Nada hay tan veloz como la calumnia; ninguna cosa más fácil de lanzar, más fácil de aceptar, ni más rápida en extenderse.
(Cicerón)
Durante los últimos años, la Sgae se ha visto señalada por un asunto que ha protagonizado la actualidad informativa y que ha estigmatizado, durante más de ocho años, a un colectivo autoral que se vio vapuleado e indefenso ante una condena mediática que la opinión pública asumió como un hecho incontestable. ¡Se hablaba de una Trama Criminal que habría defraudado entre los años 2006 y 2011 más de cien millones de euros! Todos se llevaban las manos a la cabeza ante un nuevo escándalo protagonizado por la Sgae, que, tras el caso SAGA, daba nuevas muestras de una corrupción galopante y desenfrenada.
Como ya sabemos, el caso SAGA, se cerró con la absolución de todos los acusados, tras un proceso que duró más de diez años. Resulta, ya ven ustedes, que Teddy Bautista, quien durante todos esos años fuera el malvado Señor de la Sgae y cabeza de una trama criminal que se habría apropiado de más de cuatrocientos millones de euros, era inocente de delito alguno (la cifra, eso sí, fue disminuyendo durante el proceso hasta poco más de treinta millones, antes de llegar a la conclusión de que era todo una farsa orquestada en perjuicio del derecho de autor y en beneficio de quienes sostuvieron la denuncia desde unos medios que obtuvieron también con ello una sustanciosa rebaja en la factura que, como usuarios del repertorio, debían abonar a una entidad deliberadamente desprestigiada y debilitada, todo ello con la cobarde anuencia de muchos de entre sus propios socios (al grito de ¡Vivan las cadenas!) y de unos nuevos gestores aupados al poder tras el escándalo, en una supuesta "Nueva Sgae" que entonaba el mea culpa y se rasgaba las vestiduras. Entre ellos, unas multinacionales que se hicieron entonces (y, tras un breve paréntesis, aún hoy mantienen) con el control de una Sgae ya indisimuladamente al servicio de sus intereses y que fueron muy proactivas en la descalificación y "linchamiento" del encausado, quien, casualidades de la vida, contaba entre sus "pecados" el haber iniciado, precisamente poco antes de caer en desgracia, unas auditorías sobre las prácticas y posibles irregularidades de estas en relación con los contratos editoriales.
Eso sí, Teddy tuvo que esperar más de diez años, tras haber sido cesado en su cargo, sin derecho a indemnización alguna y con sus ingresos y su patrimonio embargados, viéndose obligado a vivir de la solidaridad de familia y amigos mientras era insultado y vilipendiado por una opinión publica (y sobre todo "publicada") que pedía su cabeza y celebraba su caída al averno.
Otra víctima de esta farsa fue Ramón J. Marquez (Ramoncín), cuya carrera fue destrozada (sin que su absolución y demostrada inocencia conllevase tampoco reparación alguna) y cuyo "pecado" fue poner la cara (que le partieron después sus propios compañeros en un deleznable e insensato oportunismo) frente a una piratería galopante que financió el desarrollo del actual e injusto (más para unos que para otros) mercado online actual del streaming músical (al que dedicaremos otro artículo más adelante, pues tiene también lo suyo) y que fue también acusado y defenestrado por unos medios de comunicación que esgrimían eso de "no poner puertas al campo"... Los mismos medios, ya ven ustedes, que hoy exigen una suscripción para leer sus contenidos online o, a cambio de no cobrarla, una cesión tan ilimitada como ilegítima de nuestros datos personales (es decir, una "licencia para espiar" ) para acceder a ellos de forma gratuita. Sus campos están bien cerrados, sin que ello parezca suponer riesgo o alarma alguna para el legislador que tanto se esforzó en abrir las compuertas del derecho de los autores...
A causa de todo ello, los autores perdimos más de cien millones anuales de recaudación, y la morosidad de los usuarios, que aprovecharon la circunstancia, con la complicidad de un ministerio (de uno u otro color) que se apuntó sin más al linchamiento y se esforzó en legislar contra los supuestos abusos de esa Sgae voraz y corrupta, se hizo, no sólo crónica, sino incluso justificada ante esa realidad incontestable, con aquello de que quien roba a un ladrón...
Si algo quedó claro (o debería haber quedado claro, más bien) es que los denunciantes de entonces buscaban defenestrar a una entidad que había mostrado su eficacia recaudadora, su implacabilidad frente a la morosidad y su rigor, obteniendo con ello unos pingües beneficios a base de rebajas tarifarias, devaluación de derechos como la compensación por copia privada y demás secuelas del proceso de acoso y derribo a la gestión colectiva. Y no sólo eso, ya que, además, la supuesta (y hoy ya desestimada) trama criminal de corrupción de la Sgae sirvió como fundamento, estímulo y ejemplo para la revisión de la legislación sobre la gestión colectiva en sí misma, sirviendo de argumento para debilitarla y devaluar los derechos de los autores, hoy menos protegidos de lo que lo estaban en tiempos del denostado Teddy Bautista (que era, en definitiva, de lo que se trataba).
