La desinformación es un elemento que separa, disuelve, en vez de construir. Sobre todo la desinformación cuando tiene objetivos, no cuando es casual.
De vez en cuando, los socios de Sgae recibimos correos de la entidad para informarnos, supuestamente, de aquellas cuestiones que nos afectan y consideran de nuestro interés. En la mayoría de los casos se trata de logros sin precedentes, hitos históricos y loas a nuestros gestores, cuya gestión, sin embargo, dista mucho, en realidad, de lo que quieren hacernos creer. En ocasiones, se ven obligados a informar de cuestiones menos gratas, en cuyo caso las disfrazan de ataques de algún enemigo imaginario cuyas consecuencias nunca son, por supuesto, atribuibles a los señores Onetti y compañía, sino a herencias recibidas, conspiraciones judiciales o cualquiera otras que su prolífica imaginación tenga a bien exponer a una masa social poco exigente y bastante crédula (no hablo, lógicamente de los que han salido ya corriendo a la vista de las circunstancias) .
Últimamente, por ejemplo, nos informaron de que la Sgae había batido récords históricos en su recaudación (la más alta de la última década, decían), aunque las liquidaciones de los socios, cada reparto más paupérrimas, se empeñaban en desmentir tal afirmación, hasta el punto de que más de uno se preguntaba dónde estaba todo ese dinero recaudado que no llegaba a los socios de forma tan generosa como sería razonable pensar ante tal logro, que ya explicamos en su día que no era tal, sino un mero cobro de atrasos.
También nos han informado del nombramiento de la señora Marta Beca como Secretaria General de la Sgae, cargo que ya desempeñaba de forma interina desde hace meses, compatibilizándolo con la Dirección de los SSJJ. Lo que no consideraron oportuno es informar del "pseudo-blindaje" que exigió la letrada para cargar con ese marrón, consistente en incrementar en un 50% la indemnización que le correspondería en caso de cese. Y digo marrón porque, aunque tampoco informan demasiado al respecto, la responsabilidad sobre los procesos asamblearios de la entidad recae sobre esta figura institucional, en unos momentos en los que un juzgado investiga sobre presuntas irregularidades (concretamente sobre la falsificación de votos) en un proceso en el que son investigados el presidente Onetti y otros altos cargos de la entidad. De hecho, se da la curiosa circunstancia de que la Sgae (como también nos informaron) se ha personado como perjudicada en dicho proceso de la mano de quien la preside y es investigado como presunto responsable, entre otros, de ese perjuicio (lo que, en la Sgae de Onetti, lejos de ser un despropósito, conlleva premio en forma de un aumento del sueldo presidencial, junto con el de las dietas de los obedientes consejeros. En esta Sgae los socios son los únicos a los que se baja el "sueldo"...)
A otro de los investigados, el señor Iván García Pelayo, presunto urdidor de la trama que se investiga judicialmente, no han podido subirle el sueldo, ya que pidió una excedencia que lo apartó de su cargo. Eso sí, se ha intentado darle uno nuevo: la Dirección de la Delegación de Canarias, algo que ha evitado la protesta de los trabajadores de dicha delegación (que amenazaron con dimitir en bloque, demostrando, una vez más, que los socios de Sgae tienen en la maltratada plantilla la única salvaguardia contra las tropelías de sus gestores).
Tampoco informan muy detalladamente del éxodo de socios del Audiovisual hacia DAMA (un colectivo que "preside" Sgae y ocupa un 23% de los puestos en la junta, cuando su relevancia recaudatoria debe hoy suponer apenas un 3% del total recaudado, o incluso menos) o de socios musicales que han pedido también su salida y buscan alojo en Soundreef o UNISON, entre ellos las editoriales de las televisiones. Y mucho menos de lo que, en términos económicos en general (y tarifarios en particular), ello va a suponer para la Sgae. A este paso, el descuento de administración (que su mala gestión ya les llevó a aumentar, incluso antes de esta debacle) va a tener que subirse de nuevo, y cuantiosamente, para afrontar los costes de gestión de una Junta Directiva que parece dispuesta a tirar la casa por la ventana para subirse el sueldo y pagar a tanto "chupoptero" como crían en Longoria.
Pero, todo esto, siendo ya muy grave, resulta casi anecdótico en comparación con la realidad que nos ocultan, a los socios en general y a gran parte de una Junta Directiva incompetente y centrada en cobrar sus dietas, que se limita a aprobar con interesada e ingenua mansedumbre (y digo ingenua porque no son conscientes de la responsabilidad que les va a suponer todo ello) las propuestas de un presidente cuya única prioridad es conservar un sillón que depende de su docilidad para con los intereses de quienes mandan hoy en esta Sgae nuestra, que es, en realidad, suya.
