuando dice que «Lógicamente, que pueda parecer que ha habido cualquier tipo de actividad sospechosa nos preocupa, porque evidentemente va a tener un impacto en nuestra imagen y reputación. Es un procedimiento que está en una fase muy inicial y no tengo ni idea de lo que va a salir». De momento, eso sí, "la SGAE da por superada la peor época" (pues estar cuestionada su democracia interna no parece ser tan grave...)
Tampoco ha dicho esta boca es mía el vicepresidente del Colegio de Pequeño Derecho, señor Sabino Méndez, al que pertenecen los socios insultados por la directora y a los que éste representa y debiera defender (en los términos que establece el artículo 72, letra c de los estatutos), pero, en su caso, es bien sabido cuales son sus prioridades y quien le inspira su dócil obediencia a "intereses superiores", pues él mismo reconoce sin rubor alguno atender solícito a las instrucciones del ínclito Pablo Hernández, "Rasputín" en la sombra de esta Sgae onettiana, cuyo beneplácito, dicen, aguarda antes de pronunciarse sobre asunto alguno.
Lo cierto es que los socios de Pequeño Derecho asistimos perplejos a la indefensión por parte de nuestro vicepresidente frente a la falta intolerable de respeto de una Directora General que parece haber perdido el juicio (y estar muy mal aconsejada), sin que hasta la fecha haya procedido a la rectificación solicitada ni a disculpa o explicación alguna, y bajo la égida de un presidente bajo sospecha, más ocupado en preparar otra asamblea en la que llevará a votación (entre otras cosas) nuevas reformas del régimen electoral de cara a las próximas elecciones del mes de octubre de este mismo año, de las que dependerá su continuidad (si no hay noticias del juzgado antes de esa fecha). Todo ello ante el silencio aparente de un Ministerio que parece mirar para otro lado.
Y eso, señora Perpiñá, si que parece, aparte de inquietante, "moralmente reprobable"...
José Miguel Fernández Sastrón
(17 de mayo de 2024)
P.D
Adjunto copia del correo enviado por varios socios de Sgae (entre los que me incluyo) a Presidencia, Junta Directiva y Dirección General de Sgae a este respecto (al que, me consta, se unen otros muchos con un contenido semejante en lo esencial) sin repuesta alguna por parte de la entidad.
También han pedido explicaciones algunos miembros de la propia Junta Directiva, solicitando afrontar esta cuestión en la próxima reunión.
A/a de Don Antonio Onetti, presidente de la SGAE
Muy Sr. mío:
Me dirijo a usted como socio nº - - - - - - de la SGAE y en relación con la información publicada en el diario ABC el pasado sábado 11 de mayo de 2024 bajo el título “La SGAE no ve necesidad de compensar a Teddy Bautista”, firmado por Jaime G. Mora, y en el que la Directora General, Doña Cristina Perpiñá (a la que pongo en copia), se permite intolerables descalificaciones a socios de la entidad, a los que atribuye prácticas ilegítimas, hoy desestimadas judicialmente tras la acusación infundada de algunos interesados, en un ejercicio sin precedentes de su función como primera ejecutiva de la casa.
Dice, entre otras cosas, la señora Perpiñá que «Una cosa es que el juez entienda que no se cumplen todos los elementos del tipo penal que se estaban investigando, pero hubo personas que se enriquecieron a costa de gente que trabajaba de forma normal. Desde un punto de vista moral, e incluso desde el punto de vista de las normas de la SGAE, esta conducta es reprobable», en un inaceptable juicio paralelo que pretende desautorizar la decisión judicial de archivo de la causa por no existir argumentos que la sustenten, permitiéndose, incluso, una interpretación parcial de los hechos cuando añade que «En el auto los propios hechos que aparecen son bastante alarmantes cuando se leen. Que a nivel penal no sea sancionable no significa que estuviera bien. Muchas de esas personas han sido unos sinvergüenzas y se han aprovechado», lo que supone, no sólo una descalificación insólita de aquellos a los que se debe y pagan su salario, sino una grave acusación de la que, entiendo, deberá responder en el ámbito procedente llegado el caso.
Resulta también confusa su declaración cuando afirma que «Yo no diría que ha quedado en nada. Es un sobreseimiento provisional que lleva al archivo, pero ya se ha recurrido», toda vez que no me consta recurso alguno por parte de Sgae, siendo la Organización Profesional de Editores de Música (OPEM), que se ha venido atribuyendo un perjuicio por esas supuestas "prácticas” ilegítimas que hoy ha quedado demostrado que no existieron y que ha sido la principal beneficiada de las reformas a las que se refiere la señora Perpiñá en otro momento de sus desafortunadas declaraciones como realizadas para “corregirlas", la que habría procedido a dicho trámite. Comprenderá usted que, al margen de la falta de rigor que supone el no aclarar la verdadera naturaleza de dicho recurso, resulta muy inadecuado que se sume públicamente y con tal entusiasmo a esa iniciativa, aunque sea en un arrebato emocional injustificable, y le rogaría me aclarase la posición de la entidad al respecto y si se trata de una acción coordinada con la propia OPEM.
Al margen de lo expuesto, y sin menoscabo de las acciones que pudieran resultar oportunas ante este ataque sin precedentes al honor y propia imagen previstas en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, mediante el presente escrito le requiero a fin de que conmine a la señora Perpiñá a rectificar públicamente sus declaraciones realizadas a ABC y publicadas el pasado 11 de mayo de 2024.
Quiero, por otra parte, llamar su atención sobre la gravísima falta en que ha incurrido con todo lo expuesto la Directora General en el ejercicio de sus funciones, y le ruego de traslado a la Junta Directiva de este correo a fin de que pueda tomar las decisiones que procedan de cara a la continuidad de la señora Perpiñá como Directora General de Sgae, a la que, desde este momento, un nutrido grupo de socios consideramos debería cesarse de forma inmediata.
Atentamente,
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