Ya decía Samuel Johnson que "hay una terrible circunstancia que distingue a la calumnia de otros daños: el que la inflige no puede nunca repararla".
El mal ya estaba hecho y los objetivos cumplidos con creces...
¡TODOS CONTRA LA RUEDA!
Hoy, nuevamente, volvemos a asistir a otra demostración de cómo intentar usar la justicia como herramienta para favorecer intereses particulares, así como de la fragilidad de un colectivo autoral que, lejos de haber aprendido nada, se vio de nuevo manipulado y conducido a la propia ruina por aquellos que, una vez más, crearon una trama, tan ficticia como oportuna, que les permitiese acrecentar sus beneficios a costa de los ingenuos autores (y de los pequeños editores independientes también, aunque estos sólo lo han visto a la postre), que en una buena parte, volvieron a ese ¡vivan las cadenas! y aplaudían con entusiasmo mientras eran esquilmados, ya sin pudor alguno, por quienes manejaban los tiempos y el relato diseñado a tal fin y que han visto acrecentadas sus liquidaciones en más de un 40% a causa de las reformas reglamentarias arbitrarias que se pusieron en marcha con el fin, decían, de evitar ese presunto fraude que hoy se ha demostrado inexistente. Y no sólo a costa de los autores musicales, no crean, sino también de los dramáticos y audiovisuales, a quienes captaron para su "cruzada" y que han visto con el tiempo como sus liquidaciones caían estrepitosamente también (en el caso de los audiovisuales, el éxodo hacia DAMA ha dejado su presencia en Sgae en casi testimonial) mientras aumentaban de forma imparable las de sus pretendidos aliados multinacionales.
¿Qué dice Sgae ahora?
Uno pensaría que, tras este archivo de la causa, Sgae mostraría inmediatamente su satisfacción por el hecho de haber quedado demostrado que no hubo práctica ilícita alguna en su seno y que las acusaciones vertidas carecían de fundamento. Del mismo modo, esperaría también que los medios de comunicacón se aplicaran con igual celo y rigor a informar de esta circunstancia, como lo hicieron durante años ante las sospechas introducidas por denunciantes cuya falta de fundamento quedará impune, pese al daño causado. Pero, lejos de ello, asistimos perplejos a su silencio, hasta que la entidad, que no parecía urgida a pronunciarse al respecto, hiciese, al cabo de algunos días, una nota de prensa recogida entusiásticamente por la mayoría de estos.
En las crónicas vemos cómo se repiten unos argumentos que, si no fueran patéticos, podrían resultar hasta cómicos. Así, por ejemplo, repiten disciplinadamente el término “archivo provisional” (obviando que es la terminología judicial habitual en estos casos, sin que esta “provisionalidad” suponga detrimento alguno en la conclusión de que su archivo obedece al hecho de que no se ha encontrado delito alguno). Igualmente repiten con entusiasmo aquello de que "no existen indicios suficientes que acrediten que los investigados han incurrido en las conductas constitutivas de los delitos penales que le son imputados", como si quisieran dar a entender que los delincuentes, ya condenados mediáticamente, se hubieran escapado por alguna torpeza procesal, o por algún ardid o picaresca, de la condena judicial. También omiten el hecho de que "el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones al amparo de lo dispuesto en el artículo 779.1.1a en relación con el artículo 641.1o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito objeto de la causa", tal y como expone el auto.
Otros subrayan, en un último intento de sembrar la duda, seguramente, que “la Audiencia cierra sin juzgar el caso Rueda”, lo que parece insinuar que se ha cerrado sin practicar las diligencias necesarias, obviando que, precisamente, es el hecho de que la Instrucción (¡que ha durado más de seis años!) no haya encontrado indicios que permitan acusar a los investigados lo que ha hecho improcedente someterlos a juicio, lo que supone todo lo contrario a lo que pretenden deslizar ante la opinión pública. Porque, no es que los imputados hayan sido absueltos, sino que ni siquiera han llegado a ser juzgados ante la falta de indicios que lo hicieran oportuno.
Convendría recordarles que acusar es gratis y que es la acusación quien debe demostrar que se ha producido un delito y no el acusado quien tiene que demostrar su inocencia ante una acusación infundada. Lo que habría que preguntarse es si los denunciantes no habrían incurrido en alguna responsabilidad por haber iniciado un proceso sin fundamento alguno, causando un grave perjuicio a los acusados injustamente y a la propia entidad (más aún cuando el tiempo ha demostrado que estas denuncias han beneficiado generosamente a algunos).
En definitiva, parece ser que aquellos que se permitieron pasarse por el forro la “presunción de inocencia” cuando se instruía el proceso fallido, hoy se lucen de nuevo para cuestionar lo que ya es una “confirmación de inocencia”.