Para entender lo que está pasando hoy en la Sgae hay que centrarse en la Sentencia que ordena rehacer el reparto de diciembre de 2017, la cual ha sido cumplida sólo en parte ya que los principales afectados por la misma deciden hoy sobre su cumplimiento (incumplimiento, en este caso), con la complicidad de un Onetti entregado a la causa (ya que de ello depende su sillón) y una Junta Directiva (salvo excepciones contadas) que permite este fraude judicial sin pararse a pensar en la calificación jurídica a que ello les conduce y de la que, antes o después, tendrán que responder. Y no podrán escudarse en el tópico "yo no sabía, Señoría..." porque lo saben muy bien (han recibido informes jurídicos meridianos al respecto, incluido el de la directora saliente de los SSJJ, señora Beca, que se lo dejó bien claro y que debe estar celebrando el quitarse esa responsabilidad, que las malas lenguas dicen que asumirá la actual responsable del Instituto Autor, señora Castelo, muy cercana al presidente, aunque personalmente dudo de que se deje meter ese gol, toda vez que ya goza de un buen sueldo en un cargo sin responsabilidades en ese ámbito.
Y, si no lo saben, a pesar de todo, aquí les explico con toda claridad de qué va la cosa...
Un conflicto de interés de libro...
Todo empieza cuando se recibe la notificación de la sentencia mencionada, de lo que nos informa Sgae (como siempre, eso sí, a su manera).
Para empezar, omiten que se trata de una Sentencia Firme, es decir, de obligado cumplimiento y sin posibilidad de recurso (algo que olvidaron comentar a uno de los juristas a los que pidieron un informe que pudiese bendecir su incumplimiento y que éste, al conocer la realidad, salió despavorido).
El comunicado empieza de manera tendenciosa, no sólo por la omisión mencionada, sino por su enunciado, que dice (en referencia al reparto anulado):
Con ello, pretenden hacernos ver que el tribunal ha tomado partido por los "malos de la película", (ya saben, la "rueda" y esas cosas) y ha determinado que no debe ponerse límite alguno a la "voracidad" de las televisiones en la franja de madrugada.
Lo cierto es que la sentencia no se pronuncia sobre la cuestión en esos términos (de hecho no afecta al reglamento de reparto actual, en el que se da, de forma insólita, un valor "CERO" a la franja de madrugada, pero de esto ya hablaremos otro día), sino que se limita a anular la modificación reglamentaria basada en un Laudo Arbitral de la OMPI que consideraba que no cumplía con los requisitos estatutarios para su aprobación por parte de la Junta Directiva, que habría extralimitado sus competencias, y ordena rehacer dicho reparto de acuerdo a la normativa vigente hasta ese momento (que, por cierto, ya limitaba de forma notoria la franja de madrugada mediante los coeficientes).
Conozco bien la cuestión ya que yo presidía la Sgae cuando la Junta Directiva aprobó solicitar el arbitraje, en reunión de 21 de diciembre de 2016, por 34 votos a favor y sólo 5 en contra.
La propuesta inicial partía del colectivo editorial, asesorado, como hoy, por el abogado Pablo Hernández, que pretendía se sometiese la cuestión a la CNMC, algo a lo que yo me opuse por considerar que no era el organismo adecuado, optando por la OMPI por su vinculación a la Propiedad Intelectual y su carácter internacional (lo que parecía mas acorde con el fondo de la cuestión). Y esa fue la propuesta que se aprobó, como hemos visto.
Cabe decir que esta decisión, que se tomó avalada por los Servicios Jurídicos de la casa, contaba, además, con las "bendiciones" (por decirlo de un modo suave, pues fueron algo más que eso) tanto de la CISAC, como del Ministerio de Cultura.
Personalmente, debo aclarar que consideré entonces que era necesario dar solución a un problema que venía minando de forma letal a la Sgae, dividiendo a sus socios y creando un ambiente de hostilidad y falta de credibilidad que hacía muy difícil gestionar la entidad y por ello, no tengo inconveniente en afirmar que, en las mismas circunstancias y con la información de que disponíamos, volvería a actuar como lo hice entonces. No me escondo, pues, (como hacen otros) ante cualquiera que pueda pedirme explicaciones, que le daré sin problema alguno.
Digo esto porque me llama la atención el hecho de que, según he sabido, el señor Santiago Menéndez Pidal, representante de WARNER CHAPELL MUSIC SPAIN, S.A en la Junta Directiva actual, ha pretendido culparme de esta sentencia, olvidando que fueron 34 los junteros (incluida su editorial) que aprobaron dicho arbitraje. Pero, sobre todo, olvidando que, ante la demanda que interpusieron las televisiones y la sentencia que, en primera instancia, les dio ya la razón, y para evitar los problemas de una previsible resolución firme como la que hoy nos afecta, propuse no aplicar la modificación motivada por el Laudo de la OMPI en el reparto siguiente, lo que a la vista de lo ocurrido fue una decisión muy prudente que ha impedido un descalabro mayor para los socios afectados, entre otros, su propia editorial. Ello me supuso una feroz crítica por parte del colectivo editorial, así como fuertes presiones desde la CISAC y el propio Ministerio (que hoy esconden la cabeza debajo del ala), contrarios a esta prudencia que hoy ha resultado providencial para evitar un mal mayor. Afortunadamente no me plegué a las mismas, como tampoco la Junta Directiva de entonces.
Claro que, visto lo que pretenden hoy el señor Menéndez Pidal y sus colegas...
La Pirámide del Faraón Onetti (y los ocho Mosqueteros...)
Para entender la situación actual hay que plantearse algunas cuestiones:
1– ¿Qué supone la sentencia en cuestión?
La sentencia en cuestión ordena rehacer el reparto de diciembre de 2017, ajustándolo a la normativa vigente antes del Laudo.
Ello supone que a aquellos socios que fueron perjudicados por dicho reparto se les debe hacer el abono correspondiente, así como que a los que fueron beneficiados deberá practicárseles el cargo oportuno por lo que cobraron de más.
2– ¿Ha cumplido Sgae la sentencia?
En realidad, no; o sólo parcialmente, para ser exactos.
En el primer reparto tras la sentencia, Sgae hizo, efectivamente, los abonos correspondientes, pero no así los cargos necesarios para ello. Los que cobraron de menos han recuperado su dinero, pero los que cobraron de más no lo han devuelto.
2– ¿Con qué dinero se han hecho entonces los abonos a aquellos socios que cobraron de menos?
Según hemos sabido, el propio Director Financiero de Sgae, señor Rafael Parada, confirmó, a la pregunta de un miembro de la Junta Directiva, que los abonos se hicieron con cargo a fondos propios de la entidad, es decir, con dinero de la caja, de forma que sería la Sgae y por ello todos sus socios, quienes habrían asumido la deuda de aquellos socios que cobraron de más, que conservarían ese dinero sin devolverlo. Ello supone un claro incumplimiento de la sentencia judicial y un pago que podría considerarse como resultado de una posible administración desleal, en beneficio de determinados socios (entre los que se incluyen algunos miembros de la propia Junta Directiva) y en evidente perjuicio de la entidad y los socios en general.
3– ¿De qué se componen estos fondos propios de la entidad?
Principalmente se componen del llamado descuento de administración (además de otros ingresos menores, como los financieros y otras partidas de menor cuantía), es decir, de ese porcentaje de la recaudación que la Sgae detrae de las liquidaciones para hacer frente a los costes de gestión. Lo que es evidente es que, en ningún caso, dichos costes de gestión incluyen hacerse cargo de la deuda de unos socios que cobraron de más (según establece la sentencia judicial con claridad meridiana).
Pero es que, además, no queda muy claro que dichos fondos propios alcancen para tal dislate, toda vez que están marcados por un presupuesto de costes a los que debe atenderse y que no cuentan (o no deberían, al menos) con un margen suficiente para asumir este "atípico" arbitrario e injustificable.
Por ello, no deben confundirse (por más que se empeñe el señor Parada) dichos fondos propios con la caja de la entidad, que se nutre principalmente de los derechos pendientes de reparto, así como aquellos pendientes de identificación (que deben, en su caso, custodiarse hasta que se produzca la identificación que permita su abono a los titulares o el cumplimiento del plazo de prescripción de no lograrse ésta; lo que no es permisible, obviamente, es utilizarlos para el fin mencionado por el financiero).
Me da la impresión de que los junteros que formularon esta pregunta no contemplaron esta distinción, dando al señor Parada un balón de oxígeno dialéctico que yo no le hubiera concedido. En todo caso, no parece probable que el director financiero haya perpetrado esta irregularidad sin las órdenes oportunas (lo que no lo exime de su propia responsabilidad, naturalmente).