Permítanme por último referirme, dado que en sus crónicas me mencionan tenazmente, a mi caso particular, ya que en la mayoría de las ocasiones se me ha venido señalando como parte de esa presunta trama criminal hoy desmontada y vuelvo a aparecer en las crónicas actuales que anuncian su archivo. A mí se me investigaba por un presunto delito de administración desleal por “escéptico”, ni siquiera por una participación directa en la supuesta trama como beneficiario de la misma (algo que omitían interesadamente). De hecho, no estuve afectado por diligencia alguna desde mi declaración en octubre de 2018, pese a lo cual, se me mantuvo como investigado para satisfacción de algunos a los que, seguramente, había resultado incómodo y celebraban una situación que me ha perjudicado enormemente, tanto personal como profesionalmente. Y, si bien resultaba algo sorprendente que me acusaran como presidente de la Sgae, cuando no lo era en el periodo que se sometía a investigación y no tenía por lo tanto responsabilidad mayor en la administración de la entidad que otros consejeros que se mostraron igualmente "escépticos" (ese era el término empleado por la acusación, que consideraba muy sospechoso el que dudase de los hechos denunciados, algo en lo que, a la postre, me ha dado la razón la propia Audiencia), sin ser imputados por ello, más ridículos aún resultaban los hechos que me atribuían como reveladores de mi complicidad con dicha supuesta trama y que iban, desde que había sido acusado por los denunciantes, hasta que había sido señalado por los medios de comunicación en varios artículos, subrayando que “los declarantes, entre quienes destaca el que fue Presidente de la SGAE, Antón REIXA RODRIGUEZ, confirman la veracidad de la información”, sin considerar que el señor Reixa, que en declaraciones posteriores, por cierto, se desdijo de sus primeras palabras, especialmente respecto de la participación de Antena 3 en la supuesta trama corrupta (con la que negociaba por entonces como productor audiovisual) era un adversario político que acababa de ser acusado de presuntas irregularidades y defenestrado por sus otrora partidarios, entre ellos el actual presidente de Sgae, señor Onetti, y no me tenía en mucha estima que se diga.
Onetti se reivindica...
Lo mejor de esa nota de prensa de Sgae, que, como he dicho, reflejan con entusiasmo los medios de comunicación, que parecen decididos a “Sostenella y no enmendalla”, es su proclama final, cuando dice, y cito textualmente: "La recaudación de derechos televisivos en la franja nocturna llegó a suponer el 50% de los ingresos de toda la parrilla. La ley de propiedad intelectual lo limitó al 20% y la propia SGAE lo rebajó en 2022 al 15%, un cambio impulsado bajo la presidencia de Antonio Onetti".
Ya lo ven, según parece sugerir el presidente Onetti, los malos se han librado del castigo merecido, pero, gracias a Dios, él está ahí para velar por la justicia, la transparencia y el rigor en la Sgae. Gracias a él, que impulsó la lucha contra la corrupción, esa trama criminal pudo ser vencida con sus medidas valerosas y necesarias. Claro que el que dichas medidas (desautorizadas también por un juez por arbitrarias e injustificables) hayan beneficiado a repertorios multinacionales que han visto incrementados sus beneficios en un 40% le ha permitido contar con el apoyo de sus mentores en su nombramiento y mantenimiento en el cargo.
Lo que no dice, naturalmente, es que, a día de hoy, los que sí están investigados judicialmente por una presunta administración desleal en relación con unas facturas falsas y una falsificación de votos asamblearios durante los últimos años (que ha sido comprobada y documentada judicialmente y que afectaría también a las propias elecciones que le auparon al poder) son él mismo y otros altos directivos de la entidad. Todo ello ante una próxima asamblea en la que pretende imponer nuevas medidas arbitrarias y de dudosa legalidad (especialmente en la asignación de votos en el colegio de pequeño derecho, que no controla) de cara a unas elecciones previstas para este mismo año.
Lo que tendría que hacer el señor Onetti, si tuviera un mínimo de dignidad, es no cuestionar las decisiones judiciales, aceptar que ha estado haciendo el ridículo y dimitir como presidente ante tan grave imputación, que afecta, no sólo a su credibilidad, sino a la de toda la actual Junta Directiva que lo mantiene en el cargo.
Y a todo esto, el Ministerio, tan celoso antaño, que aprovechó de forma insólita un “Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda” para asegurar la presencia perenne de las Editoriales Multinacionales en los órganos de dirección de la entidad (ya me dirán cómo se come eso), que son las principales beneficiarias de la denuncia hoy desmontada y de sus secuelas reglamentarias internas en materia de reparto --y así será mientras siga manejando clandestinamente el timón de la Sgae el señor Pablo Hernández, con el que despachan sin rubor algunos altos directivos y marca el rumbo de la casa sin título alguno para ello) no dice ni esta boca es mía...
José Miguel Fernández Sastrón
(3 de mayo de 2024)
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