Por otra parte, entiendo que esa salida de caja deberá tener un impacto en las cuentas de la sociedad y muy particularmente en su Patrimonio Neto, ya antes negativo, pero que con esta operación lo será aún más, lo que añadirá al perjuicio de los socios un inevitable aumento del descuento de administración (salvo que quieran añadir a la lista un incumplimiento de lo que los estatutos establecen en su artículo 95 para este supuesto).
La pregunta es:
¿Informó el señor Parada de todo ello a la Junta Directiva?
Será interesante, también, conocer lo que los auditores tengan que decir al respecto (aunque, supongo, intentarán despachar la cuestión con una mera salvedad, a todas luces insuficiente para calificar una salida de caja injustificable).
Co-responsables serán también los miembros de la a menudo tolerante Comisión de Supervisión (entre cuyas funciones de supervisión está la relativa a la aplicación del reglamento de reparto), que preside el señor Manuel Aguilar Figuero, que, entiendo, estarán puntualmente informados de la cuestión, sin que me conste reacción alguna por su parte. ¿Aprueba esta comisión este movimiento irregular de caja y el manifiesto incumplimiento de una sentencia firme?
4– ¿Quién asume la responsabilidad del incumplimiento de la sentencia y de una salida de caja irregular?
Como hemos dicho, no parece probable que el director financiero, autor material de los pagos vía abonos, sea también el autor intelectual de los mismos. De hecho, es el Director General, señor Restrepo, el responsable del reparto, según establece la norma estatutaria. Ocurre, sin embargo, que éste (con buen criterio y el debido rigor) se negó a aceptar la formula propuesta y exigía, como es lógico, que se hiciesen los cargos oportunos y ante la presión de algunos directivos (afectados por esta cuestión) delegó esta función en el Consejo de Dirección, que ha asumido la responsabilidad del incumplimiento (contra el criterio de los SSJJ de la casa e, incluso, contra la opinión expresa, según me dicen, del propio Ministerio).
Resulta particularmente grave que de dicho consejo formen parte algunos directivos que representan intereses contrarios al cumplimiento de la sentencia y a la realización de los cargos preceptivos, lo que supone un claro supuesto de conflicto de interés que la señora Beca, aunque "en funciones" ya responsable de la Secretaría General, no habría impedido, como sería su obligación. Dichos consejeros habrían participado de la decisión que les permitiría conservar el dinero que se les pagó de más, en perjuicio de la entidad y los socios a quienes, supuestamente al menos, representan y están obligados a defender. Ello, naturalmente, con la complicidad necesaria de aquellos otros consejeros partícipes de tamaña irregularidad, empezando por el señor Onetti, Presidente de la Sgae.
5– ¿De cuánto dinero hablamos?
Aquí tenemos otra cuestión que el director financiero, en un ejercicio de malabarismo contable, ha pretendido minimizar ante los crédulos junteros. Y es que habla de que serían alrededor de 8 millones de € los que habrían salido de la caja para asumir la deuda de los socios beneficiados (como si fuera poco, por cierto), escudándose en que el resto de lo abonado se cubrió con meros movimientos contables basados en la amortización de anticipos previos, por lo que no habría salida efectiva de caja más allá de esa cantidad. Obvia ante su generosa y confiada audiencia (poco versada, salvo honrosas excepciones tal vez, en tan árida materia) que lo que él califica como un movimiento contable sin relevancia patrimonial es en realidad (y él lo sabe, o debería saberlo) una patada hacia delante, ya que el anticipo cancelado no retornará a la caja social, sino que desaparecerá como por arte de magia, obligando a esa salida efectiva en un futuro.
Confieso que me hubiera divertido poder responder al financiero en su discurso...
Lo cierto, en todo caso, es que hablamos de una cantidad cercana a los 34 millones involucrados en este reparto y el coste de esta decisión irregular es muy elevado.
6– ¿Por qué hablamos de una Pirámide?
Es un símil que refleja con bastante aproximación lo que ocurre en las cuentas del señor Parada. Como hemos dicho, el dinero de la caja utilizado para los abonos realizados en el pasado mes de diciembre debe provenir necesariamente (al menos en gran parte) del pendiente de reparto.
Para aquellos que ignoran la metodología de la gestión, les explico que lo que Sgae recauda en un periodo no se reparte hasta el final del periodo siguiente (antiguamente eran periodos semestrales e ignoro cómo lo harán en el actual sistema de pagos trimestrales, aunque el principio será necesariamente el mismo). Ese dinero permanece por lo tanto unos meses en caja (generando ingresos financieros mediante una inversión prudente, que sí constituyen fondos propios de la entidad) hasta que son pagados a los titulares.
Si, como dicen que ha admitido el señor Parada, los ocho millones abonados hoy han salido de esa caja (a los que habrá añadir en un futuro esos anticipos desaparecidos como por arte de nuestro Houdini financiero de cabecera), sin hacer los cargos obligados, ello implica necesariamente que, llegado el momento de repartir, faltarán esos ocho millones, pero...
¡No hay problema! ¡Los tomaremos del pendiente de reparto posterior, que ya tendremos en caja!
Y así sine die...
Esto claro, hasta que falle un usuario y no haya con qué alimentar la pirámide y los socios se queden sin cobrar porque algunos decidieron (con su voto interesado en un consejo) que no devolverían el dinero que un día cobraron de mas, merced a la permisividad del señor Onetti y a los manejos contables del señor Parada.
7– ¿Qué dicen los juristas de la casa?
Como ya hemos dicho, la directora de los Servicíos Juricos apoyó el criterio del Director General, dejando claro que el cumplimiento de la sentencia era ineludible, para gran contrariedad de un colectivo editorial que negaba la mayor.
El presidente Onetti, siempre sensible al sentir de sus mentores, optó por proponer un informe externo, con la esperanza de poder satisfacer las exigencias editoriales, aplazando los cargos obligados a un reparto posterior.
El primer informe casi lo consigue, excepto por el hecho de que el jurista que lo redactó desconocía el carácter firme de la sentencia. Parece ser que nadie le informó de ello y cuando lo supo tuvo que desdecirse (uno se pregunta si había hecho su informe sin leer la sentencia).
El segundo no deja lugar a dudas y advierte incluso de posibles delitos y penas de hasta cinco años.
Inasequible al desaliento, Onetti encargó un tercer informe, pero éste tampoco le sirvió. El abogado Fernando Carbajo argumenta un conflicto de intereses y se quita el marrón de encima.
Conclusión: llega el reparto de marzo y no hay informe que avale el no hacer los cargos necesarios. Onetti no se rinde. No puede fallar a sus mentores (so pena de seguir el camino de un Restrepo ya en el punto de mira). Decide posponer la decisión a un nuevo informe y el reparto de marzo se hace sin cargos. La irregularidad está ya consumada.
8– Las consecuencias de la batalla...
Finalmente, la Junta Directiva cesará al Director General (en una sesión ordinaria, presumiblemente mañana viernes, para redondear el desprósito). Restrepo seguirá el camino de Soria y Ezpondaburu, que pagaron también su oposición a otras irregularidades con fulminantes despidos. Lo llaman un despido amistoso (?)
La elegida para sustituirle es Cristina Perpiñá, que ya fuera directora de los SSJJ, muy afín a los editores y a Pablo Hernández y que, de aceptar, ya sabe lo que se espera de ella. Tendrá, además, que defender las cuentas en la próxima Asamblea General.
Marta Beca deja los SSJJ para ocupar, ya oficialmente, la Secretaría General y se quita el marrón a cambio de un blindaje edulcorado (un incremento del 50% de su indemnización en caso de cese, con una antigüedad de 24 años no es moco de pavo).
Sgae seguirá sin hacer cargos, en una filigrana piramidal que ya hemos comentado.
Un futuro incierto... (o, lamentablemente, quizás no tanto)
El problema más inquietante, es que hay otros repartos sub judice, que es muy posible que den lugar a rehacer otros tantos repartos en un futuro cercano. Ello incrementará la cifra de esa pirámide diseñada por nuestros gestores.
Pero todo está previsto, no teman. Se venden algunos inmuebles para cubrir la deuda de los privilegiados y a tirar un par de años.
Y cuando se acabe la pasta, se cierra el chiringo y a correr como una SEDA...
¡Muerto el perro, se acabó la rabia!
No sé si los socios intentarán poner orden en la próxima Asamblea, pero puede ser el último cartucho para impedir que desguacen su casa.
Entre tanto, sólo puedo decir, como los galenos de antaño, aquello de....
¡No me gusta nada el color de la orina del enfermo!
José Miguel Fernández Sastrón
(jueves, 13 de abril de 2023)
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